Otra maniobra sospechosa de la procuradora Alejandra Gils Carbó

“Lo llamativo de la resolución –y que deberá investigarse- es que la contratación se realiza en forma directa por exclusividad, es decir, se contrata de esta manera ‘al no haber en toda la ciudad’ un edificio que cuente con las características requeridas, dejando de lado la regla establecida por la Procuración en torno a que la contratación se realice mediante el mecanismo de licitación pública”, sostuvo Pettigiani.

La denuncia sostiene que las autoridades de la Procuración General podrían haber cometido los delitos de incumplimiento en los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la Administración, evasión tributaria y lavado de dinero.

La supuesta “urgencia” que la Procuración adujo para eludir la licitación se basaba en que las oficinas de los fiscales ubicadas en la Av. Colón 1090 debían ser desalojadas. Sin embargo, ese inmueble por el que se pagaban $ 34.800 mensuales de alquiler tenía el contrato vencido desde septiembre del 2014. A partir del 31 de octubre de 2015, la Procuración se comprometió a pagar 5 mil pesos diarios de multa si no lo desocupaba.

Ante esta situación, la Procuración a cargo de Gils Carbó hizo “un amplio relevamiento de la oferta inmobiliaria en la ciudad de Mar del Plata”, pero terminó descartando decenas de inmuebles porque “no cumplían adecuadamente” con los “requisitos necesarios”. La elección se hizo entonces entre dos propiedades: un edificio ubicado en la calle Alsina fue descartado a instancias del fiscal Daniel Adler, allegado a Gils Carbó.

Así, el único edificio que la Procuración consideró que cumplía los requisitos era el de Independencia 3179, propiedad de Dale Nena SRL. La resolución 43/2016, firmada por el Director General de la Secretaría de Administración, Jorge Argüello, admitía que la ocupación del lugar sería “parcial”, y que el monto que pagarían dependería del cumplimiento de un “cronograma de entrega” del inmueble. La mudanza se produjo cuatro meses después de la firma del contrato de alquiler, en enero de 2016.

“Según informa la resolución en análisis, se firmó, con fecha 14 de septiembre del 2015, una Carta Intención de locación mientras que el traslado se produjo recién a fines del mes de enero, atento que el edificio no estaba en condiciones. Es decir que, al menos, transcurrieron cuatro meses desde que se firmó la carta intención hasta el efectivo traslado del edificio por lo que la elusión del llamado a licitación pública que, recordemos, tiene por objeto obtener la mayor cantidad posible de ofertas entre las cuales seleccionar la más conveniente, no resultaría justificada por la urgencia”, sostuvo el fiscal federal.

Pettigiani añadió que es “llamativo” que, pese a la urgencia, la Procuración eligió “un edificio que no estaba terminado, inhabitable al momento de la carta de intención, debiendo la Procuración afrontar detalles vinculados a la terminación y, durante meses, abonar una altísima multa a partir del acuerdo de desalojo firmado con los propietarios de la Villa Normandy, anterior edificio, que ascendería a $5.000 diarios. El segundo punto que debería despejarse, tiene que ver con quien resultaría el verdadero propietario del inmueble locado, atento que el beneficiario del contrato resulta ser Dale Nena SRL”. Para el fiscal, los integrantes de Dale Nena SRL son “aparentemente personas sin capacidad comercial” ni “antecedentes personales que pudieran justificar” el millonario contrato que pactaron con la Procuración.