Lázaro Báez, el principal acusado en el juicio que comenzará a fin de mes (Infobae)
Lázaro Báez, el principal acusado en el juicio que comenzará a fin de mes (Infobae)

Cuatro acusados en el caso de la llamada "ruta del dinero K" pidieron evitar el juicio oral por lavado de dinero y hacer tareas comunitarias y pagar un multa. Pero el presidente del Tribunal Oral que llevará adelante el proceso -en el que será juzgado el empresario detenido Lázaro Báez a partir del 30 de octubre- rechazó los planteos.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el juez Néstor Costabel no hizo lugar al pedido de suspender el juicio de Daniel Bryn, Sebastián Pérez Gadín, Juan Pisano Costa y Walter Zanzot. Los cuatro están vinculados a alguna de las maniobras de lavado que se analizarán en el juicio. Pérez Gadín -hijo del contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, que también está preso- y Zanzot aparecen en el video en el que se cuentan cinco millones de dólares en la financiera S.G.I.

Las defensas de los cuatro acusados señalaron que no tienen antecedentes penales, que la imputación en su contra lleva a una eventual condena en suspenso y que su participación en los hechos fue en roles menores. Por eso pidieron evitar el juicio y en su lugar hacer tareas comunitarias -ofrecieron realizarlas en "Caritas", la asociación "Miguel Bru" y en una parroquia de Pilar- y pagar multas que van de los 35 mil a los 300 mil pesos.

Pero tanto el fiscal del juicio, Abel Córdoba, como las querellas de la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se opusieron.

El fiscal Abel Córdoba
El fiscal Abel Córdoba

Señalaron que el caso era una maniobra de lavado de dinero compleja que debía juzgarse con todos sus acusados y que los montos de multa que ofrecían eran escasos frente a las millonarias sumas de dinero que se habrían lavado.

El juez Costabel coincidió con esos criterios. Sostuvo que se trata de un "proceso penal de inusitada complejidad y magnitud, en el que se ventilan importantes maniobras presuntamente perpetradas por un numeroso grupo de imputados –veinticinco- a través de sospechadas estructuras organizadas, entramados empresariales y financieros, circunstancias que guardan íntima vinculación con los hechos que en concreto forman la imputación que se les atribuye a cada uno de los aquí enjuiciados".

Y, entre otros argumentos de una resolución de 27 carillas, agregó que los montos que los acusados ofrecieron como multa "no se condicen con las operaciones que les fueran achacadas".

El próximo 30 de octubre comenzará el juicio oral a Báez y otros 24 acusados, entre ellos sus cuatro hijos –Martín, Leandro, Luciana y Melina-, el arrepentido Leonardo Fariña, el financista Federico Elaskar -dueño de S.G.I.-, el empresario Juan Carlos Molinari, y el abogado Jorge Chueco. Báez, Peréz Gadín y Chueco están presos en la cárcel de Ezeiza.

El juez Néstor Costabel (Adrián Escandar)
El juez Néstor Costabel (Adrián Escandar)

La acusación es por lavado de dinero de 5.100.000 de dólares con los que Pérez Gadín, Martín Báez y otros acusados fueron grabados en la financiera S.G.I, de Federico Elaskar, y por el reingreso al país de 32.800.000 de dólares en títulos de la deuda pública a la empresa "Austral Construcciones", de Lázaro Báez. Además, se juzgarán la compra de un campo en Mendoza, un departamento en la Avenida del Libertador, autos –Porsche, Mini Cooper, Ferrari, BMW, Audi-, y el pago de la fiesta de casamiento de Fariña y la modelo Karina Jelinek, entre otras maniobras. La hipótesis es que se trató de dinero que Báez recibió para la obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

El caso estará a cargo de los jueces del Tribunal Oral Federal 4 Costabel, Gabriela López Iñiguez y Adriana Pallotti, quienes tendrán que analizar si le reducen a Fariña una eventual condena por sus aportes como arrepentido.

En este caso también está imputada la ex presidente Cristina Kirchner, quien fue indagada el mes pasado por el juez federal Sebastián Casanello por orden de la Cámara Federal. Si la ex mandataria es procesada y la acusación avanza, será juzgada en otro juicio oral.