El fiscal federal de Córdoba Enrique Senestrari vuelve al centro de la escena. Desde el lunes, un equipo de la Procuración General realiza una auditoría en su fiscalía y en otras dependencias de la jurisdicción local.
La medida se realiza en respuesta a tres denuncias en contra del fiscal cordobés, en el marco de su desempeño en la causa de la financiera CBI Cordubensis.
Las denuncias fueron presentadas por el juez federal Ricardo Bustos Fierro (desplazado de la causa en 2015), por dos abogados defensores que le adjudican "falta de objetividad" a Senestrari, y por un ex empleado de la fiscalía, que ahora cambió de oficina.
Según informan medios locales, un grupo de agentes de la División Auditoría de la Procuración requisó el despacho de fiscal, mientras que otros se hicieron presentes en el Juzgado Federal N° 3 (donde hoy está la causa) y en el Tribunal Federal Oral N° 2.
Los agentes enviados por el procurador general, Eduardo Casal, buscan pruebas eventualmente relacionadas con las supuestas irregularidades adjudicadas al fiscal en la tramitación del expediente.
Los funcionarios trabajarán como mínimo hasta el próximo viernes. De encontrar algo, el fiscal Senestrari podría ser acusado de mal desempeño.
El próximo 5 de noviembre se iniciará el juicio por la ex financiera CBI, que en febrero cumplió cuatro años.
Dicha causa se inició con la muerte del vicepresidente de la financiera, Jorge Suau, que al dejar una carta, abrió la posibilidad de iniciar una investigación que involucró a importantes empresarios y políticos de Córdoba.
Según consignó el diario La Voz del Interior, en CBI se tomaba y se prestaba dinero y su dueño, Eduardo Rodrigo, además de los socios Aldo Hugo Ramírez, Julio César Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera y Oscar Américo Altamirano, conformaron una asociación ilícita para incurrir en esta y otras actividades ilegales.