Violencia de género: avanza el proyecto que crea un subsidio para las víctimas

El respaldo económico para las mujeres sometidas a violencia física o psicológica será equivalente a un salario mínimo vital móvil, y lo recibirán hasta que puedan insertarse en el mercado laboral

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Histórica marcha por los derechos de las mujeres
Histórica marcha por los derechos de las mujeres
 

El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que declara "la emergencia pública por violencia de género" en todo el territorio nacional, con lo cual se busca frenar y revertir el número de víctimas originadas por este flagelo, que deberá ser tratado por la Cámara baja.

La iniciativa fue aprobada por 51 senadores presentes, sin oposición alguna, y, entre otros aspectos, habilita la reasignación de "partidas presupuestarias" con el objeto de implementar todas las medidas de prevención necesarias en la materia.

La ayuda económica mensual para víctimas será equivalente a un salario mínimo vital móvil

También apunta a fomentar la articulación entre las distintas provincias, la capacitación de operadores de salud y funcionarios judiciales, policiales y administrativos en el sentido de proceder adecuadamente ante estos casos de violencia.

La propuesta establece la asignación de una ayuda económica mensual, equivalente a un salario mínimo vital móvil, para aquellas mujeres que se encuentren en situación de violencia de género que debe ser otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) durante todo el tiempo que las víctimas se encuentren fuera de sus domicilios y hasta que se reinserten en el mercado laboral.

(Télam)
(Télam)

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Banca de la Mujer, senadora del PJ-FpV Marina Riofrío, autora de la iniciativa junto con su compañera de bloque Hilda Aguirre, remarcó la importancia de "dotar al Poder Ejecutivo de una herramienta con la cual poder trabajar en serio" contra la violencia.

La emergencia duraría dos años, que pueden ser extendidos por otros dos si lo decide el Poder Ejecutivo. El Gobierno podrá dotar al Consejo Nacional de las Mujeres del presupuesto necesario para aplicar la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.