Dos noticias en las últimas 24 horas terminaron con una decisión de la Asamblea Jáchal No Se Toca: ocupar de manera pacífica la sede del municipio sanjuanino para protestar contra la presencia de Barrick Gold. Primera: un juez que apenas unas horas después de recibir el expediente puso fin a la suspensión de las operaciones en la mina Veladero. Segunda: un nuevo informe de la Universidad Nacional de Cuyo detectó que creció la concentración de los metales pesados aguas abajo del proyecto y también encontró la presencia de Escherichia coli.
La bronca en Jáchal era notoria y escaló luego del último derrame de solución cianurada en la mina de Barrick Gold, que se produjo por una combinación letal: una empresa que desestimó una serie de medidas de seguridad para ahorrar dinero y un gobierno provincial que conocía las fallas y las informó, pero no exigió su corrección. El proyecto fue finalmente suspendido, primero por disposición del gobernador Sergio Uñac y luego confirmado por la Justicia.
La causa judicial estaba en poder del juez Pablo Oritja, pero el magistrado el viernes se fue de vacaciones. El lunes pasó al juzgado de Silvia Beatriz Rodríguez, pero pidió licencia por enfermedad. Y quedó en manos del juez Hugo Quiroga, que en pocas horas decidió levantar la suspensión. Se supone que en ese período de tiempo leyó todo el expediente antes de decidir.
Por la noche, los vecinos de Jáchal No Se Toca recibieron un nuevo reporte con los análisis de agua encargados por el municipio a la UNCuyo. Y explotaron: detectaron que la concentración de aluminio y plomo en el agua potable del pueblo de Mogna es mayor que cuando se empezaron a hacer esas pruebas.
Además, se encontraron con la presencia de Escherichia coli y otras bacterias aguas debajo de Veladero, incluidas dos escuelas, por lo que creen que Barrick Gold estaría tirando la materia fecal de sus empelados al río.
Los vecinos en asamblea decidieron tomar el municipio de manera pacífica "por la falta de respuestas y el constante ninguneo", según explicaron a Infobae. Y denunciaron que los resultados de las mediciones de agosto no fueron divulgados.
Sólo unas 20 personas lograron ingresar al edificio municipal, algunos de los cuales se encadenaron a sus columnas. El resto se quedó afuera. La comuna dejó de atender por decisión de sus autoridades, que a la vez amenazaron con llamar al cuerpo de infantería de la Policía, que después del mediodía se hizo presente en el lugar.
Mientas, sus abogados presentaron un escrito en la Justicia en el que reclamaron que se vuelva a suspender la actividad en Veladero hasta tanto se garantice que no afecta la calidad del agua.