El Gobierno dialoga con tres provincias para buscar una salida política al conflicto mapuche

Los fatigados celulares de tres gobernadores volvieron a recibir en los últimos días más de una llamada desde el gobierno nacional. Esta vez, los contactos fueron –son, en rigor, porque es un tema abierto- con los jefes provinciales de Río Negro, Chubut y Neuquén. Y las conversaciones no aluden a algún retoque pendiente del paquete de reformas que ahora transita por el Congreso, sino el delicado cuadro de los conflictos desatados en el Sur con sectores mapuches.

Las conversaciones fueron precipitadas, claro, por el caso del joven Rafael Nahuel, muerto de un disparo en un operativo de Prefectura Naval dentro de un parque nacional, en Villa Mascardi. Pero no tuvieron como foco exclusivamente la resolución de esa toma, ni sus derivaciones judiciales: se trata de explorar una respuesta amplia que descomprima la situación y que, en primer lugar, constituya una señal evidente de atención a viejos reclamos. Es decir, y tal vez por primera vez, la idea sería dar una respuesta política.

La experiencia hasta ahora no es muy alentadora. Los últimos renglones de la lista de antecedentes son ocupados por fallas del Gobierno y por el uso político con ecos de campaña frente a los casos concretos, pero la historia registra además escasa comprensión o desinterés de buena parte de la dirigencia política frente a un problema que para nada se agota en la Patagonia.

Hace apenas tres semanas, diputados de todos los partidos aprobaron una nueva prórroga –la tercera- para la ley de Tierras Indígenas. Y lo celebraron, como en septiembre lo habían hecho los senadores. La ley es de 2006 y establece entre otros puntos la realización de un relevamiento de tierras ocupadas "tradicionalmente" por comunidades aborígenes. Pasaron once años desde su sanción original y, según cálculos oficiales, esa tarea fue cumplida recién en un 50 por ciento.

El trabajo está a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. La ley establece un freno a causas y medidas de desalojo. Y busca hacer un primer ordenamiento en base a un registro nacional. Es cierto que no es un trabajo sencillo, pero además no existieron durante más de un década, y aún desde antes, una mirada política sobre la magnitud del problema y voluntad para darle respuesta. Es cierto también que en el caso de algunos grupos de mapuches la ley es rechazada como parte de un desconocimiento más amplio del Estado nacional.

El desafío es enorme y no está limitado a la valoración de los grupos más violentos. Ni siquiera este punto ha podido ser abordado seriamente. Algunas reacciones parecen más acorde con los cruces y brutalidades que registran las redes sociales que con las responsabilidades de gobierno y oposición. Ocurrió, también patéticamente, con el caso de Santiago Maldonado.

Por momentos, las posiciones son llevadas al extremo de vestir y desvestir la protesta o algunos episodios concretos según como sean imaginados. Está claro que aún el accionar de los grupos más violentos –RAM o como se denominen- no es equiparable o asimilable a los años 70, por razones de estructura, organización, orígenes ideológicos y contexto social, entre otras razones. Pero resulta también temerario rechazar la existencia de episodios violentos y negarse a investigarlos, sólo por prejuicio.

Las posiciones ideologizadas, elementalmente ideologizadas, pueden perderse en cierta polvareda discursiva o agravar el cuadro. El riesgo, en este punto, es siempre mayor para las fuerzas gobernantes. Algunos funcionarios y voces mediáticas del oficialismo deberían ser especialmente cuidadosos en sus dichos, lo cual no significa piedra libre para el resto.

¿Cómo salir de la pura retórica? De eso comenzó a hablar el Gobierno con el rionegrino Alberto Weretilneck, el neuquino Omar Gutiérrez y el chubutense Mariano Arcioni, que asumió la gobernación tras la muerte de Mario Das Neves. El punto, además de determinar la magnitud del problema, sería generar un clima real –práctico, comprobable- de respuesta a los reclamos que, se ha dicho, superan geográfica y culturalmente los límites del sur argentino. Tal vez por eso, las conversaciones sean ampliadas después a otros puntos del país.

El presupuesto sería, según empezó a admitirse en algunos niveles del Gobierno, que un clima general de soluciones negociadas y efectivas acotaría sensiblemente el margen cierto o potencial de violencia. No es poco.

La línea de trabajo no pasaría exclusivamente por aceitar la coordinación entre fuerzas de seguridad nacionales y provinciales –algo que no es nuevo y de hecho fue conversado-, sino por mejorar los puentes con las comunidades indígenas que rechazan las características de las últimas tomas pero reclaman, desde hace tiempo, soluciones en el marco de la ley ahora prorrogada. Cuestiones burocráticas, además de políticas, traban hasta el reconocimiento de organizaciones aborígenes con representación a escala comunal.

El caso planteado en Bariloche asoma como motor inmediato de la ronda de conversaciones referida. Pero además, carga con un muerto, una muy difícil negociación local y una investigación judicial que aparece comprometida de entrada.

En las últimas horas, se armó allí una mesa de diálogo entre representantes de los grupos mapuches, de algunas organizaciones sociales, de la Iglesia y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Tal vez sea una señal esperanzadora para distender el clima, aunque el cuadro es complejo: desde el organismo oficial insistieron con el abandono de las tierras ocupadas, punto que rechaza el sector que tomó un área de parques nacionales.

En el Gobierno, el malestar está concentrado en el accionar del juez Gustavo Villanueva, porque se colocó inicialmente como parte de la negociación y no al margen o por encima, sin lograr avances en el terreno. Reconocen, aunque con reservas, el papel del obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, de muy buena relación con el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Oscar Ojea, según se destaca en medios de la Iglesia.

Pero desde el ministerio de Seguridad señalan centralmente y en paralelo que el área donde se produjeron los enfrentamientos "ha sido totalmente descuidada" y eso implicaría la destrucción de evidencias, o al menos pondría en duda la efectividad de las pericias cuando se logre acceder al lugar. Afirman también que por el área han transitado concejales locales de la oposición y hasta un funcionario judicial sin jurisdicción en el lugar.

No es un señalamiento que pueda pasar inadvertido, habida cuenta de que el parte oficial afirmó que se trató de un enfrentamiento con armas de fuego. Tampoco es un dato menor en la hipótesis de que sólo los prefectos hubieran disparado. Están en juego pruebas fundamentales.

La investigación debería determinar qué sucedió en Villa Mascardi, pero el arranque no resulta alentador. Importan en ese contexto los avances en las negociaciones y no el ruido de declaraciones y rumores que circulan todos los días. Después de lo ocurrido en el caso de Santiago Maldonado, la prudencia sino el escepticismo tendría que dominar el manejo de versiones.