En el centro, el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco
En el centro, el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco

El viceministro de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, quedó definitivamente desvinculado de la causa penal en la que se investigan dos crímenes ocurridos en diciembre de 2010 durante el desalojo del Parque Indoamericano. A la par, la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento de un agente de la Policía Metropolitana por los homicidios y ordenó que 32 oficiales de las policías Federal y Metropolitana sigan siendo investigados, entre ellos dos jefes.

Burzaco es hoy el segundo de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad de la Nación y en 2010 era el primer jefe civil Metropolitana, la flamante policía de la ciudad que creó Mauricio Macri cuando era el jefe de Gobierno. Estaba en la sala de situación que monitoreaba los hechos y desde donde se cree que partieron las órdenes a los policías que estaban en el lugar. Por eso fue citado a indagatoria. La jueza de instrucción Mónica Berdión de Crudo lo sobreseyó porque no hubo pruebas que demuestren que Burzaco dio las órdenes y porque el operativo estaba a cargo de la Policía Federal.

El sobreseimiento de Burzaco no fue apelado por la Fiscalía ni por las querellas que actúan en la causa. Así, la Sala I de la Cámara destacó "la ausencia de recursos contra el sobreseimiento del nombrado", por lo que su desvinculación del caso fue definitiva. Pero los camaristas Luis María Bunge Campos y Jorge Rimondi entendieron que la causa debe seguir su investigación.

La tarde del 6 de diciembre de 2010 un grupo de personas, principalmente vecinos de la villa 20, tomaron el predio del Parque Indoamericano, en Villa Soldati, en reclamo de viviendas. Se abrió una causa penal en la que se detectó que se habían instalado casillas y que se delimitaron parcelas para su venta, un negocio habitual en el que organizaciones delictivas lucran con la necesidad de quienes no tienen donde vivir.

Al día siguiente, la jueza penal de la ciudad de Buenos Aires María Cristina Nazar ordenó el desalojo del predio. El operativo estuvo a cargo de la Policía de la ciudad de Buenos Aires y de la Policía Federal que ingresaron al predio. Las fuerzas lograron cumplir la orden, pero hubo enfrentamientos y un saldo fatal: la muerte de Bernardo Salgueiro, paraguayo de 22 años, y de Rosmary Chura Puña, boliviana de 24. 

La investigación judicial determinó que se efectuaron 581 disparos. Los crímenes ocurrieron en sectores del parque en los que actuó la Policía Metropolitana pero la fuerza se desligó de responsabilidad porque señaló que por disposición sus oficiales solo pueden usar proyectiles anti tumulto (balas de goma). Las autopsias determinaron que las muertes se produjeron por elementos que se extrajeron de los cuerpos y que el peritaje balístico determinó que era "plomo desnudo esférico deformado", es decir municiones de plomo.

En el parque se encontraron 30 vainas de plomo que, según las pericias, fueron disparadas por ocho escopetas calibre 12/70 que utilizaron los oficiales de la Policía Metropolitana. Uno de ellos fue Ricardo Andrés Picart, integrante del Área Operaciones Especiales de la fuerza.

Picart declaró en la justicia que no utilizó balas de plomo, sino solo antitumulto que le da la fuerza y que disparó en los lugares en los que murieron Salgueiro y Chura Puña. "No exige demasiado esfuerzo intelectual deducir que en aquella ocasión Picart disparó el arma de fuego asignada pero con munición no provista por Policía Metropolitana", señalaron los camaristas.

Así, el tribunal ratificó el procesamiento de Picart por los delitos de homicidio y lesiones agravados por haber sido abusando de su función, al ser miembro de una fuerza policial.

La jueza de primera instancia también sobreseyó a otros 32 policías de ambas fuerzas que estaban imputados. Señaló que si la responsabilidad de los hechos era de Picart, el resto quedaba desvinculado. Pero la Fiscalía y las querellas apelaron para que los policías sigan siendo investigados.

La Cámara les dio la razón y sostuvo que la jueza Berdión de Crudo no hizo la mayoría de las medidas de prueba que en septiembre de 2016 le había ordenado la Cámara Nacional de Casación Penal. Los jueces Bunge Campos y Rimondi revocaron los sobreseimientos, les dictaron la falta de mérito para que sigan siendo investigados y dispusieron que se hagan las medidas de prueba que restan.

Entre los 32 policías que seguirán siendo investigados se encuentran dos jefes de las fuerzas. Uno es Ricardo Ferrón, a cargo del Área Operaciones Especiales de la Policía Metropolitana, el grupo que actuó donde fueron asesinados Salgueiro y Chura Puña y al que pertenecía Picart. Y el segundo es Hugo Lompizano, jefe del área metropolitana de la Policía Federal y uno de los que estuvo a cargo del operativo desde la sala de situación.

Lompizano fue condenado a dos años de prisión en suspenso en la causa por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra por incumplir sus deberes ya que dejó actuar patota de ferroviarios. Ese hecho ocurrió el 20 de octubre de 2010, un mes y medio antes de los crímenes en el Parque Indoamericano.