— ¿Por qué tomó la decisión de dejar la Defensoría del Pueblo antes de tiempo, en el 2009?
— Yo dejo la Defensoría porque en realidad en un gobierno que había planteado la confrontación como único objetivo y cualquier escenario de pensamiento distinto se planteaba como amigo/enemigo, aunque fuera una institución creada por la Constitución, la Defensoría había quedado como una institución. Y el rol principal es interactuar con el Poder Ejecutivo.

— ¿De qué modo tuvo que confrontar?
— No se contestaban los informes, los tenía que intimar, tuve que llegar a pedirle a los jueces allanar el ANSES porque no me mandaban los informes. Toda una acción de tipo compulsiva a una cuestión que tenía que ser fluida, porque la Constitución lo marca, debe haber recomendaciones, observaciones, hay contestaciones, pedidos de informes. La última instancia es que el Ombusman en defensa de los intereses colectivos acuda al Poder Judicial, pero es la última instancia. Me obligaban a judicializar cada una de las acciones, tarifarias, riachuelo, terminé denunciando al Estado en el caso de los tobas por falta de cumplimiento en un plan del Estado, pero más que nada lo hice porque no contestaban los informes.

— ¿No podía haber intervenido la Corte Suprema y demandar al Poder Ejecutivo que cumpla su rol?
— En el caso de los pueblos originarios hay una causa que todavía está en la Justicia, de hecho se abrió una instancia de audiencia y la Corte le ordenó llevar adelante un plan alimentaria de emergencia.

— ¿Y por qué cree que el gobierno anterior tenía esa actitud?
— La tenía con todos los órganos de control, era una política. Cualquier acción que modificara el objetivo era planteado como una enemistad. Le voy a contar una anécdota. En una oportunidad, yo había hecho una recomendación por el tema del Riachuelo, antes de judicializarlo. Nosotros hacemos dos informes sobre el Riachuelo, donde hacemos recomendaciones y observaciones acerca de las medidas que no se habían tomado antes de recurrir al Poder Judicial. Hablo personalmente con el entonces ex presidente Kirchner y me dice que lo hable con Oscar Parrilli, tenemos una reunión. Fue muy breve. Me dice "nosotros esto no lo vamos a hacer". Bueno, me van a obligar a iniciar una acción judicial. El me dijo, "a ver si te queda claro, cuando nosotros no podamos hacer lo que nosotros queremos, nos vamos. Así que vas a tener que mirar cómo hacer las cosas de acuerdo a lo que nosotros pensamos". Doctor, le dije, cuando yo no pueda hacer lo que yo crea en la Defensoría, no estaré en la Defensoría. Me levanté y me fui. Este es el diálogo que había entre la Defensoría y el Poder Ejecutivo-

— La Defensoría fue creada por la Constitución Nacional…
— Exacto, la Constitución del 94 creó tres organismos, el Ministerio Público, la Auditoría General y la Defensoría del Pueblo. En el tema de trenes nosotros recomendamos que era preferible que el Tren Sarmiento dejara de circular ante el peligro de vida. Después vino la crisis del campo, tratamos de mediar, el Poder Ejecutivo denostó esa mediación, nosotros también tuvimos una actuación sobre la ley de minería que fue vetada. Parecía una disputa entre el Poder Ejecutivo y yo, y decidí dar un paso al costado para hacer política. El kirchnerismo sintió un alivio y nunca más cubrió el cargo. No es un lugar para quedar bien con nadie, es para ser un tabanito en defensa del interés del público. De hecho, la Corte dice que esto le llega porque la institución que tiene el mandato constitucional de defender los derechos colectivos que no está. Y le dice que cubra ese espacio. Si la Defensoría del Pueblo estuviera, tal vez no se hubieran perdido estos meses, porque se hubiera pronunciado antes en la defensa del interés colectivo, como lo hicimos con el caso Badaro. Si se hubiera judicializado, hubiera podido tener un interlocutor con quien discutir este tema.

— ¡Qué interesante!
— Claro, porque la Constitución fue sabia, no se trata de opositor o no, no es como el Auditor que tiene ser propuesto por la oposición. Los requisitos que debe tener son los de un legislador, de honorabilidad y honestidad, es un rol muy importante. Por eso es un cargo que dura 5 años, que no tiene que coincidir con el período del titular del Poder Ejecutivo.

— ¿Qué opinión le merece el fallo de la Corte?
— Fue un fallo muy valioso. No solo le ordena al Poder Ejecutivo que haga audiencias. La Corte le está diciendo que hay que ir a un nuevo cuadro tarifario, distinto al que presentó el Ejecutivo, que fue realizado con el marco regulatorio de 1993. Pasaron muchas cosas en la Argentina en estos 23 años. Esto fue mezclado con el subsidio permanente del kirchnerismo que también están fuera de tiempo, de otra economía. La Argentina no tiene la composición económica de los 90, ni tiene la composición social del 2004 o 2005 o 2006, donde había cambiado la ecuación energética. La Corte le está diciendo al Ejecutivo que tiene la posibilidad ahora de ir a fondo, rearmar un nuevo cuadro tarifario de estos tiempos, renegociar contratos con las empresas, diseñar un nuevo marco regulatorio. El Gobierno tiene que asumir que nunca vamos a tener tarifas justas con una carga impositiva del 42 por ciento o 38 en energía eléctrica, porque eso distorsiona la prestación del servicio. Esto no ha sido una derrota para el Gobierno, ha sido un aprendizaje. Este Gobierno tiene mucha expectativa en la sociedad, y se tiene que dejar ayudar no por los que están poniéndole palos en la rueda, sino por los que quieren colaborar. Ese es el paso que cualitativo que tiene que dar. Animarse a que desde otros lugares se le puedan dar otras alternativas. Si la audiencia pública se hace con ese sentido, somos muchos vamos a tratar de aportarle ideas para mejorar lo que existe.

— ¿Usted va a ir a la audiencia pública?
— Sí, voy a participar. Tenemos que pensar que los estados son permanentes, si hubo un gobierno que fomentó el consumo, y hay gente que tiene dos aires acondicionados, no le puedo decir que lo deje como un cuadro.

— Será una salida más lenta.
— Es más lento porque la crisis es profunda.