La Corte Interamericana de Derechos Humanos intervendrá en un caso contra el Estado argentino relacionado con la detención ilegal y arbitraria del ex gobernador de Corrientes y ex intendente de la capital provincial, Raúl Rolando Romero Feris. Además, el proceso incluirá denuncias por las vulneraciones al debido proceso en las causas penales que se le siguieron al ex mandatario correntino.

El caso fue presentado a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque consideró que la Argentina no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo del caso hechas por el organismo de la Organización de Estados Americano.

Romero Feris estuvo detenido en prisión preventiva entre el 3 agosto de 1999 y el 11 de septiembre de 2002, es decir, durante tres años, un mes y ocho días. La ley vigente -conforme a lo establecido por los pactos internacionales en la materia suscriptos por nuestro país- establece que la prisión no puede exceder los dos años salvo determinadas excepciones, en las cuales se puede prorrogar por un año más.

El derrotero de Romero Feris por los tribunales comenzó en 1999 como consecuencia de una denuncia del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes, que lo acusó de supuestos malos manejos en su gestión como intendente de la capital provincial. A partir de esa presentación se abrieron más de cincuenta causas penales contra el ex intendente y ex gobernador. En forma llamativa, todas terminaron tramitando en el mismo juzgado bajo la alegación de que se trataba de expedientes conexos. Se trata del Juzgado de Instrucción Nro. 1 a cargo en ese momento de Mario Payes.

En un planteo de nulidad, la defensa de Romero Feris indicó que ese magistrado ocupó el noveno lugar en la tabla de puntuaciones del concurso para el cargo y fue designado juez pese a que existían ocho personas con puntajes más altos que él. Agregaron también los abogados de Romero Feris que antes de ser nombrado magistrado Payes era asesor del ministro secretario general de la Gobernación. Fue propuesto por el por entonces senador Hugo Perié, quien estaba a cargo del Poder Ejecutivo Provincial tras la destitución de Pedro Braillard Poccard. Este mismo senador -Perié- que propuso a Payes como juez es el que da el voto decisivo para el acuerdo que exige la Constitución de Corrientes.

Tanto la Asociación de Magistrados como el Colegio de Abogados se habían pronunciado en contra de la designación de Payes como juez. Aun así fue nombrado y fue el magistrado que intervino en todas las causas que se sustanciaron contra Romero Feris. Los defensores del ex mandatario correntino denunciaron el hecho como una maniobra para crear un tribunal especial encubierto y el primer paso de una persecución política a través de la vía penal.

La defensa del ex gobernador correntino denunció también a la Cámara en lo Criminal Nro. 2 y al Tribunal Superior de Justicia porque rechazaron los numerosos recursos que interpusieron.

Tras analizar el caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado argentino es responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de Raúl Romero Feris. En virtud de esas conclusiones realizó un informe con recomendaciones que la Argentina no cumplió por lo que presentó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ahora deberá resolver la cuestión.