En los cuarteles ven con reticencia la idea del Gobierno de utilizar las Fuerzas Armadas contra el terrorismo y el narco

(Gustavo Gavotti)
(Gustavo Gavotti)

Los planes del Gobierno de que las Fuerzas Armadas participen de tareas relacionadas con la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, dados a conocer este domingo por Infobae, agitarán las aguas dentro y fuera de los cuarteles.

Un sondeo entre los uniformados sobre la iniciativa del macrismo permite apreciar posturas contrapuestas con argumentos diversos. Bajo presupuesto, entrenamiento debajo del estándar deseado, material obsoleto -cuando no inoperable-, éxodo de personal a la aviación comercial, marina mercante o hacía la nueva fuerza policial de la ciudad de Buenos Aires resultan por estos días moneda corriente en las filas de la Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

La noticia difundida por Infobae -una discusión que, cada tanto, la política "amaga" con dar- es materia corriente de debate en los casinos militares desde hace tiempo. Más allá de que el poder político dio señales de que nada se hará sin las modificaciones legales correspondientes, la "pesada herencia" de los 70 aún resuena con fuerza puertas adentro de las unidades castrenses.

"No puedo dejar de pensar en tantos camaradas que teniendo muy baja jerarquía, hoy purgan penas por haber cumplido órdenes que parecían legales en su momento y que luego fueron consideras ilegítimas por parte de la Justicia, llevando al banquillo tanto a jerarcas como a sus subordinados", sostuvo un oficial superior en situación de retiro en diálogo con este medio y agregó: "Se deberán modificar desde resoluciones ministeriales hasta leyes, por ejemplo la que determina que las FFAA solo deben intervenir ante agresiones extranjeras de carácter estatal".

En el mismo sentido, un oficial naval en actividad se preguntó: "¿Qué pasaría si llegado el caso de actuar en el terreno frente a una banda narco, en mediano o largo plazo algún juez considera que hubo un exceso o que no se respetaron las garantías de los detenidos?". Además, sostuvo que de ningún modo se sentía capacitado para realizar tareas policiales.

"La sociedad debe ser informada, esclarecida y si es necesario tomar activa participación en la decisión de cuál debería ser el nuevo rol de sus fuerzas armadas. El mundo cambió, toda la región excepto Uruguay emplea a sus militares como complemento de la labor policial en materia de delitos complejos o de terrorismo", dijo un oficial de la Fuerza Aérea en actividad.

En el pasado, algunas fuerzas policiales estuvieron sometidas al poder militar: hasta el advenimiento de la democracia en 1983, la Gendarmería dependía del Ejército, la Prefectura Naval de la Armada y la Policía Aeronáutica de la Fuerza Aérea. Ninguno de los oficiales consultados se atrevió a anticipar cómo podría funcionar una operación conjunta en la que el personal policial esté al mando y los militares cumpliendo órdenes, aunque un coronel consultado aseguró: "Deberemos guardar el orgullo para otro momento".

Entre los consultados hubo consenso respecto de que la cada vez más frecuente interacción de las fuerzas con el resto de la sociedad solo depara muestras de aprobación y apoyo hacia los uniformados. Desde los dos últimos desfiles militares en Av. Libertador, hasta las diversas jornadas de puertas abiertas que sobre todo realiza la Armada, hasta la ayuda en situaciones de emergencia, las actividades se realizan en un marco de aceptación y cordialidad con la sociedad civil. Aunque, claro, "esto es otra cosa", se apuran a aclarar.

Las fuentes consultadas destacaron la necesidad de fijar muy severamente los límites: "Intervendremos en el narcotráfico… ¿Quién define el volumen de tráfico que nos habilitará a actuar? ¿Es lo mismo el narcomenudeo, el dealer o el traficante mayor?", preguntó un oficial de la Marina. "Nosotros nos formamos en instituciones donde la droga era malapalabra y causal de expulsión. Hoy convivimos con ella en los cuarteles", añadió otro. La misma pregunta se hizo un almirante consultado: "¿Qué entendemos por terrorismo? ¿La quema de vehículos frente al Ministerio de Seguridad bonaerense, las revueltas Mapuches o la amenaza de ISIS?".

Otro de los temas que generan reticencia tiene relación a la necesidad de la actuación "interagencia", "algo en lo que no tememos mucha experiencia", señalan.

"Dejamos de ser funcionarios públicos para ser empleados públicos. No se nos consulta prácticamente para nada de lo que tiene que ver con nuestra profesión, venimos de años de poca actividad, poca iniciativa, poco pensamiento estratégico, ausencia en todo tipo de foros, en fin de ser poco menos que mala palabra", sostiene otro almirante en actividad.

Fuentes de defensa consultadas manifestaron su acuerdo con la segura controversia que esta iniciativa puede traer aparejada, pero saludaron la posibilidad de instalar el debate: "nada podrá hacerse sin generar previamente un amplio consenso en la materia".

En ese sentido, existe un antecedente: la nunca tratada "Ley de Derribo" también fue objeto de consulta a pilotos de la Fuerza Aérea. En aquella oportunidad, por abrumadora mayoría los uniformados manifestaron severísimos reparos a la iniciativa, pues para un militar derribar a un civil desarmado lo aleja de su razón de ser y lo expondría a una eventual situación judicial muy delicada.

En los último años, la determinación de la supuesta ausencia de hipótesis de conflicto vació de contenido buena parte de la razón de ser de las Fuerzas Armadas. Las misiones de paz, bajo el patrocinio de Naciones Unidas, la ayuda en tareas sociales o ante catástrofes naturales, la actividad antártica y algunas tareas subsidiarias a la seguridad son los pilares en los que se apoya el grueso del personal militar en actividad. Mientras que la Armada mantiene cierta presencia en temas relacionados con la salvaguarda de la vida humana en el mar, la formación y titulación de Marinos Mercantes y un papel complementario en el control de la pesca ilegal, la Fuerza Aérea perdió hace años el control de la Aviación civil y comercial y su potencial aéreo ha quedado reducido a una mínima expresión. Del mismo modo, al Ejército le ha costado encontrar una función en tiempos de democracia, por las limitaciones impuestas por la Ley de Seguridad Interior.

En la actualidad, el 90% del presupuesto militar de $ 150.000.000.000 anuales se destina al pago de salarios y el 10% restante se reparte en gastos corrientes de funcionamiento de las dependencias militares, mantenimiento edilicio y medios operativos. "Lo que queda para operación militar y reequipamiento es exiguo", explicaron desde el Ministerio de Defensa.

El ministro Oscar Aguad -reemplazante de Julio Martínez- pretende llevar a cabo una reestructuración militar que consiga redimensionarlas, prescindiendo no sólo del personal "pasado de antigüedad" sino además con una gran cantidad de retirados vueltos al servicio, nombramientos docentes que enmascaran agentes realizando tareas administrativas e incluso el eventual cierre de unidades no funcionales y reagrupamiento de otras.

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