Los números de las escuchas que se hacen en el país

En la Argentina, hoy hay 5.120 líneas telefónicas intervenidas por la Dirección de Captación de Comunicaciones, un organismo del Poder Judicial que funciona dentro de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCO), y es el único autorizado para realizar escuchas teléfonicas por pedido de un magistrado o un fiscal.

Las conversaciones mantenidas por estas líneas son captadas a través de las compañías telefónicas y grabadas en forma automática por la DaJuDeCO en un disco compacto (CD).

De ese número de intervenciones, 90 son escuchas directas en tiempo real por delitos que están ocurriendo en este momento, y en los que la escucha apunta a detectarlo e interrumpirlo. Son casos que requieren una resolución urgente como secuestros, trata o búsqueda de prófugos, y la conversación de la línea intervenida se transmite al juez en forma directa vía telefónica.

Luego de la nueva embestida de la diputada Elisa Carrió
contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, al que acusó de estar detrás de las filtraciones de escuchas a la prensa y de operaciones de un sector de los servicios de inteligencia, la DaJuDeCO emitió hace unas horas un comunicado donde niega cualquier responsabilidad en esas filtraciones, y destaca que la Corte "no tiene injerencia" en su gestión y funcionamiento cotidiano.

La oficina de escuchas judicales fue traspasada por Mauricio Macri, a poco de asumir, de la Procuración General a la órbita de la Corte Suprema. El Máximo Tribunal creó en 2016, primero, la Dirección de Captación de Comunicaciones y, luego, amplió sus funciones de auxiliar de la Justicia en investigaciones complejas y la reconvirtió en la DaJuDeCO. Su directorio está encabezado por dos camaristas, Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra, con un mandato de tres años. Su director director ejecutivo es Juan Tomás Rodríguez Ponte, ex secretario del Juzgado Federal de Ariel Lijo.

En contraste con la ex oficina de Observaciones Judiciales (OJOTA) de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a la que reeemplazó, la Dirección busca dar una imagen de transparencia y reforzar los controles de auditoria interna y del Congreso. Con este objetivo, desde 2016, viene publicando Informes de Gestión con las estadísticas sobre las intervenciones que realizan.

Según esos números, en 2017, en el histórico edificio de Av de los Incas al 3.800 en el barrio de Belgrano, recibieron 38.199 oficios judiciales con pedidos de intervenciones telefónicas. Casi 11.000 más que el año anterior. Esos oficios se tradujeron en 100.664 procesamientos de trabajos, un 50% más que en 2016.

De este total de trabajos realizados, un 46% fueron pedidos de intervención de líneas y un 18%, prórrogas de las existentes. En total, las intervenciones telefónicas en 2017 ascendieron a 64.113, un 38% más que en 2016, cuando fueron 46.329.

Delitos sin identificar

Más de un tercio de los pedidos judiciales de escuchas (36%) estuvieron vinculados en 2017 a delitos de drogas (14.092 oficios). En segundo lugar en cuanto a número, 11.089 oficios no identificaron el delito de la causa judicial por el cual se pidió la escucha. "Cuando ingresa la denuncia, muchas veces es delito de acción pública y recién, a medida que la investigación avanza, se identifica", explica Rodríguez Ponte ante la consulta de Infobae sobre lo elevado de esta cifra, un 29% del total de oficios judiciales.

El 7% corresponden a causas por robo, el 5% por secuestros, y otro tanto por homicidios.

Rodríguez Ponte aclara que "la Dirección no hace control del contenido de la conversación interceptada. Tampoco analiza las razones del juez para intervenir una línea". Incluso advierte que "en la gran mayoría de los casos, no sabe a quién pertenece la línea interceptada, excepto que esté identificado en el oficio".

Las conversaciones se graban -explica- y luego se envían al juez o al fiscal en un CD, que tiene un código de barras para identificar el pedido y garantizar la cadena de custodia.

"Excepto en las escuchas directas en tiempo real por casos urgentes, nosotros no hacemos las escuchas. Nos ocupamos de la intervención técnica y de la grabación. Nuestra tarea, si se quiere, es técnica-administrativa", insiste en aclarar Rodríguez Ponte, en un contexto de acusaciones cruzadas entre la política y distintos sectores de la justicia. "Ni siquiera hacemos ya más transcripciones porque no damos abasto. Las pueden hacer las fuerzas de seguridad, si el juez así los dispone luego de recibir el CD", agrega.

La Dirección no intercepta, con la tecnología que posee actualmente, ni los mensajes ni las llamadas de WhatsApp o Telegram. El plazo máximo de las intervenciones es de 60 días. "Luego el magistrado tiene que fundamentar si quiere prorrogarlas. Esto permite un control a las partes", advierte el director ejecutivo del organismo.

En cuanto a las escuchas directas, en 2017, la DAJuDeCO intervino 1.914 teléfonos, a un promedio de tres líneas por causa judicial. Del total de 571 expedientes para los cuales realizaron escuchas en tiempo real, un cuarto de ellas eran de secuestros extorsivos (139), y un 20% de tráfico de drogas (117). Otras 50 intervenciones eran de causas por averiguación de paradero y 28 de búsqueda de prófugos

Funciones ampliadas

A partir de la acordada de la Corte 30/16, la DeJuDeCO había quedado habilitada para prestar asistencia en causas que investigan el crimen organizado y la corrupción. El año pasado, lo hizo en 82 causas. En el 62% de los casos a requerimiento del juez o fiscal, y en el resto, por pedido de autoridades locales o nacionales.

En el 67% de los casos de la asistencia prestada en 2017, la DeJuDeCO realizó un análisis de las comunicaciones. En otro casi 10%, colaboró con el análisis patrimonial, y en un porcentaje similar, con la sectorización de llamadas. Otro 5% implicó el relevamiento y análisis de documentación.

Recientemente, la DAJuDeCO sumó facultades. Ahora realiza también análisis financieros, mapas de relaciones, perfiles económicos y rastreos en redes sociales. Busca detectar patrones comunes en bandas criminales y cruzar datos de personas físicas y jurídicas.

La ex OJOTA busca dejar atrás el halo de espionaje y secretismo que la rodeaba en épocas de la SIDE, y ser reconocida por su transparencia y profesionalismo en la asistencia que presta a la Justicia en la resolución de delitos complejos. Aunque sectores vinculados a la inteligencia y a la política siempre se las ingenian para meter la cola.

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