La ex Procuradora del Testoro, Angelina Abbona, renunció a su cargo como fiscal de Estado en Santa Cruz, confirmaron a Infobae fuentes allegadas a la funcionaria.
Según indicaron, Abbona se había comprometido con la gobernadora -Alicia Kirchner- para estar en el cargo solamente durante un año.
El juez federal Sergio Torres citó a indagatoria a Angelina Abbona, quien fuera Procuradora del Tesoro de la Nación durante los últimos cinco años de mandato de los ocho en los que Cristina Fernández de Kirchner ocupó la Casa Rosada.
Denuncian que Abbona había utilizado recursos del Estado para defender a la ex presidente Cristina Kirchner
Abbona será indagada por el delito de peculado de servicios a partir de una denuncia realizada por el fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, en febrero de 2015.
Moldes denunció que Abbona había utilizado recursos del Estado para defender a la ex presidente Fernández de Kirchner ante la denuncia del fiscal Alberto Nisman por encubrimiento del atentado a la AMIA.
Una vez que fue presentada la denuncia de Nisman, la Procuración del Tesoro, con la firma de Abbona y sus segundos Javier Pergament y Horacio Pedro Diez, presentó un escrito de defensa ante el juez que tenía el expediente Daniel Rafecas.
El escrito señalaba entre otras cosas que "ninguna actuación de las autoridades del gobierno argentino tuvo por objeto la desincriminación de los ciudadanos iraníes, en particular aquellos alcanzados por las notificaciones rojas de Interpol". Moldes había basado su denuncia en tres puntos: que la presentación de Nisman no estaba dirigida contra el Estado Nacional -lo que habría habilitado la intervención de la Procuración del Tesoro- ; en cambio sí se había acusado a funcionarios públicos del kirchnerismo y a otros ciudadanos que no ostentaban cargos públicos.
El segundo cuestionamiento de Moldes se fundó en que cuando Abbona –una persona de extrema confianza de la ex presidente- presentó el escrito, todavía no existía la causa judicial porque el fiscal Gerardo Pollicita no había impulsado la investigación a cargo de Rafecas.
La Justicia también dispuso un embargo de 1 millón de pesos sobre los bienes de Abbona por haber omitido denunciar presuntos ilícitos en la administración de la empresa Aerolíneas Argentinas
En el tercer punto Moldes había explicado que en la Procuración se habrían utilizado los recursos de ese organismo público para la defensa de particulares.
El fiscal Ramiro González impulsó la investigación pero Sebastián Casanello, el juez que tenía el caso a su cargo en 2015, cerró la causa por inexistencia de delito. Esa decisión fue apelada y la Sala II de la Cámara Federal porteña ordenó continuar la investigación y apartó a Casanello.
Una vez apartado Casanello, el caso le tocó a Torres quien, según adelantó en noviembre Infobae, citó a Abbona, Pergament y Díaz a indagatoria. Los hizo después de haber recibido informes de diversos ministerios, de la propia Procuración del Tesoro y de varios testimonios. Los imputados se deberán presentar a declarar ante Torres a partir del 6 de diciembre próximo.
Procesada por presuntos ilícitos en Aerolíneas Argentinas
Se dispuso un embargo de 1 millón de pesos sobre los bienes de Abbona por haber omitido denunciar presuntos ilícitos en la administración de la empresa Aerolíneas Argentinas cuando estaba a cargo del grupo español Marsans.
La medida fue dictada por el juez federal Luis Rodríguez, quien consideró que Abbona cometió los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "encubrimiento", vinculados con el "vaciamiento" de Aerolínas Argentinas, Austral Líneas Aéreas y Cielos del Sur.
Abbona fue responsabilizada por "no denunciar la perpetración de un delito" en la causa penal en la que también está involucrado el ex presidente de Aerolíneas Argentinas Mariano Recalde, iniciada en octubre de 2013 por el entonces senador nacional y hoy gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales.
En el 2001, el grupo Marsans adquirió el 92,1 por ciento de la empresa y el Estado se quedó con el resto hasta que, en julio del 2008, debido a la "deplorable administración" de la compañía, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió reestatizarla.
Según datos aportados al juez, había un pasivo de 890 millones de dólares, que luego, durante el trámite de expropiación, se incrementó a 1.200 millones de dólares.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) realizó un informe sobre la situación económica de la aerolínea que fue puesta en conocimiento de la Procuración del Tesoro de la Nación, que, según Morales, no denunció el vaciamiento de la compañía aérea.
El denunciante afirmó que tanto el ex secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, como el entonces ministro de Economía y hoy legislador nacional Axel Kicillof hablaron en público sobre el "saqueo" y el "vaciamiento" al que el grupo Marsans había sometido a la compañía.
Según el sumario, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) concedió una "amplia condonación de deudas impositivas durante los años 2008 a 2012 que habría alcanzado a la gestión de Marsans".
Morales señaló a Recalde, al ex ministro de Planificación Federal (actual diputado) Julio de Vido y a Abbona por buscar "de manera burda y evidente" favorecer al grupo Marsans.
Previo a resolver la situación procesal de Abbona, Rodríguez solicitó informes, entre ellos los de la Auditoría General de la Nación (AGN), y causas penales, como las que tienen como imputado o procesado al detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.
El magistrado evaluó que a Abbona se le reprochó "haber actuado con abuso de su independencia técnica" y "en contra de la debida representación del Estado Nacional", violando los deberes que tenía, por no denunciar eventuales hechos ilícitos "de los que tuvo conocimiento".
También, en su resolución, el magistrado señaló que la ahora procesada "ocultó" a las investigaciones penales que se encontraban en curso información y elementos de prueba.
En su indagatoria, Abbona había negado los cargos que se le imputaban, como haber defendido en forma deficiente los intereses de la Nación a pesar de conocer, a partir de uno de los informes girados a la Procuración, que existía un perjuicio al Estado del orden de los 1.600 millones de dólares.
En este sentido, el juez consideró que Abbona, teniendo en su poder los informes realizados por especialistas sobre los pasivos generados durante "la cuestionada gestión" de la aerolínea, "no promovió la persecución de las múltiples conductas delictivas que de ellos se desprendían".
Rodríguez señaló que Abbona, a cargo de la Procuración desde el 21 de diciembre de 2010, "en el marco de su función pública" estaba "directamente conminada por lo estipulado en la ley 26.466" a denunciar "la desastrosa gestión empresarial" por parte del grupo Marsans.
Abbona y su marido, Eduardo Mengarelli, fueron protagonistas en agosto pasado de un escándalo cuando periodistas de Canal 13 la abordaron en un vuelo para hacerle preguntas y su esposo agredió a uno de ellos.
La ex procuradora del Tesoro de la Nación también es investigada por la presunta sustracción -al dejar su cargo- de documentos con información vinculada a transferencias bancarias realizadas por personas o sociedades vinculadas con el kirchnerismo.
Entre otros elementos sobre los que fundó el procesamiento dictado en su contra, el juez Rodríguez señaló que Abbona pedía "copias" de las actuaciones penales relacionadas con el vaciamiento de las aerolíneas, pero luego no las retiraba y pidió ser querellante en esas actuaciones -en el fuero penal ordinario- luego que se dictaran sobreseimientos.