Edificio de la Procuración: piden exonerar al funcionario que manejó la millonaria licitación

El 10 de abril de 2017, cuando Alejandra Gils Carbó todavía estaba al frente de la Procuración General de la Nación, ordenó que se le iniciara un sumario interno a Guillermo Bellingi, quien había conducido el proceso de la millonaria compra del edificio donde funcionan las principales oficinas del Ministerio Público Fiscal en la calle Perón al 600.

Dos días antes Infobae había revelado que un medio hermano de Bellingi, llamado Juan Carlos Thill, había cobrado una comisión de 3 millones de pesos por asesorar a la inmobiliaria Jaureguiberry, que a su vez había asesorado a la empresa Arfinsa que fue la favorecida con la licitación.

Arfinsa recibió 43.850.000 pesos por parte de la Procuración y pagó 7,7 millones en comisiones. Tres de esos millones fueron depositados en una cuenta del hermano de quien, por orden de Gils Carbó, manejó los detalles de la licitación.

Desde abril del año pasado el fiscal de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez está a cargo del sumario interno que le encargó Gils Carbó, quien renunció a la Procuración a fines del año pasado. Según pudo confirmar Infobae en fuentes judiciales, Rodríguez, después de analizar la actuación de Bellingi, recomendó la exoneración del funcionario de la Procuración, es decir la sanción más grave que prevé el Reglamento Disciplinario para Funcionarios y Empleados del Ministerio Público Fiscal.

Bellingi ingresó en 2012, de la mano de Gils Carbó y fue designado subdirector general de la Procuración. Su primera tarea fue organizar la licitación para la compra del edificio. Luego fue destinado a una de las procuradurías creadas por Gils Carbó cuando llegó a su cargo: la Procelac, dedicada a combatir el lavado de dinero. Allí estaba trabajando Bellingi, hasta abril de 2017, cuando estalló el escándalo que terminó con el procesamiento de Gils Carbó. Bellingi, licenciado en Economía, daba cursos de capacitación para otros empleados del Ministerio Público sobre transparencia en las compras públicas e investigación de operatorias off shore. Fue suspendido y luego, a la espera de la finalización del sumario interno, reubicado en la Biblioteca de la Procuración, una especie de "freezer" para funcionarios. Sigue cobrando su sueldo como subdirector general. Y fue notificado en los últimos días del pedido de exoneración.

Según pudo reconstruir Infobae a partir de fuentes del caso, Rodríguez determinó que Bellingi cometió varias irregularidades que están contempladas en el Régimen de Funcionario y Empleados del Ministerio Público Fiscal. Una de las irregularidades fue haberle dado información privilegiada sobre el pliego de licitación a su hermano Thill. Otra fue haber intervenido en la licitación cuando sabía que su hermano asesoraba a una de las empresas que participaba.

El fiscal Rodríguez ha conseguido probar varios hechos que tienen su correlato en la causa penal que tienen a su cargo el juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano en la que Gils Carbó, Bellingi, Thill y otros fueron procesados por administración fraudulenta.

El fiscal de Investigaciones Administrativas corroboró que fue Thill quien se contactó con la inmobiliaria Jaureguiberry para que presentara el edificio de la calle Perón a la licitación pública. Que Bellingi se reunió con Bárbara Jaureguiberry -de la inmobiliaria- y Adrián González Fischer-de Arfinsa- en el edificio de la calle Perón. Que Thill tuvo en su poder el pliego definitivo de la licitación -modificado en algunos aspectos para favorecer a Arfinsa- apenas minutos después que Bellingi se lo pidiera a un funcionario de la Procuración vía correo electrónico. Que fue Bellingi -según declaró el funcionario de Administración de la Procuración Héctor Zurita- quien le solicitó que sumaran al edificio de la calle Perón al listado de inmuebles que debían visitar por las áreas técnicas para examinarlo. Y que Bellingi no se excusó de intervenir en la licitación a pesar de que Thill asesoraba a uno de los oferentes. Por todo eso Rodríguez pidió la exoneración de Bellingi, que además de la expulsión de la Procuración implica la prohibición de acceder a nuevos cargos públicos.

Al mismo tiempo que Rodríguez finalizaba el sumario administrativo que terminó en el pedido de exoneración, la Sala I de la Cámara Federal revisa el procesamiento dictado por Ercolini. Serán los camaristas Jorge Luis Ballestero y Leopoldo Bruglia quienes determinen si la ex procuradora sigue o no procesada. En paralelo a ello el fiscal Taiano analiza mails que se enviaron entre los involucrados en el caso. A partir de alguno de ellos queda claro que la licitación fue direccionada para que Arfinsa resultara la beneficiada con la compra del viejo edificio de la calle Perón 667. Y además hubo comisiones.