Otra indagatoria para Cristina Kirchner
Otra indagatoria para Cristina Kirchner

El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria a Cristina Elisabet Kirchner para el próximo 20 de octubre y dispuso la inhibición general de los bienes de la ex presidente, en el marco de la causa que investiga el millonario negocio de la obra pública que favoreció a Lázaro Báez.

El empresario patagónico también fue citado a indagatoria por Ercolini, junto a ex funcionarios de primer nivel, que estuvieron en el Gobierno desde 2003, como Julio De Vido y José López. La lista de los convocados por el magistrado incluye a 17 personas.

El pedido de indagatoria había sido hecho a Ercolini por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Si bien en un principio el magistrado les pidió nuevas pruebas, ambos funcionarios del Ministerio Público ratificaron la solicitud y detallaron todos los indicios que se habían acumulado en el expediente sobre un supuesto favoritismo de Néstor y Cristina Kirchner por Báez y su emporio de la obra pública.

La ex jefa de Estado quedó en la mira de la Justicia por su responsabilidad en la presunta organización de un sistema de corrupción a partir de la millonaria obra pública vial que se realizó en Santa Cruz entre 2003 y 2015 y que habría servido para enriquecer, en principio, a Báez.

Luego de analizar 49 obras viales que desde el Estado nacional –con la supuesta connivencia de varios funcionarios públicos tanto de la administración central como santacruceña– recibieron las empresas del Grupo Báez, Pollicita y Mahiques le pidieron a Ercolini que cite a las indagatorias.

Según los fiscales, para desarrollar la maniobra, los Kirchner designaron en distintos lugares de la administración pública nacional relacionada con las obras viales a funcionarios que garantizaron el cumplimiento de lo ideado. Al mismo tiempo en la provincia de Santa Cruz, destinataria de las obras viales que se le otorgaron a Báez, se designaron funcionarios que para los fiscales contribuyeron al funcionamiento de la maquinaria de manejo de millones.

En el mismo sentido, en el fallo de Ercolini, dado a conocer por el Centro de Información Judicial, el juez sostuvo que "luego de destacar la extensión temporal y complejidad de la maniobra", llegó a la conclusión de que esta "se edificaba sobre cuatro pilares fundamentales".

Estos son: la inserción del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial; la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional; la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz y el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos a favor del empresario Lázaro Báez en detrimento de las arcas del Estado.

"Los ilícitos denunciados habrían comenzado desde fines del año 2003 y que, en general, se relacionaban con los contratos de obra pública llevados adelante desde el Estado con un grupo reducido de empresas, sin cumplir con las normas y reglamentaciones establecidas para el adecuado y eficiente funcionamiento de la administración pública", señaló.

En la solicitud de los fiscales Pollicita y Mahiques -que el juez convalida con las citaciones a indagatoria, se destaca la hipótesis central de la acusación: "Mientras el empresario Lázaro Báez era el más beneficiado en la asignación de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, paralelamente le garantizaba a la ex familia presidencial ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros".