Un legislador porteño presentó dos proyectos para excluir de las licitaciones de la Ciudad a las empresas que reconocieron el pago de coimas

El legislador porteño Leandro Santoro presentó dos proyectos de ley para que los empresarios y empresas que reconocieron haber pagado coimas ante la Justicia no puedan participar de las próximas licitaciones de la Ciudad de Buenos Aires. También, para que se investiguen las obras que ya realizaron en territorio porteño.

"Hay motivos suficientes para saber que si coimearon y abusaron de la confianza de los contribuyentes a nivel nacional pudieron haber hecho lo mismo en la Ciudad", sostuvo Santoro, de origen radical y ahora en las filas de Unidad Ciudadana, el partido de Critina Kirchner.

En medio de la investigación judicial por los cuadernos de las coimas K, una de las iniciativas presentadas por el legislador propone crear una  comisión Investigadora de la obra pública que estudie las licitaciones que obtuvieron los empresarios que en los últimos días se acogieron a la figura del arrepentido

"La constitución de una comisión investigadora es necesaria porque las empresas que trabajaron en la órbita nacional también trabajaron en la Ciudad y hay que investigar las obras que ya se hicieron", afirmó el diputado kirchnerista.

"Vamos a pedir que se traten la semana que viene, la ley de exclusión de empresas autoincriminadas y la constitución de una comisión investigadora para que se evalúe que ocurrió con las obras que hicieron aquellas empresas que asumieron corruptas", agregó en diálogo con la Revista Qué.

Según el proyecto, esa Comisión Especial Investigadora estaría compuesta por 15 integrantes: 1 representante de cada uno de los bloques de la Legislatura, 3 diputados correspondientes a la primera minoría y dos diputados correspondientes a la segunda minoría.

Entre sus funciones figura solicitar información y documentación, citar a funcionarios y empleados públicos, requerir asesoramiento técnico a organismos regionales e internacionales y denunciar al Poder Judicial todo hecho u omisión, surgido de la investigación, que pudiera constituir ilícito.

El proyecto también establece un plazo de 4 meses para finalizar las tareas, prorrogable a dos meses más, tras lo cual deberá presentarse un informe final de carácter público.

Mientras avanza la causa de los cuadernos K (en el que se narran pagos de coimas que se habrían realizado para ser beneficiados con adjudicaciones.) en los que están involucrados ex funcionarios y empresarios vinculados con la obra pública, el legislador porteño Leandro Santoro presentó un proyecto de ley para conformar una Comisión Investigadora de la obra pública que estudie las licitaciones que beneficiaron a las empresas de quienes ahora se muestran como arrepentidos,

En diálogo con Revista Qué, Santoro señaló que "hay motivos suficientes para saber que si coimearon y abusaron de la confianza de los contribuyentes a nivel nacional pudieron haber hecho lo mismo en la Ciudad".

"La constitución de una comisión investigadora es necesaria porque las empresas que laburaron en la órbita nacional también laburaron en la Ciudad y hay que investigar las obras que ya se hicieron", agregó el diputado K.

"Vamos a pedir que se traten la semana que viene, la ley de exclusión de empresas autoincriminadas y la constitución de una comisión investigadora para que se evalúe que ocurrió con las obras que hicieron aquellas empresas que asumieron corruptas", afirmó Santoro.

La Comisión Especial Investigadora estaría compuesta por 15 integrantes, elegidos de la siguiente forma: 1 representante de cada uno de los bloques de la Legislatura, 3 diputados correspondientes a la primera minoría y dos diputados correspondientes a la segunda minoría. Entre sus funciones figura solicitar información y documentación, citar a funcionarios y empleados públicos, requerir asesoramiento técnico a organismos regionales e internacionales y denunciar al Poder Judicial todo hecho u omisión, surgido de la investigación, que pudiera constituir ilícito. El plazo para la conclusión de sus tareas es de 4 meses, prorrogable a dos meses más, tras lo cual deberá presentarse un informe final de carácter público.

Tras mencionar a empresarios que declarararon como arrepentidos en la causa de los cuadernos,  Ángelo Calcaterra, Javier Sánchez Caballero, Carlos Wagner, Juan Carlos de Goycochea y Héctor Zabaleta, sostiene que "como puede apreciarse, los nombres de los funcionarios y/o empresarios, como así también las razones sociales de las empresas, se repiten. Consideramos de imperiosa necesidad investigar si nuestra ciudad ha sido víctima de dichas empresas y su afán de lucro, como así también si hubo responsabilidad de funcionarios, en cuanto pudiesen haber socavado las arcas públicas".

El proyecto completo: