El Gobierno habló de la estrategia para los medios públicos y dio detalles sobre quiénes pueden acceder a la publicidad oficial

En una publicación en el sitio de la Casa Rosada, la Jefatura de Gabinete publicó una serie de datos y de proyecciones en torno a la relación del Gobierno con los medios, los números de la publicidad oficial, la estrategia oficial en torno a los medios públicos, entre otros temas.

En la publicación se destaca que en cuanto a la relación con los medios, "en los dos primeros años de gestión, tanto el Presidente como el jefe de Gabinete y el resto de los ministros y funcionarios dieron conferencias de prensa periódicas (73, en el caso del presidente Macri), establecieron un diálogo permanente con periodistas de todo el país y respondieron a los pedidos de información solicitados por los trabajadores de prensa, cuyas críticas y denuncias fueron respondidas con respeto y detalle y reconociendo que son parte de la vida democrática".

En ese sentido, la publicación enumeró "las cinco direcciones en las que el Gobierno se propuso avanzar y quiere seguir avanzando". Se trata de "generar un clima de debate abierto, que permita conversaciones amplias y profundas sobre la vida democrática del país"; "ordenar, sistematizar y reducir progresivamente el presupuesto de la publicidad oficial, que estaba en niveles demasiado altos y se repartía sin criterios objetivos"; "colocar el Acceso a la Información como una obligación central del Estado"; "avanzar hacia un ecosistema de telecomunicaciones que permita aprovechar los beneficios de la convergencia tecnológica y ofrezca más alternativas, de mejor calidad, y un mejor acceso a los contenidos y a la información a todos los ciudadanos"; y "aumentar la pluralidad y la sustentabilidad de los medios de comunicación públicos, dañadas tras muchos años de cercanía con el Poder Ejecutivo y gestiones poco profesionales, y adaptarlos a los cambios tecnológicos y culturales recientes".

Relación con la prensa

En este apartado, la publicación destacó que "en una democracia vital y con instituciones fuertes, una prensa que no incomoda al Gobierno, que no está atenta a llamarle la atención sobre sus errores o contradicciones, es una prensa que no está haciendo bien su trabajo".

En esa línea, la Jefatura de Gabinete aseguró que "el Gobierno ha intentado enmarcar su conversación con la prensa en un marco de argumentación razonable, respeto a las instituciones y publicación de información confiable".

"Así lo ha hecho en numerosas oportunidades, especialmente aquellas en las que la labor periodística puso en agenda cuestiones que pudieran ser entendidas como sensibles para el Gobierno. El presidente Macri, por ejemplo, brindó en su momento todas las explicaciones requeridas por las investigaciones relacionadas con el caso Panamá Papers o el acuerdo entre su familia y el Correo Argentino. En ambos casos, además de dar explicaciones en público, se puso a disposición de la Justicia para aportar la información necesaria y aclarar cualquier tipo de dudas", se destacó.

Al respecto, la publicación sostuvo que "Macri dio 133 entrevistas exclusivas a medios nacionales e internacionales, sin restricciones sobre el temario ni sobre el modo de publicación. Además, escribió 38 columnas de opinión en diarios de distintas provincias".

Por otro lado, se resaltó que "uno de los compromisos asumidos por la Secretaría de Comunicación Pública es darles más prevalencia a los medios provinciales y atender la actualidad de cada región y su idiosincrasia. Para que eso sea posible, el Presidente y los ministros del Gabinete nacional ofrecen cotidianamente entrevistas en vivo desde la Casa Rosada (280 en total en 2016 y 2017) para atender los requerimientos de las radios y los canales de televisión de las provincias".

Publicidad oficial

Respecto de la publicidad oficial, el posteo de la Jefatura de Gabinete destacó que "en diciembre de 2015, el Gobierno hizo un diagnóstico sobre la publicidad oficial del Estado nacional y llegó a dos conclusiones. La primera era que la pauta publicitaria del Estado nacional era demasiado abultada (se había multiplicado por cuatro, hasta casi 2.400 millones de pesos, entre 2010 y 2015) y había sido repartida arbitrariamente y sin transparencia. La segunda conclusión era que el reparto había sido poco federal, demasiado orientado a los diarios porteños (que en 2015 recibieron el 38% de la publicidad del Estado nacional) y enfocado en unos pocos destinatarios".

En ese sentido, el artículo afirma que "en 2016, la Jefatura de Gabinete redujo el presupuesto de publicidad oficial a casi la mitad de lo gastado el año anterior: de 2.200 millones de pesos a 1.300 millones de pesos. En 2017 se mantuvo constante en términos reales y para este año está previsto un presupuesto de 1.800 millones de pesos, que en términos reales (ajustado por inflación) representa un descenso de más de la mitad frente a los niveles de 2015".

"El segundo compromiso fue establecer un reglamento y una planificación de la publicidad oficial que permitiera tener criterios objetivos a la hora de pautar las campañas, incluyendo a los medios de las provincias y dejando el menor margen posible a la arbitrariedad de las autoridades públicas. Ese reglamento se implementó a partir de agosto de 2016, tras la publicación de una resolución de la Jefatura de Gabinete, y está vigente".

Por último, la Jefatura de Gabinete resaltó que "una parte importante del proceso de regularización de la asignación de la pauta oficial fue la creación del Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial (RENAPPO), en el cual los medios de comunicación deben estar inscriptos –y mantener actualizados datos como su tarifario publicitario y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, previsionales y laborales– para tener derecho a recibir pauta publicitaria del Estado nacional".

Acceso a la información

En este apartado, la publicación sostuvo que "una parte central de un ecosistema robusto de libertad de expresión es la transparencia de la gestión del Estado, el acceso a la información pública y la publicación de estadísticas oficiales. Sin datos ni información confiable, el debate público se convierte en una guerra de trincheras donde todo el mundo cree tener su propia verdad". A continuación destacó "la sanción de la Ley de Acceso a la Información, aprobada por unanimidad en septiembre de 2016" y que "gracias a esta ley, los tres poderes del Estado y las empresas, los partidos políticos, las universidades y los sindicatos que reciben aportes públicos están obligados a responder consultas de cualquier ciudadano en un plazo máximo de un mes".

Convergencia tecnológica

Respecto de los avances tecnológicos que afectan a los medios, la publicación afirma que "el crecimiento de Internet, la fragmentación de las audiencias y los cambios en los patrones de consumo transformaron por completo y para siempre el escenario, que dio más opciones a los usuarios pero propuso enormes desafíos a las empresas periodísticas o productoras y distribuidoras de contenido".

"Esta convergencia en el ámbito de las comunicaciones –es decir, el proceso de fusión de tecnologías y unificación de varios servicios en un solo proveedor– exige un marco regulatorio adecuado. El Gobierno se planteó el desafío de crear un nuevo marco normativo integral, moderno y plural, que garantice la más amplia libertad de prensa y el acceso a la información, fomentando la innovación y el despliegue de nuevas redes y promoviendo la competencia entre los actores del sector", detalló.

El escrito además sostiene que "el objetivo del Gobierno (…) consiste en tener una mirada amplia sobre todo el ecosistema audiovisual y de comunicaciones. Por eso se conformó una comisión redactora para elaborar un nuevo proyecto de ley, con eje en la convergencia, que favorezca la competencia y las inversiones y garantice el derecho a la comunicación y la libertad de expresión".

Medios públicos

En relación a los medios públicos, la Jefatura de Gabinete resaltó que "en diciembre de 2015, el Gobierno encontró en los tres medios públicos problemas similares, que incluían la falta de profesionalismo –en La TV Pública, por ejemplo, el ausentismo llegaba hasta el 30%– y un ambiente donde se premiaba la propaganda gubernamental. No había estrategia comercial ni política de recursos humanos ni un análisis prospectivo sobre la evolución tecnológica o los cambios de los medios".

En ese sentido, el diagnóstico oficial es que ahora "los medios públicos son más plurales, están más integrados, más atentos a darle un sentido federal a su método de trabajo y tienen una gestión más profesional –que incluye una estrategia comercial, para depender menos de los fondos del Tesoro– que hace dos años". La publicación, que además aseguró que "en Radio Nacional se renovó la programación con periodistas profesionales y se reorientaron los contenidos, antes caracterizados por su partidización, hacia una radio de servicios y con pluralidad de voces".

Conclusión

Como resumen, el Gobierno resaltó que "entiende que la industria de medios está cambiando, atravesando un período de transición que todavía no encontró un modelo estable tras la irrupción de las herramientas digitales. En el último tiempo cerraron varios medios, algunos de ellos centenarios, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y riqueza cultural".

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