Se enfría el proyecto de financiamiento político mientras la Justicia pide profundizar en las campañas 2015

Dos meses después de la presentación, a los tumbos por la escalada del caso de los aportes truchos en la campaña bonaerense del año pasado, el proyecto de ley de financiamiento de la política se enfría en Diputados y navega hacia el naufragio parlamentario, en las puertas de las elecciones presidenciales del 2019.

"Pareciera que no sale, nosotros ni siquiera tenemos el número", aseguró ayer por la tarde un alto secretario de Estado que trabajó en el proyecto enviado por la Casa Rosada al Congreso en la segunda quincena de julio.

"¿Van a buscar una alternativa?", preguntó este medio. "No la hay", respondió el funcionario, que conoce los detalles de la ingeniería financiera que llevó a Mauricio Macri a la Presidencia.

Según adujeron tanto desde el bloque del oficialismo de la Cámara baja como desde la Casa Rosada, el proyecto, que entre otros puntos impulsa la bancarización total de los aportes y la vuelta de las contribuciones empresarias a las campañas electorales -prohibidas en el 2009-, se encamina este año hacia el archivo, en buena medida por la apretada agenda parlamentaria.

Desde estos días y hasta noviembre, las negociaciones en Diputados estarán cooptadas exclusivamente por la discusión en torno al Presupuesto 2019. El año próximo, el tratamiento se pronostica inviable por la campaña electoral. Hasta ahora, hubo solo algunas reuniones de asesores para analizar el texto y las otras iniciativas en danza.

Lo cierto es que, más allá de los tiempos parlamentarios y del presupuesto, la crisis del programa económico de Macri dejó al proyecto de financiamiento en un segundísimo plano.

Aunque más allá de la insistencia del propio Presidente y de la gobernadora María Eugenia Vidal por impulsar la bancarización de los aportes de campaña cuando estalló el caso de los aportes truchos de Cambiemos, la iniciativa nunca figuró entre las prioridades de la Casa Rosada. Solo de un puñado menor de funcionarios. La excusa es que el PJ no quiere debatir el tema.

En ese sentido, la causa originada por los cuadernos del ex chofer de Roberto Baratta, que anteayer sumó más de 40 procesamientos dispuestos por el juez Claudio Bonadio -una treintena de empresarios, además de Cristina Kirchner y ex funcionarios-, hirió al proyecto oficial: la discusión en torno a la vuelta de los aportes de personas jurídicas se embrolló mucho más. Incluso dentro de Cambiemos.

Ayer, la Cámara Nacional Electoral ordenó a la jueza María Romilda Servini profundizar la investigación por irregularidades en el financiamiento de las campañas presidenciales del 2015 de Macri, Daniel Scioli, Sergio Massa y Alberto Rodríguez Saá.

A través de cuatro fallos firmados por los jueces Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera -la otra vacante en la cámara aún es analiza por la mesa judicial del Gobierno-, la Justicia electoral pidió avanzar en la investigación de anomalías detectadas por las auditorías contables, destinadas a conocer el origen y el destino de los fondos de campaña. Entre otras cuestiones, la existencia de gastos no declarados y la autenticidad de algunos aportes privados.

Aún a varios meses de la campaña del 2019, en Cambiemos todavía no se empezó a analizar cómo será la recaudación del año próximo, que según pudo saber este medio ya sobrevoló conversaciones entre la gobernadora María Eugenia Vidal y parte de su entorno más íntimo. Quién pasará la gorra y quiénes contribuirán es una gran incógnita.

Auguran, por lo pronto, una campaña austera. En el 2015, según fuentes inobjetables, Macri recaudó y gastó más de $1.500 millones.