El Gobierno quiere una campaña en blanco y descentralizada

(Prensa Cambiemos)
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Mauricio Macri pidió que el financiamiento de la campaña legislativa sea todo en blanco, descentralizado y lo más austero posible. Así lo terminó de resolver hace unas semanas, tras una reunión con su jefe de Gabinete, Marcos Peña, y José Torello, jefe de Asesores y apoderado del PRO.

Aunque parezca obvia, la intención de blanquear al máximo la campaña de este año está ligada a los coletazos del escándalo Odebrecht, que enchastró el financiamiento de la política en América Latina, y esconde lo que se refleja hasta en los papeles: que la financiación del PRO y del resto de los partidos de nuestro país estuvo en los últimos años plagada de irregularidades. Lo dijo durante la semana Samuel Issacharoff, ex asesor legal de Barack Obama, en un encuentro en CIPPEC: "En Argentina es imposible organizar una campaña dentro del marco de la ley". En el Gobierno tomaron nota. Aunque las leyes vigentes van en contra de la búsqueda de blancura de la Casa Rosada.

Entre semana, Peña, Torello, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis, analizaron números y cuestiones de logística vinculadas a la campaña durante un almuerzo en Casa Rosada. Como había publicado Infobae, la legisladora Carmen Polledo -que ocupará un lugar en la lista de diputados nacionales- tendrá un rol importante en la mesa que se encargará de tramitar los aportes para las campañas de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. El jefe de Gabinete de María Eugenia Vidal, Federico Salvai, pidió no encargarse de ese rubro cuando aceptó la jefatura de la campaña bonaerense. Es que, para colmo, Nicolás Caputo, el más íntimo de los amigos del Presidente, ya no está cerca de la ingeniería de la recolección de fondos. El propio Macri reveló en un libro que se ocupó desde la creación del PRO del fundraising y la logística. Ambos almorzaron a solas el martes en la Casa Rosada.

Según confiaron altas fuentes partidarias, el Gobierno planea una campaña austera. "Nos pidieron recorrer el conurbano en 'Fitito'", exageró un ex funcionario que será candidato en uno de los municipios de la tercera sección electoral del Conurbano bonaerense. La Casa Rosada bajó línea a sus candidatos de moverse sin estridencias durante la campaña. De hecho, el plan es ajustar los gastos. Respecto a las boletas, por ejemplo -uno de los grandes gastos-, pronostican la impresión de tres padrones, al menos en el Conurbano. En el 2015 fueron cinco en algunos distritos. "Pensamos incluso gastar menos de lo permitido, calculamos unos 500 millones de pesos", explicaron. El tope de este año, según resolvió la Cámara Nacional Electoral, es de 710 millones de pesos: 236 millones para las PASO y 474 millones de pesos para las generales de octubre.

A diferencia del 2015, el oficialismo no hará este año cenas de recaudación a nivel nacional, como publicó el diario Clarín hace algunas semanas. Sí habrá eventos provinciales o municipales, acorde con la descentralización de la campaña que pidió la Casa Rosada. En los próximos días, por caso, habrá una cena en Tigre con alguno de los principales candidatos de la provincia de Buenos Aires. Esperan recaudar medio millón de pesos.

En los últimos días, los responsables de la campaña empezaron a reunirse con los apoderados provinciales para adoctrinarlos en relación a los lineamientos a seguir para la recolección de aportes y emprolijar las cuentas. Y empezaron a montar estructuras en torno a los principales candidatos, como Héctor Baldassi, que encabezará la lista en Córdoba. El miércoles, después del tradicional partido de fútbol en la Quinta de Olivos, el ex árbitro se quejó por los tironeos con los radicales y la demora en el inicio de la campaña. Paradójicamente, el Gobierno demora la campaña para acortarla. Es, en ese sentido, otra manera de ahorrar gastos. A diferencia del 2015, el PRO ahora cuenta con la gestión nacional y provincial. El macrismo prefiere hablar de gestión y no de campaña, como si en año electoral no fueran lo mismo.

En paralelo, los cerebros de la estrategia electoral apuran la donación de aportes de los funcionarios a través de la web, que se transfiere a la cuenta del partido y que asciende, según confiaron, a unos 700.000 pesos mensuales. Apuntan a juntar casi el triple, unos 2 millones de pesos, en los meses más fuertes de la campaña.

Hace unos días, el fiscal Jorge Di Lello pidió no aprobar los balances del PRO y del Frente Para la Victoria del 2015 por irregularidades detectadas por la Cámara Nacional Electoral a través de diversas auditorías, según publicó el diario La Nación. El fiscal investiga además los 500.000 pesos que Braskem S.A., controlada por la brasileña Odebrecht, aportó al PRO en el 2015. A dos semanas del cierre de listas y a dos meses de las primarias.

En los últimos meses, la Casa Rosada impulsó el debate en torno a la modificación de la ley que regula el financiamiento de los partidos políticos, un proyecto que ya está terminado y que el Gobierno terminó de consensuar con distintas organizaciones, legisladores y jueces. La provincia de Buenos Aires avanza en el mismo sentido: Guillermo Castello, diputado provincial de la Coalición Cívica, tiene en su despacho un borrador con el proyecto de ley de "financiamiento de los partidos políticos y agrupaciones políticas municipales en la provincia de Buenos Aires". Castello responde a Elisa Carrió.

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