El Gobierno respaldó el fallo de la Corte que avala el arresto domiciliario para un condenado por crímenes de lesa humanidad

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, aseguró que la decisión del máximo tribunal “muestra que en la Argentina hay igualdad de derecho para todos”

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Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos
Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos

El Gobierno defendió este miércoles el fallo de la Corte Suprema que avaló el arresto domiciliario para un militar condenado por delitos de lesa humanidad y calificó como "una buena señal de madurez cívica" la medida judicial, que fue cuestionada desde algunos organismos de derechos humanos.

"Entendemos que el fallo de la Corte que permitirá el arresto domiciliario a un militar condenado y, ya que por ley le corresponde ese derecho, es una buena señal de madurez cívica y una muestra de que la Argentina está apegada a la ley más allá de a quién le corresponde el beneficio de la medida", expresó a Infobae Claudio Avruj, el secretario de Derechos Humanos del Gobierno.

Por otra parte, Avruj dijo que la decisión de la Corte de revocar el fallo que le negaba el arresto domiciliario a un militar condenado por delitos de lesa humanidad "es un salto cualitativo de la Argentina ya que se muestra el derecho de igualdad para todos los argentinos ante la ley y permite que no haya una violación de los derechos humanos para quienes reclaman el cumplimiento de la ley".

Si bien el secretario de Derechos Humanos aclaró que el apoyo del Gobierno a la decisión de la Corte "no exculpa ni avala las atrocidades cometidas por los militares durante la dictadura que condenamos desde siempre", la medida judicial "responde a un gesto de madurez cívica" del país en cuanto a "la igualdad de condiciones para todos".

infobae

El fallo del máximo tribunal alcanza al teniente coronel retirado Felipe Jorge Alespeiti, de 85 años, quien según los informes médicos que evaluaron su caso sufre patologías cardíacas irreversibles, trastorno senil, hipoacusia y pérdida del 70% de la visión, con limitada capacidad de locomoción. Alespeiti fue condenado a 22 años de prisión por privación ilegítima de libertad agravada, con violencia y amenazas reiteradas en 16 hechos calificados como delitos de lesa humanidad, y la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal le había negado el arresto domiciliario pedido por su grave estado de salud.

Por otra parte, Avruj remarcó que "si por ley le corresponde el arresto domiciliario a un militar mayor de edad y con problemas de salud que no resulta peligroso para fugarse no veo por qué haya que oponerse a esto". Ante las críticas de algunos organismos de derechos humanos sobre el fallo de la Corte, el secretario de Derechos Humanos dijo que estos "deberían también luchar por el cumplimiento de la ley, si no, el mensaje resulta confuso".

La Corte falló ayer en favor del teniente coronel retirado en una resolución dividida. La mayoría -con los votos de los jueces Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz- ordenó revocar el pronunciamiento que había emitido la Cámara Federal de Casación. Pero Ricardo Lorenzetti y Elena Highton, en cambio, consideraron "inadmisible" el recurso concedido. Esta decisión del máximo tribunal se dio luego del deceso del coronel Hugo Jorge Delmé, de 80 años, quien falleció en su celda de la prisión de Campo de Mayo, tras una severa afección cardíaca.

Tanto desde la Casa Rosada como de parte algunos organismos de derechos humanos evaluaron que el fallo de la Corte podría dar lugar a que se repitan nuevos beneficios a los militares que hoy están en prisión aunque también creen que la jurisprudencia podría dar lugar a que eventualmente se fije el arresto domiciliario de la líder kirchnerista de la Tupac Amaru de Jujuy Milagro Sala que está detenida desde hace un año y medio. El caso de esta detención fue cuestionado por organismos internacionales y se encuentra en estudio de la Corte. Desde el máximo tribunal se analiza en estos momentos el estado de salud de la dirigente kirchnerista en prisión por el delito de sedición en un acto público y por las causas de corrupción que pesan en su contra.