El gobierno nacional intervino en la negociación para intentar destrabar el conflicto docente de Santa Cruz

La secretaria general de la gobernación santacruceña y los gremios fueron recibidos en la Casa Rosada por los ministros del Interior, Rogelio Frigerio y de Educación, Esteban Bullrich

El cronograma marca que la semana que viene deberían empezar las vacaciones de invierno en Santa Cruz, pero los chicos santacruceños ni siquiera pudieron comenzar las clases a causa de los más de 80 días de paro docente que llevan adelante los gremios en reclamo de la apertura de las paritarias por parte del gobierno de Alicia Kirchner.

Como el conflicto parece estancado, el gobierno nacional se ofreció como "garante" para destrabar el conflicto docente. El primer paso de esa colaboración fue citar a las partes a la Casa Rosada. "La Nación se presenta como garante de esta situación, porque obviamente desde el Ministerio del Interior saben cuál es la situación económica y financiera de la Provincia", aseguró la secretaria general de la Gobernación santacruceña, Claudia Martínez.

Del encuentro que se realizó en la Casa Rosada participaron los secretarios generales de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), Pedro Cormack; de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Héctor Cova; y el titular de AMET-Santa Cruz, Raúl Robles; así como también representantes de CTERA. "Todos los espacios de diálogo son significativos. En Santa Cruz no los hemos tenido y hacemos responsable a la Provincia", destacó Cormack.

En representación del Gobierno nacional estuvieron los ministros del Interior, Rogelio Frigerio; y de Educación, Esteban Bullrich; y su sucesor, Alejandro Finocchiaro. La mesa volverá a reunirse el próximo lunes en la Casa Rosada ya con Finocchiaro al frente del Palacio Pizzurno.

Los gremios docentes iniciaron esta semana con un nuevo paro de 120 horas. El congreso de la Adosac, el gremio mayoritario en la provincia, decidió "rechazar el accionar del Gobierno provincial, que agudiza el conflicto con los descuentos indiscriminados, el congelamiento salarial y la criminalización de la protesta social, a través de resoluciones, amenazas y denuncias dirigidas exclusivamente a disciplinar a nuestro sector".

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