El juez federal Claudio Bonadio
El juez federal Claudio Bonadio

La causa de los cuadernos de la corrupción se reactivará mañana con nuevas indagatorias para empresarios, como Marcelo Mindlin (de Pampa Energía), pero la Cámara Federal comenzó a escuchar las apelaciones de las defensas de los primeros procesados en la causa. Y este martes un ex funcionario del Ministerio de Planificación, que está preso desde hace dos meses y medio, reclamó que se anule el fallo del juez Claudio Bonadio porque las confesiones de los "arrepentidos" no fueron filmadas y no pueden ser usadas en un futuro juicio oral.

El ex funcionario también pidió ante la Cámara Federal investigar las llamadas de los funcionarios judiciales con el ministro de Justicia Germán Garavano y los principales personales de la Casa Rosada, por sospechar la injerencia del Gobierno en esta investigación.

El planteo lo hizo la defensa de Rafael Llorens, el armador jurídico del Ministerio de Planificación que quedó procesado como integrante de la asociación ilícita que, según Bonadio, lideró la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex ministro Julio De Vido. Llorens viene encabezando los planteos más duros contra la investigación y los acuerdos a los que llegó el fiscal Carlos Stornelli.

La semana pasada denunció ante la Cámara Federal el uso inconstitucional de la ley del arrepentido, algo que los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi deben resolver. Y ahora, en una nueva audiencia ante Bertuzzi, el abogado defensor Mariano Silvestroni mostró "estos cuatro papelitos, las fotocopias de las fotocopias de los cuadernos de Oscar Centeno", mencionando a Llorens. Reclamó que se revoque el procesamiento de su cliente por entender que hubo "una prueba perversa", que impide ser peritada, y aseguró que "el fiscal permitió que bajo sus narices desapareciera".

Rafael Llorens, ex funcionario del Ministerio de Planificación
Rafael Llorens, ex funcionario del Ministerio de Planificación

Pero lo novedoso de su planteo es que sostuvo que el fallo debe considerarse nulo porque la fiscalía no cumplió con el artículo 6 de la ley del arrepentido  que obliga a "registrar con medios idóneos" las confesiones de los imputados-colaboradores para "garantizar su evaluación posterior". "Stornelli deliberadamente decidió no grabar la declaración de arrepentidos. Esa oscuridad es la que nos está privando de poder ejercer el derecho de defensa como corresponde. A punto tal que por estos 'cuatro papelitos' que no voy a poder refutar nunca, mi cliente está preso", aseguró el abogado Silvestroni.

Según dijo, "si se cumplía con la ley, se ponía en riesgo la principal prueba de cargo. Y respecto de las personas que están agarradas con alfileres, como es el caso de Llorens, la registración hubiese impedido imputarlos y detenerlos. Hubiese sido letal para la estrategia de la fiscalía. Porque estas personas que están agarradas con alfileres en esta causa, son las personas más vulnerables, a las que se puede extorsionar y presionar para que se sumen al libreto de Centeno",  opinó el abogado en la audiencia que presenció Bertuzzi.

A su criterio, no haber cumplido con el artículo 6 de la ley del arrepentido fue el principal acto de "obstaculización" de la investigación "y lo vamos a pagar caro todos".  "Ustedes -dijo ante la Cámara Federal- van a tener que resolver sobre una decisión de mérito que va a abrir las puertas de un juicio oral. En ese juicio oral vamos a necesitar escuchar esos registros que no existen. Si los registros no existen, no se puede llegar a juicio oral porque el procesamiento es nulo".

La defensa planteó además sus dudas sobre la influencia de la Casa Rosada en la causa. Y por eso sugirió investigar las llamadas de los funcionarios judiciales con el ministro de Justicia Germán Garavano y otros personajes del Gobierno.

Por su parte, la defensa del empresario Juan Lascurain, detenido con arresto domiciliario por esta causa, se quejó porque, en el caso de su cliente, Bonadio transformó la palabra "paquete", que aparece en los cuadernos de Centeno, en la palabra "dinero" según consta en el fallo. "Si creemos en la literalidad de Centeno, no se por qué el juez se apartó de ello", dijo el defensor.

Alegó también que aunque a Lascurain se le atribuye un solo hecho, se lo incluyó como un miembro activo de la asociación ilícita. Y protestó porque aparecieron pruebas que estarían relacionadas en el caso Río Turbio, en donde su cliente también está procesado, y por el embargo que se le aplicó. Por último dijo que el juez citó a prestigiosos juristas "en los tramos que le conviene, ignorando que son abanderados de las libertades en el proceso, como si con el brillo intelectual se pudiera cubrir los baches en el proceso".