Ordenaron más medidas sobre el patrimonio del camarista Eduardo Freiler

El Consejo de la Magistratura de la Nación avanzó hoy en la investigación contra el camarista federal Eduardo Freiler por presunto enriquecimiento ilícito. La Comisión de Disciplina y Acusación del organismo ordenó por unanimidad nuevas medidas de prueba.

Se trata de 26 medidas que propuso el diputado del PRO Pablo Tonelli –a cargo de la investigación contra Freiler– sobre el patrimonio del juez de la Sala I de la Cámara Federal, informaron a Infobae fuentes judiciales.

Las nuevas medidas se suman a una treintena ordenadas en diciembre pasado y apuntan a conocer el nivel de gastos de Freiler y determinar si son compatibles con los ingresos que acredita. El juez tiene, además, una causa penal por presunto enriquecimiento ilícito.

En este sentido, la Comisión pidió saber cuáles son los gastos de luz, gas, agua, telefonía fija y móvil y de servicios de cable que tiene el magistrado. Le solicitó a las empresas prestatarias los gastos desde que se dio de alta al servicio hasta hoy.

También le requirió a los bancos con los que opera Freiler un detalle de todos los movimientos de las cuentas del juez y a las tarjetas de crédito y de débito cada gasto que realizó desde que tiene el servicio. El Consejo había recibido la información de las cuentas bancarias y las tarjetas que tenía el camarista y ahora quiere profundizar en los movimientos y gastos.

El organismo también quiere saber el valor de cada propiedad y vehículo que Freiler declaró. Para eso le solicitó al Banco Nación y a peritos de la Corte Suprema una tasación sobre las propiedades y las remodelaciones que hizo y a los especialistas del máximo tribunal, a Fangio Concesionarios y otras empresas el valor de venta histórica y actual de cada auto.

Además, se pidió información sobre cuentas, tarjetas, propiedades y vehículos de los hijos del juez.

Todos los datos serán contrastados con los ingresos que tuvo el camarista. Para eso el Consejo le requirió a una oficina propia del organismo que le informe cuáles son los ingresos netos que tuvo desde que asumió como camarista, en octubre de 2004. El Consejo se encarga de la selección y acusación de los jueces y de la administración de los recursos del Poder Judicial.

El organismo no quiere demoras en las respuestas. Por eso se les fijará un plazo de 25 días hábiles a quienes tienen que hacer las tasaciones.

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El mes que viene es clave para el gobierno en esta causa. Desde el Poder Ejecutivo quieren que en marzo Freiler esté suspendido en su cargo y sea enviado a juicio político. "De ninguna manera voy a renunciar", le dijo el mes pasado Freiler a este medio y cuestionó la investigación.

"Está plagada de irregularidades desde el comienzo porque no hubo denuncia sino una nota periodística en la cual un supuesto Colegio de Abogados se presenta junto con otro abogado, un denunciante profesional, que dicen que hay que investigar lo que dice el diario Clarín", criticó Freiler cuando fue consultado por Infobae.

Desde el inicio de la presidencia de Mauricio Macri, era uno de los objetivos del Gobierno. En el oficialismo no ocultan que la cercanía del juez con el kirchnerismo –integra un tribunal que ha tenido fallos favorables al gobierno anterior– es un elemento fundamental para apuntar a su destitución.

Los representantes del macrismo confían que el juicio político al juez es un hecho y trabajan para elaborar el dictamen acusatorio que requiere nueve votos sobre los 13 miembros del Consejo. El oficialismo y sus aliados tienen ocho votos, apenas uno menos de los necesarios.

Las nuevas medidas de prueba fueron aprobadas por Tonelli –presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación–, el diputado radical Gustavo Valdés, los jueces Luis María Cabral y Leónidas Moldes, el abogado Miguel Piedecasas y el representante de los académicos Jorge Candis.

Se suman a las 30 medidas que el Consejo había ordenado en diciembre, entre ellas informes al Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la Inspección General de Justicia, a distintos registros de propiedad y a la Dirección Nacional de Migraciones

Freiler está siendo investigado en el Consejo –el órgano encargado de la selección y acusación de los jueces nacionales y federales– por presunto mal desempeño por enriquecimiento ilícito. Por el mismo tema tiene una causa penal que primero había sido cerrada y luego fue reabierta.

El magistrado declaró ser dueño de una casa de 1.200 metros cuadrados frente a la quinta presidencial de Olivos, de dos vehículos, dos autos antiguos, de caballos de carrera, de un velero y de propiedades y hectáreas en distintas localidades.