Cómo es la estrategia judicial que diseñó Cristina Elisabet Kirchner por las escuchas

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La ex presidente Cristina Elisabet Kirchner diseñó lo que uno de sus abogados definió como una "embestida judicial" para defenderse de la filtración del audio de la conversación que mantuvo con Oscar Parrilli basada en tres patas: una denuncia penal, varias demandas civiles y una maniobra para intentar el desplazamiento del fiscal Guillermo Marijuán.

Este jueves dio el primer paso. La ex mandataria denunció en la justicia federal de Río Gallegos que fue víctima de "espionaje y persecución política", a través de un escrito que presentó con el patrocinio de su sobrina y titular de Hotesur SA, Romina Mercado.

La estrategia continuará en los primeros días de febrero, cuando termine la feria judicial. Asesorada por el abogado Gregorio Dalbón, la ex mandataria va a presentar varias demandas civiles por daños y perjuicios contra un grupo de periodistas, cuyos nombres se están definiendo.

Gregorio Dalbon y Cristina Kirchner.
Gregorio Dalbon y Cristina Kirchner.

"Vamos a incluir a todos los que se burlaron a Cristina Kirchner y vamos a dejar afuera a los que trabajaron bien y usaron verbos potenciales", explicó el abogado Dalbón a Infobae. "Nos vamos a basar en los montos que maneja la justicia civil. Por ejemplo, el caso de Beatriz Salomón, donde el juez impuso una indemnización de 30 millones de pesos", aclaró.

También con el patrocinio del estudio de Dalbón, la ex Jefa de Estado buscará destituir al fiscal Marijuán a partir de una presentación que hará ante la Procuración General de la Nación. "Vamos a pedir una sanción por incompetente, porque una escucha de esa naturaleza, en una caso en el que Cristina Kirchner no estaba involucrada, no tiene motivos para ser publicada", evaluó el abogado.

"Además no pudo haber ningún delito, porque los únicos que pueden armar causas son jueces y fiscales como él; los denunciantes arman denuncias. El error de Marijuán es tan infantil que roza la negligencia", abundó Dalbón, quien espera que desde la Procuración se gire su denuncia al Consejo de la Magistratura o la Oficina Anticorrupción.

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