El día después: la reacción de Mossack Fonseca y los clientes argentinos

Las revelaciones periodísticas de Panama Papers hace poco más de dos años sacudieron al mundo político, empresarial, deportivo y de las celebrities mundiales. Un hackeo gigantesco al corazón del negocio off shore con base en el Caribe, dejó al desnudo la operatoria montada por Mossack Fonseca en 21 jurisdicciones consideradas paraísos fiscales.

Después de más de 40 años de ofrecer servicios cuyo principal atractivo era el anonimato, la baja tributación fiscal y la discreción, el estudio panameño anunció el cierre de sus operaciones en marzo del 2017, y un año después, lo hizo en forma definitiva.

Las repercusiones de la investigación global llevaron a la caída de dos primeros ministros, promovieron normas para transparentar los registros de compañías en jurisdicciones offshore – como en los territorios marítimos del Reino Unido- y permitieron recuperar millones de dólares en impuestos evadidos.

A los 11,5 millones de documentos filtrados por una fuente anónima al diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) con sus miembros, de más cien medios de todo el mundo, se suman ahora otros 1,2 millones, que van desde principios de 2016 hasta fines de 2017. De Argentina, tuvieron acceso exclusivo Infobae, La Nación y Perfil.

Este nuevo capítulo de Panama Papers permite conocer qué pasó con la firma Mossack Fonseca tras las revelaciones de abril de 2016, y las reacciones de  sus clientes en todas partes del mundo, incluida la Argentina.

Beneficiarios desconocidos

En estos casi dos años, Mossack Fonseca intentó -contra reloj- ordenar sus papeles y ajustar sus controles antilavado respecto de los clientes a los cuales les gestionó sociedades en jurisdicciones consideradas opacas, sin las exigencias requeridas por la legislación para operar como agentes registrados. Y ante la resistencia de los clientes, optó por el mal menor: renunciar intempestivamente.

Mossack Fonseca se enteró por los Panama Papers que entre los beneficiarios a los que les vendió y registró sociedades había primeros ministros que buscaban ocultar sus inversiones personales, empresarios inescrupulosos o involucrados en negocios a espaldas del fisco, estrellas de fútbol que buscaban evadir el pago de impuestos por sus derechos de imagen, y políticos dispuestos a recibir dinero en forma ilegal.

Sin embargo la abogada del bufete, Guillermina Mc Donald, en una entrevista realizada el 12 de junio último por Boris Herrmann, del Süddeutsche Zeitung, y Sol Lauría, de Connectas, ambos parte del equipo de Panama Papers, aseguró que Mossack Fonseca "siempre" conoció la identidad de los beneficiarios finales de cada compañía que creó. "Y cada vez que la Fiscalía le ha solicitado información de cada sociedad, ellos han respondido. Porque esa sí es una obligación del panameño: el abogado sí tiene que saber. Aunque usted puede vender una sociedad a una persona y no ser responsable de lo que la persona hace con eso", sostuvo.

Uno de los mails filtrados en la nueva tanda de documentos indica lo contrario. Un informe interno enviado entre empleados revela que, para fines de mayo de 2016, Mossack tenía unas 28.500 sociedades activas. Pero solo conocía el beneficiario final del 28% y a los accionistas del 36% de las compañías.

Por las investigaciones abiertas en distintos países del mundo, el estudio debió responder a un cúmulo de requerimientos judiciales y de las Unidades de Inteligencia Financiera.

En tanto, la Procuraduría de la Nación de Panamá recibió decenas de pedidos de colaboración en las investigaciones abiertas en distintos países. Ante una solicitud del Süddeutsche Zeitung, el organismo informó que la cantidad de solicitudes de asistencia entre 2016 y lo que va del 2018, ascendieron a 73. De ese número, Argentina realizó 3 pedidos en 2016, y 8 en 2017. En ambos casos, fue el país que más pedidos realizó, después de Ecuador.

Qué pasó con los clientes argentinos

Mientras en Panamá, Mossack Fonseca intentaba hacer un control de daños, en la Argentina, sus clientes y sus intermediarios uruguayos cortaban todo vínculo con el estudio panameño y buscaban despegarse de sus operaciones offshore.

Uno de ellos fue Carlos Augusto Lo Turco, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Finanzas que hoy pasa al área de Legales del Banco Nación, por la fusión de esa cartera con la de Hacienda. El funcionario fue presidente y director de la empresa panameña Marbira SA, junto con Fernando Azzurro – uno de sus asesores jurídicos en la Secretaría- quien figuraba como director y secretario. Según informó el funcionario ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, "cada uno tenía el 50% de la sociedad".

Marbira SA fue registrada el 28 de diciembre del 2006 en Panamá y dada de baja en junio del 2009. Cuando el nombre de Lo Turco apareció en los Panama Papers, este abogado buscó demostrar que la firma estaba inactiva.

Un correo electrónico enviado por el estudio uruguayo que actuó de intermediario -Fides Capital- a Mossack Fonseca, el 8 de agosto de 2016, señalaba que los clientes argentinos de Marbira preguntaban "si es posible obtener alguna constancia de M&F de que la sociedad está inactiva /dada de baja del registro" y que "nunca operó". El bufete panameño confirmó en otro mail que, efectivamente, la compañía había sido dada de baja y envió la carta solicitada a Fides Capital, con fecha 15 de agosto de ese año.

Lo Turco envió este documento sobre Marbira SA a la Oficina Anticorrupción en Argentina, como complemento de la presentación de su declaración jurada patrimonial 2016, año que ingresó al entonces Ministerio de Hacienda.

Consultado por los periodistas del Consorcio, el funcionario explicó que "la firma fue creada para brindar una asesoría legal, vía un estudio mexicano, a una empresa de España que buscaba operar en Latinoamérica. Como condición, esta empresa exigía conformar una sociedad en el exterior para canalizar los honorarios y gastos. Pero finalmente el objeto para el que fue creada no se concretó, y no tuvo ningún tipo de actividad ni movimientos".

Los Ciccone

Los fundadores de la fábrica de hacer billetes, la familia Ciccone, también fueron clientes de Mossack Fonseca. En enero 2009 habían registrado en Panamá la sociedad Santa Fe Investments Worldwide SA, con acciones al portador. Como beneficiarios finales figuraraban Nicolás Ciccone, cofundador de la imprenta –hoy en juicio acusado por cohecho junto al ex vicepresidente Amado Boudou-, y sus dos sobrinas Silvia y Graciela, hijas de su hermano Héctor fallecido en 2012, también accionistas de la imprenta. Pablo Amato, yerno de Ciccone, aparecía como apoderado.

En diciembre 2015, al pasar las acciones a ser nominativas por el cambio de legislación en Panamá, Amato quedó como dueño del 50%, sin que surja de los archivos filtrados quien era el titular del otro 50%.

Según los nuevos documentos de Panama Papers, en marzo 2017, el Departamento de Cumplimiento de Mossack Fonseca reiteró su reclamo al estudio uruguayo de Carlos Casarotti por la información y documentos faltantes sobre los beneficiarios finales y accionistas de Santa Fe Investments, para completar el proceso de "debida diligencia" tal como exigen las normas que debe cumplir para operar como agente registrado en Panamá. El estudio debía completarlo al hacerse el cambio de acciones al portador a nominativas, a partir del 2 de enero 2016. Ya lo había solicitado anteriormente en tres oportunidades, sin respuesta.

En medio de ese reclamo, Casarotti le comunicó a Mossack Fonseca que sus clientes evaluaban disolver Santa Fe Investments Worldwide, frente a lo cual el bufete panameño le informó cuál era la documentación necesaria para proceder al cierre. Pero en una comunicación posterior del 29 de abril, señaló que ya no querían avanzar con la disolución.

Después de varios intentos de Mossack Fonseca por obtener la documentación solicitada sobre Santa Fe Investments y sus accionistas, finalmente llegó la respuesta del estudio uruguayo: "Les informamos que lamentablemente hemos perdido contacto con el cliente".

Mossack Fonseca resolvió entonces, el 11 de mayo de ese año, renunciar como agente registrado.

Consultados Ciccone y Amato por el equipo argentino de ICIJ en abril del 2016, explicaron en ese momento que Santa Fe Investments Worldwide se creó para desarrollar un proyecto que no prosperó. "Jamás movió dinero, ni tuvo una cuenta bancaria asociada".

Ex directivos de IOMA

Otros ex funcionarios argentinos también fueron alcanzados por las consecuencias de la filtración de los archivos internos de Mossack Fonseca.

El ex titular de IOMA durante el gobierno de Daniel Scioli, Antonio Atilio La Scaleia, figuró como uno de los accionista de la firma panameña IT Invest Group Technologies SA, desde abril de 2014, según los documentos analizados en los Panama Papers.

No era el único. En total, llegaron a ser 15. Entre ellos estaba también Daniel Burgos, ex jefe de gabinete del IOMA y segundo de la Scaleia en la obra social de la provincia.

IT Invest Group Technologies SA aparece en decenas de correos en los nuevos documentos de Mossack Fonseca.

"Producto de la filtración de datos que sufrió Mossack Fonseca y de la investigación de los llamados Panamá Papers, algunos accionistas se verán en la necesidad de dar explicaciones ante nuestras autoridades fiscales", le escribió el 23 de mayo el representante de la sociedad en Buenos Aires, Paul Etenberg, a la responsable de las relaciones con los clientes de Mossack Fonseca Uruguay.

Frente a esa situación, Etenberg le reclamó al estudio panameño el los registros y actas de la sociedad, y una certificación de que la firma no abrió ninguna cuenta ni tuvo activos, a fin de poder acreditar "que no existieron ni patrimonio ni movimientos". E inmediatamente agregó: "No tenemos ninguna intención de reactivar ni de utilizar la sociedad; sí tenemos la intención de disolverla."

Para al buscar los documentos sobre IT Invest Group Technologies, Mossack Fonseca descubrió que nunca había completado el proceso de Debida Diligencia sobre los accionistas de la firma.

Mossack Fonseca había intentado avanzar con esos trámites en marzo y abril de 2016, sin éxito. Los documentos sobre los accionistas de IT Invest Group Technologies no llegaron. "El proyecto por el cual nuestros clientes han formado esta sociedad ha desaparecido y por tanto debiéramos considerarla como inactiva a todo y cualquier efecto", fue la respuesta de Etenberg.

Pero no solo la falta de las Diligencia Debido preocupó a Mossack Fonseca. Al hacer una búsqueda de sus nombres, encontró que La Scaleia tenía una denuncia en la Justicia por destinar partidas presupuestarias de IOMA para cubrir prestaciones de manera irregular, o darles otro destino al que se previó en el presupuesto anual para el Instituto. Incluso mencionaba que se lo vinculaba con la madre de la ex presidenta Cristina Kirchner, por el reintegro excepcional de una operación cadera en un sanatorio privado no incorporado a la cartilla de IOMA.

No era la única denuncia penal. La Scaleia viene siendo investigado en una veintena de causas por participar de una maniobra de desvío de fondos públicos durante la gestión de Scioli.

Ante la insistencia del estudio panameño por precisiones, el representante de la sociedad en Buenos Aires, le respondió que nunca completaron el proceso de Debida Diligencia porque, según él, "la sociedad nunca llegó a operar" y "se convirtió, en ese sentido, en un costo hundido". Asimismo, advirtió que "la composición accionaria que tenía MF era inexacta" ya que no contemplaba a otros socios, sin identificarlos.

Ante la falta de documentación reclamada para cumplir con las normas antilavado, el estudio panameño se desvinculó del intermediario y la sociedad panameña.

Consultado por el equipo argentino de ICIJ, Etenberg señaló: "La empresa fue para una app de fútbol. El emprendimiento se frustró y tras los Panama Papers se perdió contacto con los inversores".

Los Jinkis

Los empresarios Hugo y Mariano Jinkis, acusados por la Justicia de Estados Unidos de pagar sobornos a dirigentes de la FIFA para quedarse con licencias televisivas del fútbol internacional, también dispararon las alertas después de los Panama Papers.

Según los nuevos documentos filtrados, Mossack Fonseca recibió el 21 de noviembre de 2016 una carta de la Comisión de Ingresos de Seychelles (Seychelles Revenue Commision – SRC) solicitando información de dos sociedades de los Jinkis: Cross Trading SA, registrada en Seychelles en 2006, y Yorkfields SA, su controlante panameña.

Cross Trading – registrada, además, en otros tres paraísos fiscales, Panamá, Nieu y Nevada- fue utilizada para firmar en 2006 un contrato con el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para quedarse con la exclusividad de la transmisión de la Champions League en Ecuador entre 2006 y 2008. Hasta abril del 2016, cuando se publicó la investigación de ICIJ, las autoridades de la UEFA habían negado que el presidente de la FIFA hubiera tenido vínculos con los empresarios involucrados en el FIFAGate.

Infantino, entonces director de Asuntos Legales de la UEFA (Unión de Asociaciones de Fútbol Europeas), avaló la venta de los derechos para transmitir la principal competencia europea por solo U$S 111.000. Meses después, los Jinkis le revendieron esos mismos derechos a la señal ecuatoriana Teleamazonas por el triple: U$S 344.000, según los documentos revelados en los Panama Papers.

Al recibir el requerimiento de Seychelles, Mossack Fonseca se lo remitió al estudio uruguayo Pittaluga, que había actuado como intermediario de los Jinkis. Pero este bufete advirtió que había renunciado a brindarle servicios a fines de 2015, luego de que estallara el escándalo de las coimas en la FIFA. E incluso le recordó a Mossack Fonseca que ellos también habían renunciado como agente residente en ese momento.

Mossack revisó los archivos de Cross Trading y confirmó que la sociedad había sido dada de baja en diciembre de 2015.

El equipo argentino de Panama Papers está integrado Mariel Fitz Patrick (Infobae), Hugo Alconada Mon, Iván Ruiz, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación), Emilia Delfino y Sandra Crucianelli (Perfil)

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