Una madre de familia fue detenida en Ate tras ser sorprendida extorsionando a comerciantes. Al momento de su captura, la mujer, entre sollozos, intentó justificarse alegando que amenazaba a bodegueros de la zona por “necesidad”, buscando así conseguir dinero fácil a costa de la tranquilidad de los dueños de pequeños negocios.
Flor Silva Santiago, de 27 años y madre de tres hijos, fue intervenida en el cruce de las avenidas Nicolás Ayllón y Marco Puente Llanos cuando pretendía cobrar un pago ilícito a una comerciante. Junto a ella fue arrestado Jacinto Espinosa Vera, su expareja y presunto cómplice. Ambos están siendo investigados por integrar una banda dedicada a la extorsión de bodegueros, delito que se ha incrementado en el distrito a pesar del estado de emergencia vigente.
Las investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP), difundidas por RPP Noticias y Trome, evidencian que las víctimas eran obligadas a entregar dinero bajo amenazas constantes y mensajes intimidatorios. El caso de Silva Santiago, conocida como “Papita”, genera alarma entre los comerciantes de la zona y abre interrogantes sobre las verdaderas motivaciones detrás de estas acciones.
Capturan a pareja dedicada a la extorsión
El operativo se realizó tras la denuncia de una comerciante de La Campiña, Santa Clara. Los agentes montaron un seguimiento que permitió sorprender a Silva Santiago y Espinosa Vera al momento de recibir el dinero producto de la extorsión. Ambos habían citado a la víctima en plena vía pública para concretar el cobro.
Durante el arresto, la policía incautó dinero en efectivo, celulares y cuatro tarjetas de débito vinculadas a transferencias realizadas por distintas víctimas. En los dispositivos se descubrieron mensajes intimidatorios, evidencias clave para el caso.
El coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri, cuestionó frontalmente las justificaciones dadas por la detenida: “¿Una necesidad es someter psicológicamente a tus hermanos peruanos? Hay otras líneas, trabajar lícitamente, no atentar contra la gente, a nuestros hermanos bodegueros”.
Mujer dice que extorsionaba para alimentar a sus hijos
Pese a las pruebas, Silva Santiago insistió en que actuaba por necesidad, argumentando entre lágrimas que su único objetivo era alimentar a sus hijos. Pero la investigación estableció un patrón claro: la banda enviaba mensajes amenazantes a través de WhatsApp exigiendo pagos de hasta S/ 800, bajo advertencias directas como “…colaboras, no te pasará nada y si no colaboras te vas directo al cielo…”.
Los pagos no solo se realizaban en efectivo. Las transferencias a cuentas bancarias y aplicaciones digitales permitieron a la banda operar con facilidad y multiplicar sus víctimas. La policía rastreó los movimientos en las tarjetas incautadas, todas ligadas a depositantes distintos que responden al perfil de bodegueros extorsionados.
Durante los allanamientos, los agentes hallaron cuadros de Tony Montana y registros de más potenciales víctimas. La detenida, que al principio aseguró actuar sola, terminó por reconocer que obedecía órdenes de su pareja sentimental, confirman los investigadores.
El avance de la policía apunta a desarticular la red conocida como ‘Los Salsas’ y restablecer la seguridad entre los comerciantes honrados. El caso deja en evidencia que la excusa de la necesidad no justifica ni minimiza el delito, y que las verdaderas víctimas son quienes fueron obligados a vivir bajo extorsión e intranquilidad en Ate.
Estado de emergencia en Lima y Callao
El gobierno prorrogó por 30 días el estado de emergencia en Lima y Callao, medida que entró en vigor el pasado 21 de noviembre para enfrentar la criminalidad y la violencia. El decreto supremo N.º 132-2025-PCM, publicado este jueves, mantiene restricciones a derechos como la libertad de tránsito y reunión, además de exigir autorización para eventos masivos.
El control del orden interno estará a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), con apoyo de las Fuerzas Armadas, que determinarán zonas de intervención y patrullaje. No se implementará toque de queda, pero se reforzará la presencia en áreas críticas utilizando inteligencia y análisis de mapas del delito.
Finalizado el periodo de emergencia, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá presentar un informe al Ministerio del Interior sobre los resultados obtenidos, el mismo que será remitido al Ejecutivo, Congreso y Poder Judicial.
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