Más organismos podrán realizar consultas biométricas

Todos los organismos dependientes del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial tanto nacionales, como provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires podrán realizar consultas biométricas en tiempo real. Así lo establece el Decreto 243/2017, que fue publicado este lunes en el Boletín Oficial.

El 7 de noviembre de 2011 Cristina Elisabet Kirchner puso en marcha el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS), una base de datos centralizada que almacena todos los elementos necesarios para la identificación de una persona, basados en los registros digitalizados de las huellas dactilares y las fotografías de los ciudadanos.

El decreto que firmó la entonces presidente dispuso que los usuarios del Sibios fueran la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Registro Nacional de las Personas y la Dirección Nacional de Migraciones.

Además, invitaba a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherirse al SIBIOS para que pudieran formular consultas biométricas en tiempo real.

Para justificar la modificación que se dio a conocer este lunes, el Gobierno recordó que con "el Decreto N° 228/16 se declaró la 'emergencia de seguridad pública' en la totalidad del territorio nacional con el objeto de revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el crimen organizado, que afecta a la República Argentina por el término de 365 días".

"Deviene necesario y fundamental el aporte realizado por el SIBIOS, al prestar un servicio informático que permite la comprobación idónea y oportuna de identificación de personas y rastros para fines de seguridad pública y de investigación judicial, contribuyendo al desarrollo de políticas eficientes de prevención y conjuración de ilícitos en el ámbito de la seguridad ciudadana y al mejoramiento de las diligencias investigativas requeridas por autoridades judiciales", argumentó la administración nacional en un texto firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.