Imputaron al titular de ANSES por presunta extorsión a empleados militantes de La Cámpora

El titular del ANSES, Emilio Basavilbaso, y el director de Relaciones Gremiales e Institucionales del organismo, Francisco Bosch, fueron imputados por la presunta extorsión a jefes de Unidades de Atención Integral (UDAI) –muchos de ellos militantes de La Cámpora– para que renuncien a sus cargos de planta permanente a cambio de cobrar tres meses sin trabajar. En caso que no aceptasen la propuesta era ser despedidos con causa justa.

El fiscal general de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Walter Rodríguez, abrió formalmente una investigación y le solicitó al juez federal Sebastián Ramos varias medidas de prueba para avanzar en el caso, informaron a Infobae fuentes judiciales.

El caso se inició por una denuncia que presentó el ex jefe de la UDAI de San Vicente y ex precandidato del Frente para la Victoria a la intendencia del municipio, Diego Barrale, que grabó la conversación que tuvo en febrero pasado con Bosch en la que el funcionario le pidió que renuncie.

–Yo soy Franscisco Bosch, director de gremiales, trabajo con Alejo Maxit (NdA: secretario general de ANSES) y con Emilio (Basavilbaso) hace ocho, nueve años. Entendemos que tenemos que avanzar sobre una desvinculación en ANSES. Pero antes de llegar a eso estamos haciendo un ofrecimiento de desvinculación con una renuncia diferida y pagar tres sueldos para que se puedan ir acomodando y buscar otra cosa. Nosotros realmente vamos a buscar la manera de llegar a un acuerdo o buscamos alguna otra manera de poder avanzar con el criterio que te estoy contando. Durante esos tres meses no tenes que prestar servicios en ANSES.
–Yo he cumplido con todas las tareas administrativas, con todo el marco normativo y producto de eso también en concurso me han dado la planta y nunca jamás podría estar cobrando sin trabajar. Yo entiendo que me desafecten de la jefatura y pensé que me iban a reubicar en alguna función.
-Bueno, sino podes hacer una renuncia al 29 de febrero, te pagamos febrero y en algún concepto de gratificación por cese o algo por el estilo te ponemos el equivalente de dos meses más. Pero bueno, eventualmente, nosotros avanzaremos hacia un despido con justa causa si no llegamos a un acuerdo.

–¿Cuál sería la justa causa para que me desafecten del organismo?

–Deberíamos buscar, no es la idea. Por eso estamos teniendo esta charla.

La conversación está transcripta en la causa y tras la presentación de Barrale se sumaron otras 25 personas que denunciaron el mismo modus operandi por parte de Bosch. Entre ellos, los también ex jefes de la UDAI Manuel De Benedictis, Esteban Bessone y Roberto Yans. Todos son militantes de La Cámpora que ingresaron al organismo durante la gestión de Diego Bossio. Por ese motivo, uno de los delitos que denunciaron fue el de discriminación.

El fiscal Rodríguez rechazó esa hipótesis e impulsó la investigación por los delitos de coacción agravada –obligar a una persona bajo amenaza a hacer algo contra su voluntad – e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La investigación contra Basavilbaso es porque habría sido quien instrumentó la modalidad de despedido y porque esa decisión está dentro de su ámbito de funciones. "Se diagramó una práctica bajo la órbita funcional del Director Ejecutivo de la ANSES Emilio Basavilbaso y ejecutada por el Director de Relaciones Gremiales e Institucionales Francisco Bosch", sostiene el dictamen fiscal.

El cargo de jefe de una UDAI es político, por lo que es costumbre que sus titulares sean removidos con un cambio de gestión. La objeción en este caso es al despido de personal de planta permanente y bajo amenaza.
El fiscal señaló en su dictamen que los agentes rechazaron el ofrecimiento y fueron citados a dar explicaciones en el marco de un sumario administrativo caratulado "presuntas irregularidades en la comisión de servicios diaria del personal de Anses/sumario".

Para comenzar la investigación, el fiscal solicitó varias medidas de prueba. La primera es conocer el estado del sumario interno contra los ex jefes de UDAI y que los que denunciaron el hecho sean citados a declarar como testigos.

En el caso de Barrale, que dé copia de la grabación que hizo –en caso que todavía la tenga– y de los mensajes que posea sobre el caso. El fiscal también requirió que la compañía de telefonía celular de Barrale dé copia del listado de llamadas y mensajes –tanto entrantes como salientes– durante el período que se investiga.

Rodríguez también requirió que ANSES informe la nómina de empleados que fueron dados de baja de diciembre del año pasado –cuando asumió Basavilbaso– hasta abril de 2016 y el listado de personal del organismo declarados ante la AFIP.

La última medida solicitada fue el pedido para que declare como testigo el secretario general del Sindicato de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria, Carlos Ortega, quien en medios de comunicación sostuvo que de ANSES fueron despedidos 150 jefes.
La denuncia había sido desestimada en primera instancia por inexistencia de delito pero la Cámara Federal reabrió a mediados de septiembre el expediente porque no se le había dado intervención en el caso a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Ahora ese organismo abrió la investigación.