El Gobierno extendió hasta marzo de 2019 la vigencia del régimen administrativo para la inscripción de niños recién nacidos y de hasta 12 años, en los casos en que no hubiese sido inscripto su nacimiento o cuya inscripción aún estuviese en trámite.
La decisión se comunicó a través del decreto 222/2018, que se publicó en el Boletín Oficial de este miércoles con la firma del presidente Mauricio Macri.
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La medida, que fue dictada por primera vez en 2009 por Cristina Kirchner y prorrogada cada año desde entonces, alcanza también a los ciudadanos mayores de 12 años de edad que residan en la Argentina, carezcan de DNI y acrediten su pertenencia a pueblos indígenas.
"La inscripción de los nacimientos es requisito indispensable para acceder a un Documento Nacional de Identidad a fin de ejercer el goce pleno de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitucional Nacional", recordó el Ejecutivo en los considerandos de la norma.
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El texto oficial menciona que el derecho a la identidad se encuentra protegido expresamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño, como asimismo en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley N° 26.061.
"Garantizar la inscripción, registro y documentación de las personas no sólo importa hacer efectivos los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, sino también evitar la afectación de otros derechos de las personas originada en la falta de cumplimiento de dichos actos", agregó el Gobierno.
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Y subrayó que la posesión del DNI "garantiza el pleno ejercicio de los derechos sociales, cívicos y políticos, tales como acceder a la escuela primaria, ser atendido en establecimientos de salud, transitar libremente, salir y entrar del país, trabajar, contraer matrimonio, reconocer hijos, elegir y ser elegido para ocupar cargos políticos, entre otros".
"Desde un aspecto normativo y valorativo, debe propenderse a la facilitación y remoción de obstáculos para la procedencia de la inscripción de nacimientos, con el fin de salvaguardar el derecho a la identidad de las personas, reconocido en los instrumentos internacionales de derechos humanos que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico", justificó el Gobierno.
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