Tarifas: expectativa por la reunión de mañana de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia de la Nación podría tener a partir de mañana un rol clave en resolver la maraña judicial, económica y política en torno a los subsidios y los aumentos de las tarifas energéticas, principalmente, luz y gas. La habitual reunión de acuerdos de los martes -la última antes del inicio de la feria- será el escenario en el que jugarán los intereses del gobierno de Mauricio Macri, de la oposición, de las empresas y de los usuarios, tras el impacto de los fuertes aumentos en las facturas de servicios.

Se espera que en el encuentro de mañana participen el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, la vicepresidente del cuerpo, Elena Highton de Nolasco, y los ministros Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.

A partir del nuevo cuadro tarifario diseñado por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, como parte del "sinceramiento" postulado por el Poder Ejecutivo, la lluvia de acciones de amparo contra los incrementos no se hizo esperar. Es así como tribunales federales de San Martín, Bariloche, Santa Cruz y Chubut, entre otros, dictaron fallos que atacaron las resoluciones del gobierno nacional que habían dispuesto los aumentos.

En Mendoza, la jueza Olga Pura de Arrabal hizo lugar al pedido de la asociación de defensa de consumidores "Protectora" y frenó por tres meses el aumento de la tarifa de gas vigente desde el 1° de abril, fijándole un techo del 80%. El ministro Aranguren presentó a través de la Procuración del Tesoro un recurso extraordinario por salto de instancia -conocido como per sáltum– para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aboque a la cuestión.

En La Plata, la Sala II de la Cámara de la capital bonaerense frenó la suba de la tarifa de gas declarando nulas las resoluciones del Ministerio de Energía que habían ordenado el incremento. El gobierno nacional anticipó que apelará la decisión y en caso de que el recurso le sea denegado irá en queja a la Corte.

Por otro lado, la Procuración del Tesoro planteó ante el máximo tribunal una cuestión de competencia en un proceso iniciado por la provincia de Chubut contra el Estado Nacional, el Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargás) y Camuzzi Gas del Sur. En ese escrito, sostiene que el juez federal de Rawson es incompetente para entender en esas actuaciones. Para fundar su reclamo, la Procuración cita doctrina de la Corte Suprema que dice que cuando resultan demandados una Provincia y el Estado Nacional, la causa corresponde a la competencia originaria del máximo tribunal, conforme a lo establecido por el artículo 117 de la Constitución Nacional. Agrega además la presentación del gobierno nacional que es procedente la competencia originaria por un doble motivo. Por los sujetos involucrados -la Provincia de Chubut y el Estado Nacional- y por la materia porque la causa versa sobre un asunto netamente federal.

Con este panorama, la Corte Suprema se encuentra frente a, por lo menos, tres opciones: hacer lugar al pedido del gobierno de Macri y de este modo avalar los aumentos de tarifas; rechazar esa solicitud y, así, mantener vigentes los amparos; o buscar una salida intermedia, que garantice un equilibrio entre el ejercicio del poder jurisdiccional del Estado y, al mismo tiempo, proteja los intereses de los usuarios afectados por aumentos desmedidos.

La Corte tiene para resolver el per saltum del caso de Mendoza y la cuestión de competencia planteada por la Procuración del Tesoro por el expediente con la Provincia de Chubut. A estos, podría sumarse el planteo por el fallo de la Cámara de La Plata que frenó la suba del gas. Este sería un impedimento para que el máximo tribunal tome una decisión de fondo sobre el tema tarifas ya que -en caso de hacerlo- teniendo pendiente un caso que podría llegar al despacho de los ministros en los próximos días estaría legislando, algo vedado al Poder Judicial.

Mientras tanto, desde el Poder Ejecutivo llegaron señales al cuarto piso del Palacio de Tribunales sobre la intención de implementar algunas medidas que le den más prolijidad y equidad a los aumentos tarifarios. Frente a este horizonte, la alternativa que ganaba fuerza era que la Corte podría solicitar medidas previas al gobierno de Macri y a las provincias en conflicto, sin expedirse sobre la cuestión de fondo.