Marcos Peña fue el encargado de expresar la decisión de Mauricio Macri: el proyecto sobre tarifas que avanza en el Congreso sería vetado si finalmente es votado tal como se lo conoce. El Gobierno asumió así posibles costos por adelantado, pero no le habló sólo a los legisladores y jefes provinciales peronistas. Trabaja sobre las fisuras que se vislumbran en ese terreno, está claro, pero también apunta al frente económico. Son demasiadas las tensiones como para dejar crecer una más.

El dólar, con rumbo ascendente y por lo general capaz de ridiculizar pronósticos, y la inflación constituyen una mezcla siempre inquietante. Sería poco recomendable, entonces, sumar falta de temple frente a la prueba que supone el desafío político y el termómetro atribuido a los "mercados", un conjunto módico en términos económicos reales pero de impacto mediático.

El Gobierno, por boca de su jefe de Gabinete, expuso así su posición de máxima o, si se prefiere, su ficha mayor en un paño que permite ver dos disputas en simultáneo. Y por eso fue inusualmente áspero en público al reclamar señales de los gobernadores sobre la polémica del ajuste tarifario.

Se ha dicho: está planteada una batalla política central –síntoma de que la política quema en velocidad las hojas del almanaque electoral- entre el oficialismo y la oposición, y al mismo tiempo adquiere mayor volumen la pulseada interna del peronismo.

En el oficialismo, de manera coincidente entre voceros de sus distintos socios, argumentan que una señal del aceleramiento electoral está dada por el debate sobre tarifas. Es un matiz que también se advirtió en su plano doméstico, con los planteos de Elisa Carrió y la UCR frente a la erosión que perciben en materia de respaldo social. Eso fue público y a modo de escudo ahora es utilizado por los peronistas federales y renovadores, argumentando que el asunto fue instalado por la interna de Cambiemos.

Pero al margen de las facturas de un lado y del otro, un dato objetivo es que toda esta pulseada gira en torno de un eje calificado como vital por el Gobierno: la baja de subsidios es considerada por Mauricio Macri una pieza central de su gestión para reducir el déficit y acotar los niveles de endeudamiento, recurso costoso adoptado para sostener el "gradualismo" del ajuste.

Además, el mensaje de Peña sugiere como pocas veces malestar por lo que consideran una situación repetida en la relación con muchos gobernadores: el discurso en privado, dicen, no se traduce en el discurso público y a veces tampoco en la práctica, en este caso legislativa. Algo similar apuntan fuera de micrófono en referencia a las actitudes de buena parte de los empresarios locales. No parece un dato menor, entonces, el pronunciamiento de las principales entidades empresariales en defensa de la orientación oficial para reducir subsidios.

Las declaraciones de Peña dando por sentada la posibilidad del veto y reclamando definiciones de los gobernadores frente al proyecto que avanza en el Congreso reflejan, al mismo tiempo, que no han sido pocos los contactos con los jefes provinciales, en particular los del PJ, y que para el oficialismo el debate más amplio –fuera de los límites del recinto- no se agota en la estrategia discursiva: es una señal inevitable en materia económica.

Hasta allí, la oposición se movía reconociendo algunos desajustes internos, pero confrontando únicamente con el oficialismo. Algunos gobernadores del PJ ya le habían hecho llegar mensajes con reclamos de prudencia a integrantes del bloque que en buena medida les responde y al massismo.

Pero ayer se sumó un ingrediente en la superficie: los dichos del cordobés Juan Schiaretti y del salteño Juan Manuel Urtubey.

Esa convergencia entre vertientes peronistas, con Pablo Kosiner y Graciela Camaño a la cabeza del armado, fue expresada en la letra del proyecto para rediseñar las tarifas en base a índices salariales o de precios y con el agregado de una baja del IVA sobre los servicios, según la propuesta pulida por Marco Lavagna y Diego Bossio.

El kirchnerismo acompañó la movida, aún con disidencias, para allanar el camino al tratamiento en el recinto de Diputados. Ayer mismo, algunas de sus principales figuras, entre ellos Agustín Rossi y Axel Kicillof, se encargaron de destacar esta especie de alianza táctica para colocar al oficialismo en situación de derrota.

En medio de esa disputa sobre el perfil que debería imponerse el peronismo en su proceso de recomposición, tal vez fueron subvaloradas algunas advertencias hechas por jefes provinciales, colocados en un delicado equilibrio entre la escena nacional del debate y las necesidades propias de gestión. El primer indicador en público lo había producido, en forma muy medida, el entrerriano Gustavo Bordet: pidió cautela en la eventual poda del IVA, por el efecto directo en la coparticipación federal. Más de la mitad de lo recaudado en ese rubro va al conjunto de las provincias.

Schiaretti fue más terminante y Urtubey matizó un poco las declaraciones. El gobernador cordobés dijo directamente que las definiciones sobre tarifas son "responsabilidad exclusiva" del Gobierno nacional y que, por consiguiente, no debería legislarse en esta materia. El salteño reclamó al oficialismo que se haga cargo de sus decisiones y que escuche propuestas "sustentables", pero no anduvo con vueltas al rechazar el recorte del IVA.

En este punto, lo que se discute es la caída de ingresos que representaría la baja parcial o total del IVA en los servicios de gas, luz y agua. Los promotores del proyecto que ya tiene dictamen de comisiones sostienen que supondría entre 15.000 y 20.000 millones de pesos. Los cálculos del oficialismo, tomando en cuenta además la menor reducción de subsidios, superan los 100.000 millones.

El dato político adicional pero para nada menor en el caso de Schiaretti es que, hace apenas un puñado de días, se mostró como figura central del encuentro peronista celebrado en su provincia. Allí estuvieron los legisladores que se referencian en los jefes provinciales del PJ, en el massismo y en otros sectores de menor peso alejados del kirchnerismo. El eco por eso fue mayor.

Las internas, las necesidades financieras y la economía se cruzan en esta disputa que por ahora se desarrolla en Diputados, que debe pasar por el recinto de esa cámara y que finalmente aterrizaría en el Senado. La advertencia de Peña sobre el veto presidencial no cierra la historia, pero anticipa un posible final.

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