Elisa Carrió aportó nuevas pruebas a la investigación sobre la compra de un edificio de la Procuración

Los diputados de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Fernando Sánchez se presentaron ante la Justicia para pedir el avance de la investigación sobre el uso del presupuesto de la Procuración General de la Nación, y aportaron nuevas pruebas para el caso de la compra de un edificio para el Ministerio Público Fiscal.

Se trata de una investigación distinta a la que lleva adelante el juez federal Julián Ercolini por la compra del edificio donde funciona actualmente la Procuración General de la Nación, ante la sospecha de pago de comisiones indebidas y sobreprecios.

En el escrito que presentaron, los diputados pidieron que el juez Rodolfo Cresseri investigue las compras y locaciones realizadas por la Procuración, específicamente "la adquisición del inmueble ubicado en Corrientes 1615 (licitación pública 7/2015); la compra del mobiliario sito en Corrientes 1615, P.G. y 7° piso; la Addenda del contrato de locación celebrado con VBR Group S.A. firmada con fecha 17 de diciembre 2015; (y) la adquisición de un inmueble con destino a la Dirección de Apoyo Técnico a las Investigaciones Fiscales (DATIF) y la locación del edificio ubicado en Perú 143".

Carrió y Sánchez aseguraron que el caso del contrato con el VBR Group "permitió que a fines del año 2015 se realizara una transferencia hacia la Cuenta Corriente radicada en el Banco de la Nación Argentina del importe de $11.067.863,29 a favor del Ministerio Público Fiscal referido a diecinueve órdenes de compra, que corresponderían a trece expedientes de dicho organismo".

"La citada transferencia fue autorizada por la Procuración General de la Nación, hecho que permitió, de manera excepcional y en contravención con la normativa vigente, aplicar fondos y efectuar pagos en el marco del presupuesto 2015, respecto de ejercicios futuros, es decir pagando gastos comprometidos pero no devengados en el 2015, lo que contrapone lo prescripto por la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional)", detallaron Carrió y Sánchez.

En la presentación, los legisladores consideraron que es clave que se investiguen esas maniobras ya que "se realizaron sin observar la normativa y los procedimientos aplicables y que permitieron un dispendio de dinero por muebles e inmuebles que no se llegaron a utilizar, además de usar presupuesto para ejercicios futuros, lo que contraviene la ley 24.156″.

"Nos encontramos ante gastos vinculados con cuantiosas operaciones mobiliarias e inmobiliarias que se realizaron de manera irregular y sin observar, como mínimo, los principios de economía, eficiencia y eficacia en el ejercicio presupuestario, circunstancia que debe ser investigada, a los fines de establecer o deslindar responsabilidades", concluyeron.

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