(Adrián Escandar)
(Adrián Escandar)

A la espera de un fallo de la Corte Suprema que ratifique el Decreto 70/2017 que promueve una nueva política de expulsión de extranjeros que delinquen, el Gobierno avanza en estos días en negociaciones con diferentes fuerzas políticas en el Congreso para aprobar antes de fin de año un proyecto de ley que crea un fuero migratorio para acelerar las causas judiciales donde hay casos de inmigrantes que hayan cometido delitos y estén en condiciones de ser deportados de la Argentina.

La intención del presidente Mauricio Macri es "modernizar la estructura jurídica del país en materia migratoria", según explicó ante Infobae un encumbrado funcionario de la Casa Rosada que trabaja en el proyecto de ley de creación del fuero migratorio.

Según se supo, en los últimos días tanto los senadores Federico Pinedo como los funcionarios del Gobierno que dependen del ministro del Interior Rogelio Frigerio entablaron conversaciones con senadores de la oposición entre los que se encuentra el jefe de la bancada peronista Miguel Pichetto, referentes del massismo y de partidos provinciales para consensuar una norma en común.

La idea de Macri es que, una vez que se apruebe el proyecto de ley de presupuesto, el Congreso se dedique a trabajar hasta fin de año en temas en los que el Gobierno entiende que hay consenso entre los legisladores de la oposición, como es esta problemática de los inmigrantes que cometen delitos.

En el borrador del proyecto de ley de la Casa Rosada que circuló en estos días en el Senado figura, entre otras cosas, la creación de cuatro juzgados migratorios y una Cámara Federal para revisar los casos de primera instancia.

De esta forma se agilizarían todas las causas que hay en el país relacionadas con inmigrantes que cometieron delitos o tienen condenas y están en condiciones de ser expulsados automáticamente del país, pero como los juzgados normales no avanzan en los casos, se demoran las resoluciones.

Desde la Dirección de Migraciones que dirige Horacio García partió el borrador de un proyecto de ley para crear la figura de un fuero migratorio dedicado exclusivamente a atender los casos de inmigrantes que cometen delitos y estén en condiciones de ser expulsados del país.

"Con dos jueces en la Ciudad de Buenos Aires, dos en la provincia y un par más en el interior del país que se dediquen exclusivamente al fuero migratorio agilizaríamos mucho más las expulsiones y se corregiría el sistema", dijo a Infobae un funcionario del Ministerio del Interior.

La expulsión de extranjeros acusados de delitos creció exponencialmente en los últimos tres años. Según cifras oficiales, en los últimos tres años la Argentina deportó a 1.300 extranjeros que tenían condenas o fueron detenidos por cometer delitos. No solo ello: el Gobierno estima que hay 1.000 inmigrantes más que tienen causas judiciales, están condenados y en condiciones de ser expulsados hoy si los juzgados aceleraran los trámites.

En este sentido, desde el oficialismo creen que hay "amplio margen político de apoyo" de un gran sector del peronismo, el bloque Frente Renovador y algunos partidos provinciales para avalar este proyecto de ley de creación de un fuero migratorio.

En la Casa Rosada detallaron que en muchos juzgados del Conurbano, la Ciudad de Buenos Aires o provincias del Norte como Salta, Jujuy y Formosa se acumulan muchas causas relacionadas con inmigrantes que tienen condenas porque los magistrados deben atender otros casos.

A la vez, en el Gobierno se espera que la Corte falle en favor de Macri en un caso colectivo de presunta inconstitucionalidad del Decreto 70/2017 presentado por el CELS que cuestionó esa resolución presidencial sobre política migratoria.

Hacia el futuro, si el proyecto de fuero migratorio avanza en el Congreso, desde el Gobierno se evalúa crear una policía migratoria como existe en Estados Unidos y en muchos países europeos para atender y perseguir a los casos específicos de inmigrantes ilegales o las mafias de contrabandistas de visas y extranjeros ilegales. Esta Policía buscaría perseguir las mafias de inmigrantes ilegales e investigar casos de tráfico de personas.

Seguí leyendo: