(El Patagónico)
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Durante dos días consecutivos, la Justicia de Chubut ordenó a la policía provincial y a Gendarmería nacional el desalojo de la comunidad mapuche "Lof en Resistencia" del departamento de Cushamen, que reclama la tenencia de tierras ancestrales bajo propiedad del empresario italiano Luciano Benetton. Anoche se produjo el operativo más cruento: la represión tuvo como resultado tres manifestantes heridos, uno de ellos con una severa fractura de mandíbula.

"Gendarmería y la Policía entraron cerca de las 20 a la comunidad y efectuaron disparos. No sabemos si fueron municiones de goma o de plomo, pero tres de nuestros hermanos están heridos", señaló a la agencia Télam Soraya Maicoño, vocera del grupo indígena. "Llegó infantería y así como llegaron, se bajaron de la camioneta y empezaron a disparar a quemarropa", contó Sonia Ivanoff, abogada de los indígenas.

Medios locales consignaron que uno de los lesionados más graves fue Fausto Emilio Jones Huala, de 35 años, con una fractura de maxilar derecho, quien debió ser derivado al hospital de El Bolsón.

La acción policial fue ordenada por el juez federal Guido Otranto, con el objetivo de liberar las vías en la zona de la estancia Leleque, en el oeste de Chubut. Comenzó a las primeras horas del martes pasado, con un primer operativo que cortó los accesos a la comunidad.

Fueron dos allanamientos que, de acuerdo al magistrado, tuvieron la intención de remover los "obstáculos materiales" que desde hace un mes y medio impedían el tránsito del tren turístico de trocha angosta, conocido como La Trochita, que va de El Maitén a Esquel. Los objetos removidos formaban parte del asentamiento de la colectividad indígena que se instaló en el lugar como medida de protesta.

Uno de los heridos tuvo una fractura de maxilar por los disparos del personal de seguridad. Foto difundida por Sonia Ivanoff, abogada de los indígenas.
Uno de los heridos tuvo una fractura de maxilar por los disparos del personal de seguridad. Foto difundida por Sonia Ivanoff, abogada de los indígenas.

Aquellos operativos también alcanzaron altos niveles de violencia. Hubo un despliegue de 21 móviles policiales, entre ellos dos colectivos, un camión hidrante, un camión de carga, un helicóptero, caballos, drones y numerosos furgones y camionetas, informó la revista digital Veintitrés.

"Reprimieron a mujeres y niños. Se llevaron animales, rompieron las casas y no sabíamos a dónde llevaban a los detenidos", denunció María Isabel Hualla, madre de uno de los apresados. "Eran más de 200 gendarmes contra diez mapuches, vinieron con drones, tanquetas, carros hidrantes. Hasta un avión hidrante llegó al lugar", agregó la mujer.

Por su lado, el juez Otranto informó que hubo cinco gendarmes heridos debido a la resistencia de los manifestantes, que reaccionaron a las fuerzas de seguridad arrojando piedras. Los uniformados se recuperan favorablemente, sin lastimaduras de consideración.

Los activistas denunciaron que hay 11 detenidos del grupo "Lof en Resistencia Cushamen", quienes quedaron encarcelados en la Unidad Penal 14 de Esquel por "resistir violentamente" a la orden judicial y entorpecer el transporte público.

El defensor oficial Fernando Radziwilowski, del Ministerio de la Defensa Pública de Chubut, presentó un hábeas corpus para exigir su libertad. Sin embargo, el juez Otranto rechazó las excarcelaciones de tres de los detenidos, mientras que el resto, a cargo del juez José Colabelli, aún hoy no contaba con fecha de audiencia judicial.

El conflicto entre el grupo mapuche y la transnacional textil Benetton data desde hace años, y está vinculado a los derechos de propiedad de miles de hectáreas de la Patagonia argentina.

Se trata de tierras que fueron vendidas al empresario textil italiano en 1994 durante el gobierno de Carlos Menem, pero el grupo mapuches reclaman su tenencia. Según alegan, aquel territorio pertenecía originalmente al pueblo mapuche antes de ser despojado violentamente en la campaña de la Conquista del Desierto, y aseguran que documentos históricos acreditan esa posesión.

En marzo de 2015, la comunidad resolvió ocupar esos terrenos. Desde entonces hubo distintas gestiones con la provincia de Chubut y la Justicia provincial para destrabar el diferendo, aunque las tratativas no tuvieron éxito.

Protestas contra el accionar policial

Partidos políticos, organizaciones sociales, representantes de los pueblos originarios y dirigentes cuestionaron la represión a los mapuches. En la Ciudad de Buenos Aires, agrupaciones de derechos humanos y partidos de izquierda protestaron ayer a la tarde frente a la casa de Chubut y pidieron la liberación de los activistas presos.

"La orden emitida (por parte de la Justicia) no encuentra correlato con los hechos de la realidad. Amnistía Internacional condena la falta de un eficaz control judicial sobre los alcances y exabruptos que fueron cometidos en territorio. La opacidad, falta de transparencia y rendición de cuentas no pueden ser los principios que atraviesan los operativos policiales", indicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina en un comunicado.

Otro escrito similar difundió la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en el que expresó su rechazo a la violencia institucional. "La orden de desalojo de la justicia federal fue operativizada con una desproporción de fuerzas escalofriante. No eran más de 20 personas cortando las vías. Fueron cientos de gendarmes de los cuerpos de elite. Golpearon, maltrataron y dañaron casas, huertas y el ganado", explicó Carlos González Quintana, de la Asamblea Permanente por los Derecho del Hombres (APDH).

El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, responsabilizó por la gravedad de los incidentes a la comunidad mapuche. "Hace un tiempo en Chubut hay un grupo de violentos que no respetan las leyes, la Patria, ni la bandera y agreden permanentemente a cualquiera", sostuvo el mandatario en una rueda de prensa.