Los diputados enrolados en el bloque de Sergio Massa en la Provincia expresaron su rechazo al incremento en el impuesto inmobiliario urbano que, en determinados casos, llegarán con aumentos del 75%.

La vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja provincial, Valeria Arata, expresó: "Estamos en contra del revalúo que proponen desde el gobierno de la Provincia en el tema urbano, ya que hoy las valuaciones de los inmuebles se encuentran a un 10 por ciento de lo que es el valor del mercado, lo que implicaría un gran suba, no tanto en el urbano, sino en el resto de los impuestos nacionales que pueden afectar a los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires".

Y agregó: "El aumento que se propone, que es hasta un 75% de lo que se paga en la actualidad, estaría en contra de lo que proponemos desde el Frente Renovador de un ajuste por inflación. Nos oponemos ya que muchos vecinos de la provincia de Buenos Aires se van a encontrar afectado no solo al impuesto urbano, sino también a impuestos como Bienes personales, ganancias mínimas, con el nuevo planteo que está haciendo el Gobierno nacional en torno a la reforma impositiva, donde muchos trabajadores quedarían dentro del régimen de responsable inscripto en el resto de los impuesto saliendo del monotributo".

Por su parte, el legislador Pablo Garate opinó que "si bien se establece en el proyecto que el aumento del impuesto inmobiliario urbano no podrá exceder, respecto del determinado en el año 2017, los porcentajes que varían de un 40% a un 75% dependiendo de su valuación fiscal". Y de ese modo, sentenció: "Si el revalúo alcanza esta magnitud, ello repercutirá sobre muchos bonaerenses que comenzarían a tributar bienes personales y se produciría un aumento en las expensas y en los alquileres en términos proporcionales, puesto que los propietarios trasladarían los aumentos a los inquilinos".

"Aumentaría visiblemente el costo de sucesiones y escrituraciones ya que todos los gastos que ello demanda están signados por un porcentual de las valuaciones. Igualmente impactaría en tarifas de servicios públicos que van atada al precio de las valuaciones fiscales o al del metro cuadrado edificado. También tendría consecuencias negativas en las finanzas de los municipios, estimando una baja en la recaudación de las tasas municipales y un detrimento en la prestación de los servicios", completó.