Senadores de Cambiemos le pidieron a Aranguren que se declare a la garrafa social de gas como un "servicio público"

En paralelo al debate parlamentario entre opositores y oficialistas en el Congreso por el rediseño de las tarifas de servicios públicos, el Gobierno entabló una fuerte discusión puertas adentro con algunos de sus socios de Cambiemos por un tema que preocupa cada vez más a los sectores bajos y medios de la Argentina y que tiene en vilo a unas 16 millones de personas: el descontrol de precios en la garrafa social de gas.

El lunes pasado hubo una reunión reservada entre un grupo de senadores de la UCR liderados por Julio Cobos y Angel Rozas con el ministro de Energía Juan José Aranguren para arribar a una solución ante la polémica escalada de precios de la garrafa social y el desbarajuste en la distribución de gas licuado en todo el país.

Los senadores radicales Cobos, Rozas y Luis Naidenoff y los de PRO Humberto Schiavoni y Pedro Braillard Poccard le llevaron a Aranguren un proyecto de ley en el que exigen que la garrafa de gas sea declarada "servicio público" y que YPF tenga la obligación de garantizar su distribución en todo el país al precio oficial máximo de referencia, que el 1° de abril subió a $ 216 para el envase de 10 kilos.

La jugada de los senadores de Cambiemos en medio del debate de tarifas pasó desapercibida hacia afuera. Pero según pudo saber Infobae, generó un fuerte debate interno en la Casa Rosada y hay mucha preocupación en el Ministerio de Energía por el desenlace que pueda tener esta movida de los legisladores nacionales del oficialismo.

¿Qué se puso en juego con la iniciativa de Cobos y Rozas por la garrafa social y el debate abierto con Aranguren?

En medio la discusión se encuentran todas las provincias del Noreste argentino que son las que consumen más la garrafa social ya que el gas de red es escaso y la mayoría del fluido se consume en garrafas. También está en juego el consumo de garrafa de muchos pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires. Se estima que hay 16 millones de personas que consumen gas licuado en garrafa.

Además, en el debate se puso sobre la mesa la disparidad de precios y la especulación de los distribuidores en el tema. Si bien la garrafa de gas social cuesta $216, en el mercado se llega a vender hasta a 400 o 500 pesos y no hay demasiadas regulaciones de parte de la Secretaría de Comercio.

Cobos y sus pares de la UCR y el PRO le plantearon a Aranguren la necesidad de declarar a la industria de Gas Licuado de Petróleo (GLP) como un "servicio público", lo que le daría al Estado mayor potestad de intervención para asegurar el abastecimiento. Hasta ahora el gas en garrafa está declarado por ley de "interés público". Esto impide que el gobierno pueda vender la garrafa a los consumidores finales al precio oficial en estaciones de servicio de YPF o, eventualmente, obligar al Estado a garantizar, "por sí o a través de YPF", la "distribución a precios justos" de las garrafas.

"Aranguren no quiere saber nada con que se declare la garrafa social como un servicio público y mucho menos que sea YPF el intermediario. Cuando le planteamos este tema se puso como loco", relató a Infobae uno de los senadores presentes en la oficina del ministro de Energía el día en que le llevaron la propuesta de Cobos.

Desde el gobierno le explicaron a los senadores que "técnicamente es imposible" que YPF se haga cargo de la distribución porque es una sociedad anónima. También Aranguren les explicó a los legisladores de Cambiemos que declarar como un servicio público la distribución de garrafa social sería "abrir el mercado" con la posibilidad de un desmanejo de la situación. También descartó el gobierno esta posibilidad porque debería ser Enarsa y no la Secretaría de Comercio la que controle este mercado.

En cambio, el ministro de Energía les planteó a los senadores que desde su Ministerio se está evaluando la posibilidad de incorporar un chip a las garrafas de gas licuado para darle seguimiento y una trazabilidad monitoreada  a este negocio. "No será fácil pero hay que estudiarlo", dicen que respondió Aranguren sobre este tema.

Eventualmente, el chip en cada garrafa de gas licuado permitiría hacer un seguimiento y evaluar a quienes les llega y a qué precios cada garrafa. En el medio pasan 20 empresas envasadoras y unos 12.500 distribuidores que serían mejor controlados.

Cobos planteó en los fundamentes de su proyecto de ley para declarar "servicio público" el gas licuado que "se busca subsanar una falencia de la ley 26.020 del año 2005, cuyo texto declara el Gas Licuado de Petróleo como de Interés Público pero no como un Servicio Público. Este error genera una gran injusticia social al declarar a la distribución de gas por redes como servicio público, mientras que el Gas Licuado de Petróleo no goza del mismo beneficio, siendo este último el combustible que utilizan los sectores más desprotegidos y de menor ingreso del país. Esta es la importancia fundamental de esta propuesta, corregir una simetría que hoy afecta a los más necesitados".

Para Cobos, "resulta arbitrario que el gas de garrafa que deben comprar aquellos ciudadanos que viven en localidades muy frías y sin acceso al servicio público de red de gas carezcan de la misma igualdad legal con la que sí cuentan los ciudadanos de ciudades con mejor infraestructura e ingresos. Con esta iniciativa establecemos que YPF venda la garrafa a precio regulado y uniforme en todo el país, para que el Estado actúe como facilitador de una distribución más equitativa y justa del producto".

El gobierno nacional y representantes de al menos 17 provincias alcanzaron acuerdo para financiar en partes iguales la denominada Tarifa Social y empezar a bajar la carga impositiva sobre las facturas de gas natural por red, pero el debate de la distribución de la garrafa social no se abordó aun en la discusión con los gobernadores.

El Director Nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Muiño y distintas asociaciones y federaciones de consumidores están dispuestos acompañar el reclamo de los senadores de Cambiemos para dar solución a una "gran injusticia social y lograr declarar al Gas Licuado de Petróleo como servicio público, tal como sucede con la distribución de gas por redes", dijeron.

Héctor Polino, de Consumidores Libres, manifestó que "apoyamos todas las entidades de consumidores la iniciativa de declarar servicio público la venta de Gas Licuado de Petróleo, que es un viejo reclamo de todas las entidades del país, frente a tantos abusos que cometen las empresa proveedoras, sobre todo porque la inmensa mayoría de los usuarios son los sectores más pobres de la sociedad argentina".

Según un relevamiento que hizo el año pasado la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, el 90% de los usuarios de las garrafas sociales paga por ellas un valor mayor al estipulado oficialmente, según un relevamiento realizado por. El informe indica que el 74,5% de los encuestados abonó entre $150 y $250 por una garrafa durante el último año, cuando el subsidio otorgado por la Anses por cada garrafa social es de $115, según determinó el informe realizado para determinar la accesibilidad, costo, conocimiento y uso del Programa Hogar en el territorio bonaerense.

Aranguren quedó en dar una respuesta a los planteos que hicieron los senadores de Cambiemos. La pelota ahora está en la cancha de la casa Rosada.

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