El caso del lujoso yate de Ricardo Jaime va a juicio oral y público

Lejos han quedado los tiempos en los que Ricardo Jaime era el poderoso secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner. Tan lejos como los días en los que paseaba en un avión valuado en cuatro millones de dólares o en un yate que costó un millón de dólares.

Está preso desde abril de 2016 por varios casos de corrupción cometidos a la sombra de los negocios que regenteó durante los seis años que fue secretario de Transporte.

Se comprobó que Jaime se enriqueció ilícitamente mientras fue funcionario público. Uno de los capítulos de esa investigación, la de la adquisición de un lujoso yate, fue cerrada por el juez Sebastián Casanello para que un Tribunal Oral Federal lo juzgue también por ese hecho. Otras partes del caso por enriquecimiento ilícito ya están encaminadas al juicio.

El yate modelo Altamar 64 línea Standard 2009 matrícula DL2153AC fue pagado por una sociedad llamada Dalia Ventures LLC a través de cuentas bancarias en diferentes países, algunos de ellos, paraísos fiscales. Los autorizados para retirar el yate del astillero fueron Manuel Vázquez, asesor, hacedor de negocios y testaferro de Jaime y Silvano del Carmen Mazzucchelli, un empleado de Vázquez que era utilizado para ciertos casos en los que hicieran falta prestanombres.

La negociación con el astillero la realizaron en nombre de Dalia los abogados Viola y Carlos Lluch, vinculados a la firma Trenes de Buenos Aires que -cuando se compró el yate allá por 2009- explotaba el Ferrocarril Sarmiento bajo el férreo control de Jaime.

En la larga investigación sobre el enriquecimiento de Jaime -que comenzó en 2008- y que llevaron adelante Casanello -antes Norberto Oyarbide- y el fiscal Carlos Rívolo, se determinó que el ex funcionario no pudo justificar cómo sus familiares y su círculo de negocios compraron bienes por una cifra cercana a los 12 millones de pesos.

El yate, que está en manos de la Prefectura Naval Argentina, es uno de esos bienes. En la elevación a juicio a la que Infobae accedió a través de fuentes judiciales, Casanello explicó sobre la maniobra de compra de la embarcación: "Todas las constancias recabadas en la presente permiten concluir que el verdadero dueño, oculto detrás de quien prestó el nombre para la operación de compra de los bienes, no era otro que Ricardo Jaime, quien tenía la capacidad económica real e ilícita pero no tenía la posibilidad de figurar como verdadero dueño debido al carácter espurio de su enriquecimiento".

Cuando se descubrió que el yate era de Jaime, fue abandonado en aguas uruguayas donde había sido llevado para reparar. Nadie jamás lo reclamó hasta que Casanello y Rívolo lograron que lo trasladaran a la Argentina.
Vázquez, Viola, Lluch -en carácter de testaferros- y Jaime deberán sentarse en el banquillo de los acusados. En cambio, Mazzucchelli no lo hará porque para él se declaró la prescripción.

En la misma resolución Casanello sobreseyó a la anciana María Filomena Pfaffen, ex suegra de Jaime, utilizada como testaferro para ponerle a su nombre una casa en un country comprada por un familiar de Néstor Otero, dueño de la Terminal de Retiro, quien también debía ser controlado por el ex secretario de Transporte. Pfaffen fue sobreseída porque no está en condiciones de salud para afrontar el juicio. El que pagó la casa que usaba Jaime los fines de semana es Raúl Omar Glories, cuñado de Otero quien fue procesado como testaferro. Quedó afuera del juicio por enriquecimiento ilícito por prescripción.

Quien también fue sobreseído fue Pedro Agustín Román Martínez, un humilde trabajador de una playa de estacionamiento de Retiro, a cuyo nombre Silvia Elena Reyss, ex mujer de Jaime e imputada como testaferro, había anotado un Honda Legend O Km comprado en 2009, en pleno auge recaudatorio ilegal del ex funcionario kirchnerista.

Román Martínez había cobrado tres mil pesos por firmar los papeles del auto y de ese modo evitar que Reyss apareciera como dueña del Honda porque no podía justificar el dinero con el que lo había pagado. Román Martínez, que usó el dinero para acondicionar su humilde vivienda precaria en Monte Chingolo, fue procesado como testaferro de Jaime. El fiscal Rívolo, luego de la indagatoria y de un informe ambiental que reveló que el hombre vivía en situación de "vulnerabilidad social", pidió el sobreseimiento debido a que actuó bajo su condición de extrema pobreza.

Jaime suma y sigue. Mientras espera detenido en la cárcel de Ezeiza en los diferentes juicios orales en los que está acusado, se acumulan pruebas de la corrupción sin atenuantes que rigió en Transporte entre 2003 y 2009.

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