El juez Julián Ercolini recibió este jueves un informe lapidario sobre la posible venta del Grupo Indalo. Los veedores judiciales cuestionaron el traspaso y criticaron duramente a los dueños de OP Investments. Dijeron que no están en condiciones de asumir el control de las empresas del holding. La AFIP, querellante y denunciante en la causa por defraudación al Estado contra Cristóbal López, ya se opuso a la operación y ahora solo resta el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita.

Los veedores judiciales concluyeron que OP Investments "no puede calificarse como un 'grupo inversor' ni 'controlante' por no estar en condiciones de enfrentar, per se, los riesgos empresarios de un grupo de la magnitud de Indalo ni de cada una de sus principales empresas", según consta en el informe de más de 40 carillas.

Sobre los actuales administradores, Ignacio Rosner y Sebastián Dellatorre, los veedores sostuvieron que no se los puede considerar como controlantes del holding porque no tienen "capacidad patrimonial y financiera", y no hubo "una transferencia accionaria de empresas del grupo Indalo a su favor".

"Solo se podrá reconocerlos en su potencial capacidad como administradores, aunque en cuanto a la representación legal sólo lo son formalmente en relación a OIL Combustibles SA, con algunas observaciones formales que requerirían opinión de la Inspección General de Justicia (IGJ) en los casos de las otras dos empresas bajo nuestra veeduría y una información incompleta sobre la constitución del resto de los directorios de las empresas del Grupo, en las que tenemos conocimiento de cambios de autoridades en una decena de empresas más en las que se incorporaron Ignacio Rosner y Sebastián Dellatorre", sigue el informe.

Y agrega: "El resto de las empresas del Grupo, más de un centenar, no habría cambiado directorio y no obtuvimos información, a pesar de solicitarla, sobre la situación actual de las autoridades, especialmente desde el momento que en la mayoría de ellos presuntamente figuraban Fabián de Sousa y Cristóbal López no solamente como accionistas sino también como directores".

Cuando estén todos los informes, el juez Ercolini deberá decidir si levanta la inhibición general de bienes sobre las 170 empresas que constituyen el Grupo Indalo.

El año pasado, el magistrado rechazó levantar la inhibición. Pero luego de las detenciones de López y su socio Fabián De Sousa, le corrió vista otra vez a las partes (veedores, el fiscal y la AFIP) para que vuelvan a expedirse sobre una posible venta del Grupo.

Los veedores ya dieron su veredicto. "Tanto la oferta como el plan estratégico no cuentan con requisitos indispensables para ser considerados para resolver simultáneamente los desequilibrios económicos potenciales de las empresas del Grupo y al mismo tiempo mantener la capacidad de proteger los intereses de los acreedores, especialmente el fisco, y los eventuales daños que surjan del proceso judicial", dice el informe.

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