Dura carta del Gobierno a Amnistía por las críticas a la política de derechos humanos de Macri

En una dura carta dirigida a la organización Amnistía Internacional, el Gobierno calificó de "impreciso, parcial e incompleto" el informe anual que esa organización había emitido sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina y destacó que muchos de los tópicos abordados allí carecen de un "rigor objetivo".

El secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj envió ayer una carta a Mariela Bielski, directora de Amnistía en la Argentina, en la que le responde a lo largo de 11 páginas el duro informe sobre derechos humanos que había elaborado esa organización en febrero pasado. Según pudo saber Infobae, la directiva será convocada por el Gobierno la semana que viene.

En la misiva de Avruj se destaca que la Argentina fue sometida a inspecciones de diferentes estamentos internacionales como el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y el examen periódico universal sobre derechos humanos que realiza la ONU.

En relación a las críticas sobre las políticas de derechos sexuales y salud reproductiva, la carta de Avruj señaló que en cuanto al aborto legal en casos específicos las estadísticas muestran una mayor cantidad de casos tratados y alerta sobre la necesidad de dar un debate "profundo, abierto y plural" en la sociedad sobre la despenalización del aborto.

Respecto a la violencia contra las mujeres, el Gobierno reconoce que este es un "gravísimo problema a nivel mundial" y destacó que, a diferencia de lo que dijo Amnistía Internacional, el presupuesto emitido para este año por la administración de Mauricio Macri para el Plan de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres es de 50 millones de pesos, lo que representó un incremento del 30% respecto del año pasado.

Al abordar el caso de la muerte de Santiago Maldonado, que fue una de las críticas más punzantes de Amnistía por el tratamiento que le dio el Gobierno a esa causa, Avruj destacó que "existe una clara intencionalidad política de determinados sectores de endilgarle falsamente al Gobierno una desaparición forzada en plena campaña electoral".

A la vez, el Gobierno destacó en la misiva que el informe de Amnistía no precisa en ningún momento que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Comité de Desaparición Forzadas de la ONU "cerraron las medidas cautelares y el pedido de acción urgente que tramitaban esos organismos". En tanto, remarca que Amnistía Internacional no reflejó los avances de la investigación en la que determinan según los peritos forenses, Maldonado falleció ahogado en el río y que su cuerpo estuvo allí desde los incidentes registrados en el paraje de Chusamen en Chubut.

Además, Avruj informó a Amnistía que desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) el Gobierno buscó encauzar los reclamos de la comunidad indígena de Pu Lof donde Maldonado participó en el corte de la ruta 40 que tras el despeje de la Gendaremería del lugar desapareció y unos meses más tarde se encontró su cuerpo en el río. El secretario de Derechos Humanos detalló que la comunidad mapuche de ese lugar "no reconoce al Estado argentino en su territorio".

Al mencionar el caso del dirigente wichi Agustín Santillán, detenido en Las Lomitas, el Gobierno resaltó que desde el INAI se le dio contención, asesoramiento legal y ayuda pero "estas cuestiones no son tenidas en cuenta" en el informe de Amnistía.

En el capítulo del informe de Amnistía hubo un duro cuestionamiento a la política migratoria de Macri al modificar por decreto la normativa para expulsar a los extranjeros que cometen delitos. En este, caso el Gobierno respondió a la organización internacional que la Argentina "es un país de puertas abiertas" y que las nuevas reglas sólo se aplican para la ley penal y para aquellos extranjeros que hayan ingresado al país de manera ilegal. Así, se destacó que en el 2017 se expulsó a 33 extranjeros contra 223.ooo radicaciones de inmigrantes que hizo la Argentina.

Al evaluar los casos de los juicios contra los represores de la dictadura la carta de Avruj le informó a Amnistía que en el 2017 se dictaron 27 sentencias y hubo 205 condenas, "lo que constituye la cifra más elevada desde que se reabrieron estos juicios". También el Gobierno remarcó que se opuso a la aplicación del 2 x 1 para los casos de represores e impulsó en el Congreso una normativa para derogar esa ley.

Hacia el final de la misiva de Avruj, se hace un apartado especial al caso de la detención de la líder piquetera kirchnerista Milagro Sala en Jujuy que fue duramente cuestionada por varios organismos de derechos humanos. Allí, el Gobierno remarcó que su detención no se corresponde con el derecho a una protesta sino por hecho relacionados con casos de corrupción.

"La señora Sala goza de presión domiciliaria en una casa quinta de su propiedad que tiene todas las comodidades incluyendo amplios parques y pileta de natación", respondió el gobierno sobre la situación de Sala. A la vez, remarcó que la opinión del Comité de Detención Arbitraria "no es vinculante" y fue remitido al Poder Judicial de Jujuy.

En el informe de Amnistía Internacional se había eludido la mención al plan de Derechos Humanos que presentó el gobierno y así Avruj expresó a esa organización que se encuentra "abierto al diálogo y a tener una lectura más completa" de todo lo actuado.