Responsabilidad penal empresaria: el Gobierno pidió al Senado incluir el artículo que rechazó Diputados

La titular de la Oficina Anticorrupción (AO), Laura Alonso, pidió que el Senado restituya el artículo 37 del proyecto de ley de responsabilidad empresaria que fue rechazado en la Cámara de Diputados. La funcionaria sugirió esa y otras modificaciones ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que este martes comenzó a analizar el proyecto que impulsó el Ejecutivo.

El punto 37, que permitía que empresas involucradas en casos de corrupción celebren "acuerdos administrativos" con el Ejecutivo para brindar información sin intervención de la Justicia, fue rechazado por mayoría en la Cámara baja contra los deseos del interbloque de Cambiemos. En esa sesión, los legisladores de la oposición consideraron que el artículo -al que denominaron "cláusula Odebrecht"- es inconstitucional y acusaron al Gobierno de querer "atribuirse cuestiones que no le pertenecen".

Hoy Alonso remarcó a los senadores que el artículo "no es inconstitucional, que no es alocado y tiene sentido" y planteó  la necesidad de reincorporarlo más allá de su implicancia en el caso "Lava Jato". En este marco, estimó que es importarte "abrir un canal institucional que le podría permitir a muchas empresas, asociaciones o mutuales, que pueden haber participado en casos de corrupción, denunciar estos actos".

"No se pide que se suspenda ningún proceso penal", aclaró la funcionaria. Y agregó que "lo que si busca el artículo 37, que no fue aprobado, es generar un acuerdo administrativo que permita obtener información sobre (tanto de) personas físicas como del sector público que hayan participado en casos de corrupción" para generar las sanciones correspondientes.

A su vez, la titular de la OA sugirió a la comisión, que preside el senador Pedro Guastavino (PJ-FPV), dar marcha atrás con otras reformas en el articulado que se le introdujeron en la Cámara baja.

En particular, Alonso, quien acudió a la reunión junto al director nacional de Política Criminal, Carlos Gónzález Guerra, se refirió al objeto de la ley plasmado en el artículo 1, ampliado a propuesta de la diputada Mónica Litza (Frente Renovador). Para la funcionaria, la reforma "ha sido excesiva y quizás se pierde en la reforma de Diputados el objetivo y el espíritu para el cual fue pensado y diseñada esta ley".

En otro orden, Alonso también rechazó el cambio practicado en el artículo 20 referido al acuerdo de "colaboración eficaz", al considerar que al Poder Ejecutivo le parece "importante clarificar en el primer párrafo que si una persona jurídica decide celebrar un acuerdo de colaboración eficaz a cambio de información precisa y comprobable, es importante que quede claro que es a cargo de suspender la persecución".

Por otra parte, Alonso reinvidicó la desechada redacción del cuarto párrafo del mismo artículo del dictamen de mayoría que firmó Cambiemos en la Cámara baja, con el argumento de que "trae a la mesa de la negociación la procuración del Tesoro de la Nación". "Es importante que participe para generar el saneamiento de los actos viciados", manifestó.

Por último, Alonso consideró apropiado reconsiderar el aumento de penas que dispuso Diputados en el artículo 35.

Como aspectos positivos de la legislación en estudio, la titular de la OA destacó que fija la "independencia de las acciones", permite que "la persona física puede o no ser condenada mientras que la persona jurídica tiene un proceso independiente" y "deja en claro qué pasa cuando una empresa cambia de manos" en cuanto a la "responsabilidad sucesoria".

Con información de DyN

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