Contraofensiva judicial del Gobierno: avanzan las demandas de funcionarios contra sus denunciantes

Al único que decidieron dejar afuera de la avanzada es a Mauricio Macri. No es una buena señal, concluyeron. Para el resto de los funcionarios, vía libre para la contraofensiva judicial contra los que en la Casa Rosada denominan "denunciadores seriales", una maniobra que está bajo supervisión de Fabián Rodríguez Simón, diputado del Parlasur y asesor jurídico de extrema confianza del Presidente.

Cuando empezaron a proliferar las denuncias contra funcionarios y dirigentes macristas, la cúpula del oficialismo decidió responder judicialmente contra los denunciantes, siempre y cuando las causas pasaran al archivo. La contraofensiva judicial de la Casa Rosada está amparada, según explican, bajo los conceptos de "temeridad" -en la jerga, cuando el que litiga no tiene fundamentos para hacerlo y aún así lo hace- y "real malicia", es decir, cuando hay mala fe. Un cambio de paradigma respecto de la anterior gestión, que, con excepciones, prefirió mirar para el costado ante la catarata de presentaciones judiciales contra ex funcionarios. Tal vez porque muchas de ellas sí tenían sustento. La semana pasada, por caso, pasaron por el banquillo de los acusados el ex ministro Julio De Vido y el ex vicepresidente Amado Boudou, dos iconos de la corrupción K.

El primero que hizo uso de la contraofensiva judicial fue el ministro Germán Garavano: demandó civilmente por "daños y perjuicios" por $2 millones al diputado Rodolfo Tailhade, uno de los tres "denunciadores seriales" en la mira del oficialismo. Los otros son Fernando Míguez, de la Fundación Por la Paz y el Cambio Climático, y el abogado Leonardo Martínez Herrero.

Garavano se presentó hace poco más de dos semanas en la mediación en Viamonte al 800, en Tribunales, la instancia previa al inicio de las acciones legales. Junto a su abogado Esteban Conte Grand esperó por 40 minutos a Tailhade, que nunca apareció y que lo había denunciado en la Justicia federal por considerar que pergeñaba un pacto de impunidad con los directivos de la brasileña Odebrecht.

El diputado del Frente Para la Victoria había incluido en su presentación, desestimada por el fiscal Federico Delgado -la calificó de "cinematográfica"- al Presidente y a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. Según su entorno, el ministro iniciará el mes próximo las acciones legales.

Mañana será el turno de Mario Quintana. El vicejefe de Gabinete tiene previsto verse cara a cara en la mediación con Míguez, al que demandó tras la denuncia presentada en marzo de este año por el llamativo presidente de la Fundación Por la Paz y el Cambio Climático vinculada a un acuerdo entre el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) y la oficina de patentes de los Estados Unidos para el supuesto beneficio de laboratorios extranjeros.

La denuncia, ya archivada, incluía también al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y a Gustavo Lopetegui. Según confiaron a este medio, Lopetegui es otro de los que se apresta a iniciar acciones legales en los próximos días.

El tercero de los dirigentes macristas que avanza en la contraofensiva judicial del Gobierno es Rodríguez Simón, más conocido por su apodo, "Pepín".

El abogado de confianza de Macri había sido denunciado por Tailhade, que amplió la presentación inicial realizada por el abogado Martínez Herrero contra la vicepresidenta, Gabriela Michetti, ni bien se conoció el robo de varios miles de pesos y dólares que atesoraba en su casa, y que tuvo lugar el día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en noviembre del 2015. La ampliación de Tailhade incluyó, entre otras, a la fundación Pericles, a cargo de Rodríguez Simón, a la que vinculó con un prostíbulo.

En abril, el juez federal Ariel Lijo archivó la investigación sobre el origen del dinero robado a la vicepresidenta y, en consecuencia, las pesquisas sobre la fundación Pericles. Rodríguez Simón y Tailhade deberían verse las caras frente a la mediadora el lunes 23 de octubre. Un día después de las elecciones.

En la Casa Rosada no quieren hacer olas, aunque según confiaron hay más funcionarios que estudian sumarse a la contraofensiva. Se esfuerzan por remarcar, sin embargo, en que no es una estrategia oficial, aunque cuente con el visto bueno del jefe de Estado.

Dicen que es en respuesta a lo que Macri tildó en reiteradas oportunidades como "la cultura de mentirle al juez". Es solo una parte, en todo caso, de la estrategia del Gobierno en la relación con la Justicia, analizada en el laboratorio de la "mesa judicial" que rodea al Presidente. Después de las elecciones habrá especial énfasis en el estudio sobre cómo avanzar, reformar e interactuar con los jueces federales de los tribunales de Comodoro Py, la Corte Suprema y la procuradora Alejandra Gils Carbó, sobre quien se barajan varias alternativas. Una de las razones por la que, a partir del 10 de diciembre, el diputado Fernando Sánchez, íntimo de Elisa Carrió, se mudará oficialmente a la Casa Rosada.