La estafa comprobada al PAMI asciende a casi un millón de dólares. El número es menor en comparación al escándalo de la causa denominada "los cuadernos de las coimas K". Pero es el primer caso del país en el que se utilizó la figura del arrepentido para delitos de corrupción y está a punto de ser elevado a juicio oral.

Se trata de una extensa investigación que tiene más de 10 imputados y dos detenidos desde hace dos años y en la que se sospecha que se cometieron los delitos de asociación ilícita y defraudación contra el Estado de una banda familiar con base en Mendoza que se dedicaba a la comercialización de tiras reactivas e insulina que obtenían en forma irregular en nombre de afiliados del PAMI que, en los hechos, no consumían dichos productos.

La ley del arrepentido para casos de corrupción, a la que acogieron en estas semanas los principales empresarios de la Argentina en la mega investigación que tramitan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, fue aprobada en Diputados a fines de octubre del 2016. Ya se utilizaba para delitos de narcotráfico o terrorismo.

Poco más de un mes después, en diciembre del 2016, dos imputados se acogieron a la figura del arrepentido y desnudaron buena parte del modus operandi de la organización delictiva que estafó al PAMI. Uno de ellos era distribuidor de una droguería, y el encargado de entregar medicamentos a Córdoba y otras provincias. El otro era director técnico de una farmacia, también en Córdoba.

Según fuentes judiciales, el testimonio de los dos arrepentidos fue clave para la investigación que realizó Fernando Alcaraz, fiscal federal de Mendoza, en colaboración con la UFI-PAMI, a cargo de Javier Arzubi Calvo, que a fines de la semana pasada requirieron la elevación a juicio. Lo deberá definir Walter Bento, el juez de la causa, a cargo del juzgado federal 1 de Mendoza.

José y Jorge Godoy, padre e hijo, los cabecillas de la organización, cumplen los dos años de detención el próximo 13 de septiembre, por lo que, según las fuentes, el magistrado no tardaría demasiado en elevar a juicio la causa. El primer caso en el que se aplicó la ley del arrepentido después de su sanción.

Entre los imputados figuran además Rosmery Insúa y Nélida Resa, pareja y madre de José Godoy, respectivamente. Y Cristian Godoy, hermano de Jorge, entre otros.

Insúa trabajaba en la ANSES, confeccionaba recetas y habría aportado datos de terceros. José Godoy es contador: estaba a cargo de los números. Su hijo Jorge trabajó en diversas áreas del PAMI desde el 2009. Era uno de los cerebros de la maniobra. "Habría tenido conocimiento del procedimiento necesario para la autorización de las recetas y la liquidación de las mismas, como por ejemplo los datos que las mismas debían contener, médicos que podían figurar como firmantes, clínicas prestatarias o instituciones intermediarias de PAMI cuyos sellos deben obrar al dorso de las recetas, que era necesario obtener los números de los beneficiarios y conocer los códigos de autorización", escribió el juez en el procesamiento, a fines del 2016.

A Carlos Pallares García, uno de los arrepentidos que espera el juicio en libertad, cuando lo detuvieron en la localidad cordobesa de Río Cuarto le incautaron insulinas con troqueles apócrifos. En total hubo secuestros de una buena cantidad de autos y motos de alta gama. Los imputados habían alcanzado un elevado nivel de vida. Los jefes de la banda habían comprado dos farmacias y se aprestaban a abrir una tercera. El perjuicio alcanzó al PAMI, a afiliados, a los que les usaban la identidad y a médicos, a los que les falsicaban sus sellos. La falsificación alcanzó a troqueles de los productos médicos y a carnets de afiliados.

La investigación se originó cuando el propietario de una cadena de farmacias mendocina empezó a sospechar cuando una misma persona retiraba gran cantidad de insulina con datos de distintos afiliados.