La desesperación se apoderó de los representantes del gremio de transportistas durante una reunión en el Congreso de la República. En medio de la exposición ante el titular del Parlamento, José Jerí Oré, uno de los empresarios alzó la voz conmovido para pedir apoyo económico urgente: su conductor se encuentra internado en la UCI tras ser víctima de un ataque. “No tenemos plata para pagar la clínica”, expresó entre lágrimas ante los congresistas, reflejando la crítica situación que enfrenta el sector debido a la ola de extorsiones y violencia.
El encuentro se llevó a cabo este lunes 7 de octubre en el Palacio Legislativo, donde los gremios de transporte expusieron la grave crisis de inseguridad que sufren en distintas zonas de Lima y Callao. Según sus voceros, más de 70 conductores han sido asesinados en los últimos meses por mafias dedicadas al cobro de cupos. Los transportistas pidieron al Estado medidas concretas para frenar la violencia, pues aseguran que las promesas no se han cumplido y que los empresarios ya no tienen recursos para proteger ni atender a sus trabajadores heridos.
Transportistas exigen al Congreso declarar en emergencia el sector por ola de extorsiones

Durante la reunión, el presidente del Congreso, José Jerí, anunció que se alcanzaron cuatro acuerdos con los representantes del transporte. El primero de ellos fue acoger la propuesta del congresista Juan Carlos Mori para que se declare en emergencia el transporte público, ante el incremento de ataques y asesinatos. También se acordó la creación de una mesa de trabajo con el Ejecutivo, la Fiscalía, el Poder Judicial y los gremios para discutir soluciones inmediatas.
Otro de los compromisos asumidos fue revisar y modificar la reciente norma sobre criminalidad sistemática, con el fin de reforzar la persecución penal contra las mafias de extorsionadores. Además, el Parlamento se comprometió a identificar leyes sobre seguridad ciudadana pendientes de reglamentación y ejercer un control político para acelerar su aplicación. “Desde el día jueves se puede hacer”, afirmó Jerí.
En tanto, los dirigentes transportistas manifestaron su desconfianza frente a la falta de resultados. “El Perú es uno de los países con mayor cantidad de leyes y el más corrupto. No garantiza la cantidad de leyes que las cosas funcionen”, dijo uno de ellos durante su intervención. Otro añadió que 400 mototaxistas han sido asesinados por extorsión, mientras que cientos de conductores viven bajo amenazas diarias.
Transportistas piden ayuda internacional a El Salvador para combatir extorsión y sicariato

Tras el paro masivo del 6 de octubre que paralizó casi por completo Lima y Callao, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) decidió enviar una “carta de auxilio” al embajador de El Salvador en Perú, solicitando apoyo frente al incremento de la extorsión y el sicariato. En el documento, el gremio reconoce los resultados obtenidos por el presidente Nayib Bukele en el combate al crimen organizado y plantea la posibilidad de replicar en el país estrategias similares para enfrentar a las mafias que operan en el transporte urbano.
Anitra argumenta que la situación ha alcanzado un punto crítico: muchos choferes viven bajo amenazas constantes y deben pagar cuotas semanales a bandas criminales para poder trabajar. Por ello, piden al Gobierno salvadoreño una colaboración estratégica que permita frenar el avance de organizaciones que, según indican, han “cambiado de domicilio” hacia el territorio nacional. En su misiva, el gremio señala que el pedido “no responde al interés de un grupo, sino al clamor de un pueblo que exige paz y libertad”.
El comunicado concluye con un llamado urgente a las autoridades locales y a la comunidad internacional para sumarse a una cruzada contra la delincuencia. Los transportistas aseguran que sus afiliados libran “luchas diarias por la supervivencia personal y familiar” y que la inacción estatal solo agrava el problema.
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