Efecto 'Masacre de Las Vegas': ¿Cómo funcionan los permisos de portación de armas en la Argentina?

"La masacre de Las Vegas debe ser un llamado de atención para todos. Incluso para la Argentina, donde estamos en las antípodas de tener un sistema tan abierto como Estados Unidos para la tenencia de armas". Natalia Gambaro, directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), es quien evalúa el impacto de la balacera protagonizada por Stephen Paddock y quien acaba de diseñar todo un programa para ejercer mayores controles en la tenencia y portación de armas en la Argentina. A la vez, lidera el plan de destrucción de armas más ambicioso en la historia del país.

En la Argentina hay un total de 1.562.332 armas registradas en la ANMaC, de las cuales el 84% pertenecen a usuarios civiles. Además, el 96,5% de los usuarios civiles son hombres y el 3,4%, mujeres. Pero el mayor problema radica en la gran cantidad de armas ilegales que circulan en el país y para las que no hay una cifra estimada actualmente. "El mercado ilegal de armas representa un problema significativo, sobre todo por su estrecha vinculación con la consolidación del crimen organizado", destacó Gambaro en diálogo con Infobae.

Resulta difícil evaluar desde el ANMaC una estadística de las armas ilegales circulantes aunque se estima que existe un ejemplar ilegal por cada arma registrada. Las fuentes del mercado ilegal son variadas. Entre las principales se encuentran los robos a arsenales de las fuerzas armadas, depósitos policiales o judiciales, casas de particulares y el contrabando, especialmente desde países limítrofes.

Para esa problemática hay un plan en marcha llamado "Programa de Desarme a nivel Federal". Articula a las autoridades provinciales, el Poder Judicial y la Agencia Nacional de Materiales Controlados para la destrucción de armas involucradas en procesos judiciales y la cooperación con las Fuerzas de Seguridad para la destrucción de armas de fuego del resultante de baja de dotación policial.

En 2016 se destruyeron 46.000 armas. El 54% correspondía a bajas de dotación policial o habían formado parte de un delito. Para este año se apunta a eliminar otras 32.000, con lo que Gambaro estima que hacia los dos primeros años de su mandato al frente del ANMaC habrá más de 70.000 armas destruidas del circuito ilegal o legal. Todo esto se logrará gracias a la participación de la sociedad civil a través del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. La destrucción de armas de fuego es el único método que garantiza su erradicación, convirtiéndolas en hierro fundido como resultado, ninguna de sus partes puede ser reutilizada.

La Agencia Nacional de Materiales Controlados implementó una política proactiva: ir a buscar las armas que se encuentran actualmente en depósitos judiciales o policiales y aquellas cuyas condiciones de resguardo muchas veces pueden permitir que se filtren al mercado ilegal, ya sea por robo hormiga o por directas acciones delictivas en estos espacios con el único objetivo de robo de armamento.

Pero esta es una parte de la historia. El otro gran problema que tuvo que enfrentar el Gobierno en este último año es el de la unificación del sistema de otorgamiento del apto psicofísico para acceder a la tenencia y el fortalecimiento del control de ingresos y egresos de materiales controlados.

La ANMaC acaba de inaugurar un programa de permisos de portación y tenencia de armas civiles que implicará un cambio de raíz en la Argentina. Hasta el año pasado había controles muy laxos para controlar la portación. Hasta el momento, cualquier ciudadano que quisiera comprar y portar un arma podía recurrir a los 23 psicólogos de las 29 armerías que había en el país para obtener un apto. Así, se comprobó que había muchos aptos psicológicos que no estaban bien hechos, los test eran muy discutibles y aquellos que eran rechazados en un lugar podían recurrir a otro hasta obtener un permiso.

Desde hace unos meses, la ANMaC llamó a una licitación pública para que solo sea una prestadora única la que otorgue los certificados y aptos para la tenencia y portación de armas. El sistema fue muy cuestionado por las armerías que tenían hecho un circuito aceitado alrededor de este negocio.

Lo concreto es que ahora se exige una identificación biométrica del peticionante, los exámenes psicológicos son más exigentes y aquellos que son rechazados por algún motivo solo pueden volver a pedir el permiso en 180 días. La prestadora que ganó la licitación es la misma que ofrece los aptos para la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, la ANMaC logró resolver una problemática latente.

Además, se realizan programas de concientización y sensibilización sobre desarme y control de la proliferación de armas de fuego en la sociedad; se capacita a las organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, organizaciones territoriales, barriales, medios de prensa, nacionales o internacionales. También se busca un espacio de reflexión para sensibilizar a los jóvenes sobre los riesgos que implican las armas de fuego en manos de civiles y cuestionar las representaciones sociales y creencias de sentido común sobre las armas que legitiman, e incluso promueven, prácticas que ponen en riesgo a la ciudadanía.

"Estamos lejos de tener un sistema de proliferación de portación de armas como el de Estados Unidos. Pero para esto no hay que minimizar la problemática nuestra y trabajar en dos campos: los controles duros y la concientización para el desarme", señaló Gambaro a la luz de los hechos de Las Vegas.

LEA MÁS

La Policía investiga una enigmática nota encontrada en la habitación del tirador de Las Vegas