La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó discutir el apartamiento de la fiscal federal Paloma Ochoa. Se trata de un pedido realizado por uno de los jueces que integran el tribunal, Juan Carlos Gemignani, por haber participado de una marcha del colectivo Ni Una Menos y por -según denunció- instrumentar un escrache en su contra.
El magistrado, además, sostuvo que por su militancia feminista no revestía la imparcialidad para actuar como fiscal de la causa. Ochoa, en tanto, acusó a Gemignani de privación ilegítima de la libertad por detener a una secretaria que se habría negado a cumplir su orden.
Los jueces Eduardo Riggi y Carlos Mahiques reconocieron la jurisprudencia de la Cámara que indica que no se puede apelar la recusación de fiscales, pero señalaron que en este caso debía hacerse una excepción por las graves denuncias efectuadas por su colega.
En ese sentido, ordenaron que la Cámara de Apelaciones analice la recusación de la fiscal Ochoa. Mientras que el juez Gustavo Hornos, presidente de la Sala, mantuvo la jurisprudencia de la Cámara y declaró inadmisible el planteo.
Hornos indicó que las objeciones a Ochoa deben ser analizadas teniendo en cuenta que el Ministerio Público Fiscal es parte en el proceso. Sostuvo que los fiscales deben ajustar su actuación a la ley pero que no están sujetos a exigencias de imparcialidad idénticas a las de los jueces. Señaló que los fiscales no deben ser imparciales sino ecuánimes y objetivos.
El magistrado recordó que el Ministerio Público Fiscal tiene unidad y jerarquía, y que no es posible el apartamiento de Ochoa por participar de una marcha masiva como lo es la convocatoria de Ni Una Menos.
En octubre de 2016 la fiscal federal Paloma Ochoa había pedido la indagatoria del juez Gemignani por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada, por haber ordenado en julio de ese año la detención de una secretaria de ese tribunal, por no realizar un inventario que le había solicitado el magistrado.
Ochoa le había solicitado al juez federal Rodolfo Canicoba Corral la indagatoria de Gemignani por la que consideró "una detención ilegal" en "una situación de abuso de poder en una relación desigual".
Durante la feria judicial de invierno de ese año Gemignani le había solicitado a la prosecretaria María Amelia Expucci que haga un inventario sobre unas cajas que estaban en la Sala I de Casación. Se trataba de plasmas y computadoras del plan "Argentina Conectada" del Ministerio de Planificación Federal.
La secretaria le dijo que para hacerlo debía esperar la presencia de otro juez del tribunal. Gemignani entendió esa respuesta como una desobediencia y le ordenó a dos policías que la detengan y presentó una denuncia penal contra la funcionaria.
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