Con cuatro frentes abiertos, el Gobierno tiene por delante una semana clave

El ala política del Gobierno está ante una semana agitada, una que girará en torno a la discusión sobre las Islas Malvinas con Gran Bretaña, la continuidad en su puesto de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, la ley de Presupuesto 2017, y las audiencia por el aumento del gas.

En primer lugar, esta semana llegará al país el vicecanciller de Gran Bretaña, Alan Duncan, apenas días después de que la canciller Susana Malcorra revelara que el gobierno argentino "está trabajando" para iniciar un "diálogo potencial" sobre la cuestión de la exploración petrolera en la zona de Malvinas, y que en el "corto plazo", podrían ser restablecidos los "vuelos directos a las islas".

Estos dos temas formarán parte de los encuentros que Duncan mantendrá con diferentes miembros del gabinete de Mauricio Macri, que también lo recibirá al inglés en el Foro de Inversión y Negocios que desarrollará el Ejecutivo desde el lunes hasta el jueves en el Centro Cultural Kirchner (CCK), con la participación de unos 1.500 líderes empresariales, inversores y figuras políticas del país y del mundo.

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Otro de los temas que preocupa al Ejecutivo es la continuidad en su puesto de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, y por eso desde diciembre pasado busca alternativas para reemplazarla por alguien menos ligado a la administración anterior.

Una de ellas es el proyecto de ley de reforma del Ministerio Público Fiscal (MPF), que no avanzó en Diputados. Lo que sí progresó fue creación de la comisión bicameral del MPF en el Congreso, un cuerpo que se encargará de auditar a la Procuración General de la Nación, y que será presidido por la legisladora del massismo, Graciela Camaño.

La constitución de la comisión había sido acordada el jueves pasado en una reunión entre referentes de distintos partidos, como Miguel Pichetto y Ángel Rozas del peronismo, Federico Pinedo, Emilio Monzó y Nicolás Massot del PRO, Mario Negri de la UCR, y Sergio Massa del Frente Renovador.

El objetivo del oficialismo es que esta bicameral revise lo realizado por Gils Carbó desde que asumió, y que luego de la investigación le proponga al Senado remover a la procuradora. Si los legisladores logran enviar el pedido a la Cámara Alta, Cambiemos necesitará dos tercios de los votos para desplazarla de su puesto.

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En lo estrictamente político, el oficialismo enfrentará uno de los grandes desafíos de todo gobierno sin mayoría en el Congreso: el proyecto de ley de Presupuesto 2017, que este jueves será enviado al parlamento.

El proyecto contempla un crecimiento de entre el 3 y el 3,5 por ciento, un déficit del 4 por ciento, un dólar a 18, una inflación del 17 por ciento y una fuerte inversión en obras de infraestructura. Además, limitará las facultades del Poder Ejecutivo para la reasignación de partidas, conocidas como "superpoderes", aunque todavía no se definió si ese punto formará parte del texto o será incorporado cuando haya un acuerdo entre el oficialismo y la oposición.

El oficialismo debe perseguir un delicado consenso con la oposición, ya que buscará mostrarse firme en algunos puntos centrales que no está dispuesto a modificar, como el elevado monto de endeudamiento, el porcentaje del déficit fiscal, y la ley de responsabilidad fiscal. Otro tema se colará en la discusión del presupuesto que es la modificación de ganancias-será por medio de una ley especial-para la cuarta categoría.

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Y por último, pero no menos importante, el próximo viernes se realizarán las audiencias por el aumento del precio del gas, encabezadas por el ministro de Energía Juan José Aranguren, quien deberá enfrentar las preguntas y los cuestionamientos de las asociaciones de consumidores, organizaciones sociales y partidos políticos.

A partir de las 9, el auditorio de la Usina del Arte se convertirá en caja de resonancia del fallo de la Corte Suprema que frenó la suba del gas que intentaba aplicar el Gobierno, ordenando la realización de la audiencia.

Podrán participar en la audiencia pública "toda persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo, interés simple o derecho de incidencia colectiva" sobre el aumento de la tarifa, según la resolución del Enargas. Cada participante tendrá derecho a por lo menos 5 minutos de exposición, aunque el Enargas puede establecer un tiempo máximo de intervención.

La audiencia, en la que se discutirá el cuadro tarifario que estará en vigencia entre octubre y abril próximo, tendrá una transmisión online y una conexión satelital de TV y audio para que puedan hablar los oradores de los ocho puntos del país que son centros regionales del ente: Mendoza, Neuquén, Salta, Córdoba, Rosario, Paraná, Tierra del Fuego y Santa Rosa.

Tras la audiencia, el Enargas deberá hacer en los 10 días siguientes un informe que luego deberá ser remitido al Poder Ejecutivo, aunque ese paper no es vinculante.

El Gobierno convocará a otra audiencia para fines de octubre, con el fin de revisar el plan de gastos e inversiones de las nueve empresas de distribución y las dos de transporte para los próximos cinco años en el marco de la Revisión Tarifaria Integral (RTI), de la que surgirán nuevos aumentos, aplicables a partir de abril del año que viene.

Con información de Télam y NA

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