Por ahora parece el juego del Gran Bonete. La Justicia todavía no pudo identificar al autor ideológico de la maniobra judicial contra la diputada Elisa Carrió, acusada con un mismo libreto por dos personas distintas. La jugada se terminó derrumbando con la declaración de un humilde albañil. El hombre reveló que le pagaron $1500 para acusar a la principal aliada del Gobierno. La investigación contra los responsables recién arranca y encima podría trabarse por una cuestión de competencia entre dos jueces.

La operación judicial se cayó a fines de mayo, cuando el albañil, Saúl Enrique Paz, se presentó ante el juez federal Daniel Rafecas y contó que le habían pagado para estampar su firma en un papel. No tenía idea que estaba denunciando a Carrió de enriquecimiento ilícito. "A mí una persona conocida del barrio a quien conocí jugando al fútbol en la cancha del barrio, Alan González, me pidió que saliese de testigo", dijo en Comodoro Py.

Lo más grave es que ya se había presentado una segunda denuncia contra la diputada, idéntica a la anterior. En este caso la firmó el abogado Mariano Valdez, con pocos antecedentes en los pasillos de Comodoro Py.

Ante la contundencia del testimonio del albañil, que tiene custodia policial, Rafecas desestimó las dos denuncias y pidió abrir una investigación para determinar quién estuvo detrás de semejante maniobra. Esa causa tramita ahora en el juzgado de Claudio Bonadio.

El expediente ya sumó el testimonio de una persona identificada como Alan Álvarez, quien se presentó ante un trascendido periodístico para declarar que no tenía vinculación con el albañil, aunque ambos viven en la localidad de Pilar, ni con Alan González, el peruano que le habría pagado.

Álvarez es consejero escolar por el Frente Renovador. Ante la Justicia, aportó el dato de una persona que podría estar detrás de la maniobra y que tiene antecedentes penales por participar de una banda de "caranchos". "Se encarga de reclutar supuestas víctimas en el barrio", dijo Álvarez.

Ese testimonio, según pudo saber Infobae por fuentes judiciales, desembocó en un allanamiento en la comisaría 1 de Pilar para secuestrar documentación vinculada con diversos accidentes de tránsito. Pero todavía no hay datos ciertos del supuesto autor intelectual de la maniobra contra Carrió, que ya pidió ser querellante en esa causa.

Aunque todavía está en sus comienzos, la causa podría cambiar de juzgado por una cuestión de competencia. Ocurre que la jueza María Servini investiga una denuncia de Carrió por la amenaza sufrida durante la campaña electoral de 2015, cuando se encontraron tres balas, calibre 38, en un acto de la Coalición Cívica.

Alicia Terada, Lucila Lehmann, Elisa Carrió, Marcela Campagnoli y Héctor “Toty” Flores
Alicia Terada, Lucila Lehmann, Elisa Carrió, Marcela Campagnoli y Héctor “Toty” Flores

Junto con las balas había una carta que mencionaba a su entonces precandidato a vicepresidente, Héctor "Toty" Flores, y a la diputada Marcela Campagnoli, referente de Pilar.

En marzo, Carrió hizo una declaración reservada en la causa y sumó una nota publicada en el portal Seprin que hablaba de su familia. En ese momento, vinculó ambos hechos y dijo que eran parte de una misma campaña. El testimonio recién ahora fue notificado al fiscal Jorge Di Lello.

Ahora la Justicia analiza si la causa de Servini podría unificarse con la de Bonadio. Mientras tanto, los responsables de la maniobra contra Carrió gozan de impunidad.