El dictamen de Moldes busca frenar la seguidilla de resoluciones K en la Justicia federal

El fiscal pidió detener a Ricardo Echegaray. Su escrito busca marcar un punto de inflexión en un fuero que se encuentra en guerra con el Gobierno y en el que misteriosamente recobraron poder viejos operadores

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La reciente seguidilla de fallos que beneficiaron a figuras vinculadas al kirchnerismo generó preocupación en un sector de la Justicia, que ve detrás de estas decisiones la influencia de ciertos operadores que ostentaron mucho poder durante el gobierno anterior.

A la par, en muchos juzgados se libra una batalla contra los "funcionarios de la doble moral", que en público reivindican la independencia de los tres poderes del Estado y en privado ejercen una presión continua sobre magistrados y fiscales.

Uno de los jueces que recibieron estas "señales" desde el Poder Ejecutivo lo describe así: "Prefiero a Julián Álvarez, quien venía y nos decía en la cara que tenía la orden de corrernos, los intermediarios de este Gobierno actúan de otra manera, pero en definitiva el fin es el mismo".

Por ejemplo, este grupo de funcionarios con una larga trayectoria en Comodoro Py 2002 entiende que el oficialismo está pendiente de alguna de sus decisiones en una determinada causa cuando se enteran a través de los medios de comunicación de la existencia de dictámenes de la Unidad de Información Financiera que no fueron presentados en los expedientes que instruyen.

Hay otros modos de presión más directos. La jueza más antigua del fuero, María Servini, lo vivió en carne propia cuando su hijo, Juan Cubría, se transformó en el blanco de la ofensiva del Gobierno porque su mamá investigaba algunas irregularidades en los aportes de campaña del PRO.

Martínez De Giorgi, instructor en varios expedientes de interés para el oficialismo, también lo conoce. El mensaje le llegó a través de su esposa, la abogada y prosecretaria de la Sala I, Ana María Juan, a quien le tienen paralizado un concurso.

Germán Garavano mantiene una relación tirante con varios jueces (Foto: Adrián Escandar)
Germán Garavano mantiene una relación tirante con varios jueces (Foto: Adrián Escandar)

En Comodoro Py creen que el Gobierno tiene la intención de licuar el poder de los jueces federales. Consideran que el ministro de Justicia, Germán Garavano, es la cara visible de esta propuesta a la que asocian con las reformas que intentó impulsar Gustavo Béliz durante su paso por la administración pública. "Son viejos proyectos que se reciclan", describen.

La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular la conformación del Tribunal Oral Federal que había sido designado para juzgar a Cristina Kirchner enturbió más el clima. El diputado nacional e integrante del Consejo de la Magistratura Pablo Tonelli calificó públicamente ese pronunciamiento como "extraño".

En el entorno de Ricardo Lorenzetti no entienden el enojo. Dicen que la decisión fue técnicamente impecable. Además destacan que hubo unanimidad entre los cinco miembros del tribunal en el criterio adoptado: los traslados de jueces deben contar con acuerdo del Senado.

Quienes ven fantasmas, ligaron esa acordada a la nómina de imputados K en causas sensibles que recibieron buenas noticias en las últimas semanas. Sin embargo, estas decisiones parecen estar más vinculadas a apellidos cuyo poder de influencia se revitalizó en los últimos 90 días.

Los jueces que hace varios años empezaron a darle impulso a las causas de corrupción están tan afectados como los operadores del Gobierno por los fallos que beneficiaron a Amado Boudou, Roberto Baratta, Luis D'Elía y Carlos Zannini -entre otros-, y dan elementos para defender su postura. Dicen que en estos casos la gravedad del delito imputado es tan importante como el riesgo de fuga o el poder de fuego que mantienen los acusados para entorpecer una investigación. Caso contrario, el represor Jorge Eduardo "El Tigre" Acosta no hubiera estado preso sin condena durante varios años. O no habría delincuentes comunes que están hacinados en los penales esperando una sentencia definitiva.

La liberación de Cristóbal López generó una fuerte polémica (Foto: Martín Rosenzveig)
La liberación de Cristóbal López generó una fuerte polémica (Foto: Martín Rosenzveig)

Hubo una resolución que terminó de encender las alarmas de la mayoría de los jueces que intentan revertir la mala fama de la Justicia federal . Fue la de los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero en la investigación penal por la deuda de Oil Combustibles. A este sector no le preocupa tanto la liberación de Cristóbal López. Lo que alteró sus ánimos fue la decisión de modificar la calificación legal por la cual se investiga al dueño del Grupo Indalo y a los funcionarios involucrados en este negociado, que según cálculos del abogado de la AFIP asciende a $17 mil millones.

Con este nuevo encuadre técnico, se aliviaron sustancialmente los dolores de cabeza del empresario patagónico. También sus dificultades administrativas ante el organismo recaudador. En ese contexto, el dictamen de este miércoles del fiscal general ante la Cámara Federal, Germán Moldes, fue interpretado como un movimiento de ajedrez destinado a oponer resistencia a estos sucesos recientes.

Moldes jugó una carta que hasta el momento nadie se había animado: pidió la detención de Ricardo Echegaray, el temido ex jefe de la AFIP que -se sospecha- mantiene bajo su arbitrio los secretos fiscales de los hombres más poderosos del país.

Los miedos de este sector de la Justicia están en línea con la preocupación que expuso públicamente Elisa Carrió con sus presentaciones ante el Consejo de la Magistratura. Se sabe: a "Lilita" no le gustan los grises y en este tema jugó con todo. Primero denunció que los jueces que beneficiaron a Cristóbal López pudieron haber recibido coimas. Luego puso la lupa sobre Jorge Mazzaglia, un abogado que -sospechan en Cambiemos- actuó de nexo entre el zar de los casinos y los magistrados de la Sala I de la Cámara Federal.

La ola de liberados K podría tener un nuevo beneficiario en los próximos días: el ex ministro de Planificación Federal, Julio Miguel De Vido. Su mano derecha, Baratta, ya está en la casa, y hubo un movimiento que anticipó la jugada. Recientemente el juez Luis Rodríguez apartó al fiscal Carlos Stornelli del caso Río Turbio. La maniobra fue inusual. En varias décadas de carrera, a Stornelli nunca lo habían corrido de una investigación de esa forma. "Parece que estaba molestando", dijo el ex ministro bonaerense cuando le consultaron por los argumentos que utilizaron para sacarlo del expediente. Se teme ahora que la presión se traslade a otro fiscal de carrera en el fuero, Eduardo Taiano, quien reemplazó a Stornelli.