La historia de la investigación periodística que sentenció la suerte de Gils Carbó

Fue recién en los primeros días de abril pasado cuando Alejandra Gils Carbó comenzó a preocuparse seriamente por la causa en la que se investigaba el pago de comisiones en la compra del edificio de la calle Perón al 600, donde funcionan desde 2013 las principales oficinas de la Procuración General de la Nación.

Hasta entonces, Gils Carbó había descartado la relación con la circulación de comisiones tal como se lo había denunciado: su ex marido Héctor Alonso no tenía vínculo alguno ni con la empresa Arfinsa, que vendió el inmueble, ni con la inmobiliaria Jaureguiberry, que cobró 7,7 millones de pesos de comisión. Y además nadie de su círculo cercano, con los que ella manejaba la Procuración, había tenido relación con lo que se investigaba. Estaban tranquilos.

Pero la primera semana de abril Infobae consiguió una información que encendió las alarmas en el entorno de la procuradora. La información indicaba que hubo un segundo pago de comisiones y que quien las había cobrado era hermano de un funcionario de la Procuración que había intervenido directamente en el proceso licitatorio que finalizó con la compra del edificio por $ 43.850.000.

El 8 de abril pasado, este medio reveló que un productor de seguros de La Plata sin relación alguna con el mercado inmobiliario había cobrado $3.000.000 de comisión que le había pagado Jaureguiberry por asesoramiento específico en la licitación del edificio de la calle Perón. El cobrador de esa cifra (500.000 dólares al cambio oficial de julio de 2013) fue Juan Carlos Thill.

Cuando fue indagada por el juez Julián Ercolini, Gils Carbó señaló que le  llegó  información  de  que  "el periodista Lavieri" estaba preparando una nota sobre la compra del inmueble de Perón,  según  la  cual  había  descubierto  que  un  intermediario  llamado  Qüin -según  entendieron-  había  cobrado  una  comisión  indebida.

Según surge en el expediente, Gils Carbó "preguntó  a  Johana  Cristallo (una de sus principales colaboradoras)  si  lo  conocía  y  su  respuesta  fue  negativa". "La  nombrada  revisó  el expediente,  verificó  que  nadie  se  llamaba  así  y  empezó  a  preguntarles  a  los intervinientes  en  el  trámite.  Cuando  preguntó  a  Bellingi  si  además  de  la inmobiliaria hubo otro intermediario, le dijo que sí, que no se llama Qüin sino Thill y que era su medio hermano. Con esa información se levantó un acta, se pidió  a  la  Secretaría  Disciplinaria  que  la  chequeara,  suspendió  a  Bellingi  y abrió un trámite disciplinario, habiéndose sentido todos muy defraudados", se precisó.

Fue en ese momento que Gils Carbó se enteró de algo que comenzó a complicar su situación en el expediente: Thill era medio hermano de Guillermo Bellingi, subdirector general de la Procuración, puesto por la procuradora a realizar la licitación bajo investigación.

Luego de la publicación en Infobae de los documentos que probaban el pago-en blanco, con cheque y facturas- de la comisión recibida por Thill, Gils Carbó a apartó a Bellingi. Hasta entonces Bellingi-luego de haber organizado la licitación- había revistado en la Procuración anti Lavado (PROCELAC) una de las oficinas mimadas por Gils Carbó desde que llegó a la Procuración de la mano de Carlos Zannini.

Cuando se confirmó el parentesco entre Thill y Bellingi comenzó a circular la versión, en cercanías de Gils Carbó, de la teoría del empleado infiel. Señalaban que Bellingi había cobrado la comisión a través de su hermano a espaldas de la procuradora.

La investigación en manos del fiscal Eduardo Taiano avanzó, y la hipótesis delictiva señala que la licitación se direccionó y que se cobraron comisiones. Bellingi-Thill cobraron porque abastecieron de información calificada a los ganadores de la licitación.

Gils Carbó fue procesada por Ercolini por administración fraudulenta. Igual que Bellingi, Thill, Jaureguiberry y Adrián González Fischer de la empresa Arfinsa. Todos negaron haber cometido delito. Salvo Bellingi y Thill quienes no declararon en sus indagatorias. Esperan ambos que termine el peritaje informático sobre las cuentas de correo electrónico de los imputados antes de decir algo.

Gil Carbó se defendió técnicamente en el expediente: lo hizo a través de varios escritos que presentó quien fuera su abogado desde el inicio mismo de la investigación Alejandro Rúa. Inculso fue él quien la acompañó a la indagatoria.

Pero también ensayó una defensa política ante los embates del macrismo. Dijo en varios reportajes que no era kirchnerista. Y luego esa defensa la trasladó al expediente. Después de su indagatoria y antes del procesamiento dictado por Ercolini, Gils Carbó cambió de abogado.

Le recomendaron, para conseguir cierto apoyo político, que dejara de lado a Rúa, ya que su calidad de defensor también de Cristina Fernández de Kirchner le generaba problemas con el peronismo tradicional.

Eligió a Carlos Arslanián, visto por la corporación política como alguien cercano al peronismo. No habría conseguido todo el respaldo político que le prometieron, y días después de las elecciones en las que se impuso el macrismo, Gils Carbó renunció.

Lejos habían quedado aquellos días de abril cuando se enteró que un funcionario designado por ella estaba envuelto en una sospecha de cobro de comisiones. Hasta entonces no aparecían problemas penales en su camino.