La supuesta adulteración de un documento público complica a Lázaro Báez

En abril de 2016, el juez federal Sebastián Casanello ordenó un allanamiento a la escribanía de Ricardo Leandro Albornoz, profesional con el que el empresario kirchnerista Lázaro Báez trabajó desde 2004 hasta la actualidad y que intercedió en las transacciones comerciales entre él y el matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner. En ese procedimiento la Justicia obtuvo un testamento del empresario kirchnerista.

Albornoz fue quien inscribió el testamento de Lázaro Báez, fechado el 26 de julio de 2010. El documento contenía una cláusula que impide a los herederos acceder a las propiedades y las acciones recién 30 años después de la muerte del empresario. Junto con el testamento apareció un protocolo con 400 fojas.

En este protocolo, el escribano asentó, en el mismo día, una donación de 300 mil dólares de Lázaro a su hijo Leandro. Además registró, horas después, la venta de un departamento propiedad de su hija Luciana a su padre Lázaro, en apenas 40.000 pesos.

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Pero hay una operación que genera sospecha dentro del protocolo. Es el traspaso de acciones con una fecha anterior, exactamente el 6 de julio, aunque se anotó, en el libro de protocolo, después del 26 del mismo mes. Así lo consignó un informe emitido por el programa La Cornisa del periodista Luis Majul.

Luego de acceder a ese protocolo, la Justicia comenzó a investigar a Albornoz por la posible adulteración de documento público, al incluir operaciones no cronológicas, salteando fechas y circunstancias.

Esta es la cronología completa inscripta en el protocolo: el 26 de julio del 2010 Lázaro Antonio Báez donó 300 mil dólares a su hijo Leandro. Ese mismo día, el empresario hizo su fideicomiso testamentario, a favor de sus hijos. También, el 26 de julio del 2010, Pamela Alejandra Cantín transfirió "a título de venta" una propiedad en Río Gallegos a Lázaro por 70 mil pesos.

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Lo que sigue, según el orden en que figura en el protocolo de la escribanía, es una operación previa a las anteriores. El 6 de julio, Luciana Sabrina Báez transfirió "a título de venta" inmuebles a Lázaro Báez en Río Gallegos. Fueron tres parcelas por un valor total de 40.000 pesos.

La siguiente operación que figura en el protocolo es del 10 de agosto de 2010. Se trató de un crédito hipotecario otorgado por el Banco Nación, representado por Marcelo Gustavo Mazu, por 20 millones de pesos, a favor de la empresa Kank y Costilla S.A. representada por Martín Antonio Báez. Los garantes fueron Austral Construcciones S.A. representada por Julio Enrique Mendoza y Badial S.A. por Lázaro Antonio Báez.

Leonardo Fariña, quien mantenía una relación comercial con Báez y que conocía al escribano Rodrigo Leandro Albornoz, explicó durante el informe: "Existen escribanías que dejan hojas en blanco del protocolo para ser completadas en el caso de operaciones ilícitas a favor de sus clientes". Además afirmó: "le cobran entre el 10 y el 15 por ciento de valor total de la operación".

El juez Claudio Bonadío sospecha que se dejaron folios liberados para ocultar información que luego fue incorporada o agregada de posibles transacciones ilegales e incluso inexistentes.

Estas maniobras podrían constituir una violación al artículo 292 del Código Penal por "adulteración de documento público que indica una pena de prisión de 1 a 6 años de prisión y de seis meses a dos años si se tratare de un instrumento privado".

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