Los aportes empresarios al partido se intensificaron en los meses de la campaña electoral (EFE/David Fernández)
Los aportes empresarios al partido se intensificaron en los meses de la campaña electoral (EFE/David Fernández)

Hay de todo: bancos, cerealeras, cadenas de electrodomésticos, constructoras, compañías de biocombustibles, financieras, productoras de aluminio y frigoríficos, además de amigos y directivos de diversos rubros.

Durante el 2017, año electoral, el PRO -el principal partido de la alianza oficialista- recaudó $153.247.957 de cientos de compañías y empresarios, según el listado al que accedió Infobae. Una práctica habitual que sin embargo está prohibida por ley para las campañas pero no para los partidos.

Las empresas que más colaboraron con el PRO lo hicieron con un tope de $3 millones impuesto por las autoridades partidarias.

En ese sentido, hay 12 firmas que contribuyeron en total con $36 millones. Se trata de Aluar, Banco Galicia, Cencosud, Frávega -pusieron $6 millones a través de dos de sus directivos-, Ángel Estrada y Compañía, Logística Neuquén, Molino Cañuelas, Renova -biodiesel-, San Martín de Tours SA -una de las sociedades de Eduardo Constantini-, SICMA y Vicentin.

No fueron las únicas donaciones, en montos que van desde los 1.000 hasta los $3 millones y que sumaron más de $153 millones, sin contar los aportes mensuales que los funcionarios hicieron durante el 2017 a través de sus tarjetas de crédito.

Una de las compañías que más aportó fue Control Union, vinculada al agro, con  $2.800.000. Lo hizo a través de Félix Lacroze, uno de sus directivos. Lacroze trabajó en el Ministerio de Educación -era subsecretario de Coordinación Administrativa- hasta el año pasado, que volvió a la actividad privada. Era uno de los funcionarios más acomodados, con más de $80 millones, según sus declaraciones juradas.

Otra de las principales donaciones fue de Agropecuaria Cantomi, de la familia Miguens, que desembolsó $2.000.000 a fines de septiembre, un mes antes de las elecciones generales en las que el macrismo consolidó su base electoral. La mayoría de las contribuciones se intensificaron en el periodo de campaña.

La familia del empresario Carlos José Miguens, un actor de peso en el negocio de la generación eléctrica -entre otros rubros-, había sido además la que más dinero aportó a la campaña de Cambiemos del año pasado en la provincia de Buenos Aires, que demandó más de $70 millones de gastos en las elecciones de octubre. El desembolso en ese caso fue a nombre personal y no de ninguna de las empresas de la familia, algo que todavía sigue prohibido por la ley vigente.

Diego Miguens Bember donó, por su parte, $1.000.000.

En el rubro de la construcción figuran entre los contribuyentes al PRO al menos dos compañías: ASM Construcciones, con $1.000.000 -dedicada a las obras civiles-, y LAZ Construcciones, con $500.000.

Esta última, según su propio sitio web, estuvo a cargo de obras como la pavimentación del Metrobus en la Ciudad o un sector del Polo Tecnológico en el barrio porteño de Palermo.

Hay, además, una decena de frigoríficos y empresas vinculadas al sector agropecuario, uno de los rubros de mejor sintonía con el Gobierno, que hicieron su aporte al partido oficialista. Y entidades vinculadas a servicios financieros, como Aval Federal, de Federico Tomasevich, que donó $1.500.000, Banco Piano -$1.000.000- o Banco CMF, que desembolsó $1.700.000. Del rubro minero, la que sobresale es Minerar, con $1.500.000.

La que volvió a apostar por el PRO fue Karina Román, de la empresa homónima, que colaboró con $300.000. La mujer integra un grupo de jóvenes empresarios afines al oficialismo que ayudan económicamente al partido. Su aporte en el 2015 había sido objetado por la Justicia Electoral.

En el caso de los aportes individuales, en el listado figuran desde Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, con $1.000.000 en total, hasta Federico de Narváez, hijo del ex diputado, con $1.500.000. E Ignacio Zavalia, amigo personal de Mauricio Macri, que donó $370.000, y Flavio Caputo, hermano del ministro de Finanzas, cuya colaboración fue el año pasado de $100.000.

José Torello, apoderado del PRO (NA)
José Torello, apoderado del PRO (NA)

José Torello, jefe de asesores del Presidente y apoderado del partido, aseguró a este medio que los aportes empresarios -que forman parte del balance del PRO del 2017- están todos bancarizados y se enmarcan dentro del blanqueo de las finanzas partidarias que el macrismo busca profundizar con el envío del proyecto de ley de financiamiento de la política, previsto para este año.

Es que la ley actual -que entre otras restricciones prohibió los aportes empresarios durante las campañas electorales- llevó al macrismo y al resto de los partidos a financiarse en buena medida por fuera de las normas. Lo que en la jerga se denomina la "contabilidad creativa".

El proyecto de ley de financiamiento del oficialismo volvería a permitir las contribuciones de personas jurídicas en épocas de campaña, subiría los montos y obligaría a los partidos a mostrar los ingresos y los gastos a través de una plataforma online sin esperar a la rendición final. En caso de aprobarse, además se podrían avalar las donaciones en moneda extranjera.